En tiempo veloz, como cada vez que se trata una iniciativa del Ejecutivo provincial, la Cámara de Diputados de Salta le dio media sanción ayer al proyecto de ley para facultar a los hospitales públicos a cobrar la atención médica a personas alcoholizadas que hayan provocado siniestros viales. 

“Es innegable que los accidentes de tránsito son una de las principales causas de mortalidad y de lesiones graves” en la provincia y el país y es "más alarmante aún" que el "porcentaje significativo de estos siniestros que está directamente relacionado con conductores que se encuentran bajo (el efecto) del consumo de determinadas sustancias “, aseguró la diputada Laura Cartuccia (bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción) al momento de defender el proyecto al que calificó de "un acto de justicia". 

El proyecto prevé que si un conductor alcoholizado o drogado sale herido de un siniestro del que fue responsable, pague la atención de salud y si es insolvente, lo afronte con trabajo comunitario. 

La medida, y su tratamiento, adquirió un tinte "libertario" en el mismo día en que el gobierno nacional anunció su intención de aprobar a nivel nacional el cobro de la atención sanitaria a personas extranjeras sin residencia en el país, algo en lo que fue punta la provincia de Salta, como hizo notar en sus redes el ministro de Salud, Federico Mangione. 

A tono con la onda libertaria, la mayoría de los discursos en la Cámara de Diputados salteña fueron en tono efectista más que propositivas de alternativas concienzudas sobre la problemática de la siniestralidad vial en la provincia, como sí planteó, sin mucho eco, la diputada Isabel de Vita (Todos). 

“El costo humano social es incalculable, pero también existe un costo económico que no podemos ignorar”, señaló Cartuccia en la fundamentación del proyecto. Ayer mismo, en comisiones se aportaron datos sobre la siniestralidad y los costes que demanda a la salud pública. “Un informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial pone Salta ocupando tristemente el tercer lugar del podio entre las provincias con más fallecidos por accidentes de tránsito”, destacó. Dijo que ese mismo informe da cuenta de que en la Argentina los siniestros viales generan un costo económico anual equivalente al 1,7% del producto bruto interno del país, entre gastos médicos, pérdida de la productividad, daños a la propiedad y otros conceptos.

“La magnitud de estas cifras subraya la urgencia de poder abordar este problema desde una perspectiva económica dado que el impacto financiero es verdaderamente significativo como creciente”, agregó. 

Algunos números, pero no todos 

Según informó la legisladora, este año murieron 128 personas en siniestros viales. El gerente del Hospital San Bernardo, Pablo Salomón, informó en comisiones que desde el primero de enero al 22 de noviembre de este año ingresaron 6.300 personas heridas en accidentes generales. De ellas, 3.039 provenían de siniestros de tránsito, y de este número, 2.190 habían sido heridas en siniestros provocados por motocicletas, 291 por automóviles, 312 andando en bicicleta y 246 en siniestros en los que estuvo involucrado un vehículo del transporte público. 

La diputada añadió que un día en internación sin prácticas médicas ni tratamiento quirúrgico cuesta alrededor de $115 mil. Y dijo que un día de internación en terapia intensiva, sin asistencia mecánica, sin medicación, sin prácticas médicas, sin tratamientos quirúrgicos, sin insumos médicos, $340 mil. No quedó claro qué conceptos se tienen en cuenta para estos costes. 

Y el ejemplo que el gerente del San Bernardo llevó y la diputada reprodujo, el de un hombre que estuvo 51 días internado (del 28 de febrero de 2023 al 19 de abril), dejó abierta la pregunta sobre lo que pasará en el caso de que el responsable de un siniestro vial fallezca. ¿Quién asumirá su deuda?

En este caso "el gasto total, con todas las prácticas, días de internación y la asistencia respiratoria mecánica, asciende a $12.490.109”. Otro, internado también por siniestro vial, solo un día, tuvo un gasto médico de $2.272.912,45, detalló Cartuccia. 

La legisladora señaló que pese a la existencia de la ley de tolerancia cero, vigente desde hace diez años, existe una creciente siniestralidad por consumo de sustancias. “Por ende estas conductas, más allá de las sanciones previstas en las normas específicas, merecen que los responsables asuman las consecuencias económicas de la atención médica que demanda dicha situación”.

“Este proyecto lo que busca es disuadir a quienes conducen sin respeto no solo a las normas de tránsito sino también a la integridad y hasta la vida de otros conductores y transeúntes”, agregó. 

La medida “busca convertirse en una herramienta para disuadir el comportamiento que pone en riesgo a toda la sociedad”, aseguró. Busca establecer un principio de equidad y de responsabilidad, "aliviar la situación financiera de nuestro sistema de salud” y a la vez “enviar un mensaje claro de que las acciones tienen consecuencias y debemos ser responsables de ellas”. Destacó asimismo que no niega la atención a nadie. Pero una vez superada la emergencia “es justo que quienes generaron estas situaciones asuman parte de su responsabilidad”. 

Sin presupuesto 

Socorro Villamayor (Salta Tiene Futuro, también del oficialismo provincial) puso el eje en la necesidad de alivianar los gastos del Estado provincial en un contexto de incertidumbre por la falta de presupuesto nacional. Recordó que en ese sentido fue la decisión de cobrar la atención de salud a extranjeros. “Esta normativa tiene también un sentido similar. Venimos a buscar un alivio fiscal”, sostuvo. 

No hay presupuesto nacional hasta el momento, y "estamos elaborando un presupuesto en donde la única certeza que se tiene es el PBI, producto de la contribución de cada uno de los salteños que cumplen y que tienen una responsabilidad tributaria”, subrayó. Y en el presupuesto provincial, un 25% será destinado a la salud pública, recordó. 

“Demostrada la culpabilidad de esta persona, lógicamente tendrá la obligación y se constituirá en consecuencia un título ejecutivo a los 60 días” en caso de que no cumpliera con el pago, añadió sobre la iniciativa en tratamiento. 

Recordó que en comisiones el SAMEC informó que por día en el departamento Capital hay un promedio de 60 siniestros, el 90% corresponde a conductores ebrios. 

El gerente del Hospital San Bernardo dijo que reciben 10 accidentados por día, pero consideró que es posible que haya un sub registro, y que de cada tres que ingresan, dos son motociclistas. 

Por otro lado, Villamayor cuestionó que la secretaria General de la Gobernación no haya concurrido a la reunión de comisiones. Había consultas para hacerle, destacó. Entre otras, expuso: ¿Quién va a determinar la responsabilidad? ¿Se le cobra a la persona? ¿Qué pasa con la obra social?

Isabel Vita sumó otras preguntas: si la persona sin recursos queda con un traumatismo grave, cómo va a hacer para realizar el trabajo comunitario, planteó. Y en general, consideró que se debe poner énfasis en la prevención de la siniestralidad. Entre los aspectos que deberían trabajar en el control de la venta de alcohol a menores de edad, la obligatoriedad de que los locales que realicen espectáculos donde se venda y consuma alcohol ofrezcan agua en lugares visibles.

Por otro lado, el libertario Roque Cornejo propuso que el cobro de la atención médica se debería extender a quienes se lesionan huyendo de la policía, y a quienes provocan heridas a otra persona. Y también propuso que el trabajo comunitario se haga en el hospital donde es atendida la persona responsable del siniestro y en el caso de quienes paguen, que estos fondos vayan directos al hospital donde se atendieron.