El inicio de las obras de ensanchamiento de la calle Baigorria entre el arroyo Ludueña y García del Cossio, se convirtió el lunes en un nuevo territorio en disputa, entre la Municipalidad y un grupo de vecinos de Nuevo Alberdi cuyas viviendas fueron demolidas por estar en la zona de la nueva traza. La discusión llegó al extremo de cortar García del Cossio, lo que derivó en un desalojo policial, que incluyó balas de goma y gas pimienta, según denunciaron los vecinos. "Por impericia y mal manejo del ejecutivo municipal, transformaron lo que podría haber sido una gran noticia para Nuevo Alberdi en una pueblada por temor a más desalojos”, aseguró a Rosario/12 , Antonio Salinas de Ciudad Futura. Por su parte el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, salió a responder cuestionamientos sobre el desalojo y aseguró que se tiraron abajo construcciones que se elevaron "de manera irregular en terrenos dispuestos para la obra local", y descartó que hayan estado habitadas. Y defendió el procedimiento policial en la zona. El funcionario aseguró que las viviendas que se tiraron abajo "no estaban habitadas" y "fueron construidas en el marco de una usurpación".

 “Son terrenos usurpados que estaban destinados a una obra, la continuidad de avenida Baigorria, central para desarrollar la zona y conectar a muchos vecinos de Nuevo Alberdi, Hostal de Sol y Palos Verdes. Es una obra muy necesaria”, afirmó Chale. De acuerdo al funcionario, había unas 15 “construcciones ilegales e irregulares que, sabiendo de esta obra y este trabajo del municipio, buscaron la extorsión, el chantaje para obtener alguna ventajita alentados, ahora queda claro, por alguna organización o agrupación política”, lanzó en referencia a Ciudad Futura 

Los vecinos afectados sostienen que se despertaron con móviles policiales en sus puertas, agentes de Control Urbano, palas mecánicas y personas contratadas cuya orden era “derribar cualquier construcción que no esté habilitada”. 

“Ayer nos levantamos con mensajes de vecinos que nos pedían ayuda porque les estaban tumbando sus casas. Cuando llegamos ya había dos casas derrumbadas. Casas de verdad, no ranchos como dijeron”, relató Yuli, vecina del barrio. Es que según la asamblea de vecinos de Nuevo Alberdi Oeste nunca recibieron un preaviso de desalojo, ni fueron notificados. “Solo se les informó que tenían cinco días para negociar e irse. Todo de manera oral y sin mostrar en ningún momento una orden judicial o acta de procedimiento”, explicó a este diario Salinas, de Ciudad Futura.

En el barrio todavía recuerdan que hace tan solo dos años el Intendente y sus principales funcionarios caminaban por las calles de Nuevo Alberdi junto a los vecinos y las organizaciones sociales monitoreando el avance de las obras que llevaron agua potable a más de 1200 familias. Hasta ese entonces funcionaba una mesa de diálogo que reunía tanto al Ejecutivo municipal, al sector privado y a la asamblea por la urbanización del barrio.

Ese espacio, según explican, fue clave para la resolución de conflictos históricos, la sanción del marco normativo para el área y hasta para la operatoria territorial de cada una de las intervenciones. Sin embargo, asegura Salinas, el ejecutivo municipal “lo interrumpió generando el desgobierno del área que se expresó de distintas maneras durante estos dos años”.

Cabe señalar que las familias afectadas están comprendidas dentro del polígono RENABAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que es una ley que protege a los vecinos de desalojos por el plazo de diez años.

"En Rosario y en cualquier ciudad del mundo existen situaciones donde una o más viviendas quedan comprendidas en el trazado de obras públicas. En esos casos, existen una serie de procedimientos administrativos y jurídicos, que el municipio - en esta oportunidad - no cumplió", indicó Salinas.

“Es grave que un funcionario municipal utilice el término usurpación. No es esa la historia de la conformación del barrio Nuevo Alberdi que ya cuenta con varias décadas de historia. Incluso desde la asamblea de la urbanización se han frenado varios intentos de tomas por ir en contra de la consolidación y expansión del área urbana del sector y hemos presentado en varias oportunidades planes para cuidar y custodiar esas zonas vacantes para evitar usurpaciones. El Ejecutivo lo sabe", finalizó Salinas.