“En Salta, bajó el 95 por ciento de atención (a personas extranjeras), con un ahorro de 60 millones de pesos”. La mirada monetarista del vocero presidencial, Manuel Adorni, al hacer el anuncio del cobro de la atención sanitaria a extranjeros en Argentina, fue aplaudida por el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione.

En sus redes sociales el ministro salteño afirmó: “¡Gran noticia para la salud de los argentinos! Hoy celebramos una decisión histórica que protege la salud de nuestra gente. Nación, siguiendo el ejemplo que marcó desde Salta el gobernador @GustavoSaenzOK, implementará el cobro de la atención médica a extranjeros no residentes”.

Ya más calmo, Mangione respondió a la consulta de Salta/12 sobre presuntos faltantes de medicamentos en la provinciaa. “Sí hemos mejorado en insumos”, dijo. Fuentes del sistema de Atención Primaria de la Salud (APS) sostuvieron que hace un par de meses (cuando ya regía la ley para cobrar la atención sanitaria a personas extranjeras que no tengan residencia en Salta) la provincia tuvo que comprar la medicación para las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE). Y hubo agentes que se mostraron preocupados dado que, al llegar la época del dengue, no contaban con medicación suficiente para atender a los posibles pacientes.

En cuanto a la iniciativa nacional para limitar la atención de salud a personas extranjeras no residentes en el país, la Nación solo mencionó cambios en el régimen migratorio con el fin de hacer los cobros. Al parecer, la intención sería dictar un decreto; en el caso de Salta la decisión se tomó por decreto, que se convirtió en ley sin debate legislativo alguno. 

A nivel nacional, a diferencia de lo ocurrido en la provincia, hay un proyecto de ley presentado por la diputada nacional por Salta, Pamela Calletti, bajo el título “Dispóngase que no podrá negarse o restringirse asistencia social o atención sanitaria a ciudadanos extranjeros en caso de urgencia y/o emergencia. Modificación de la Ley 25.871 de Migraciones”.

En su proyecto, la legisladora apunta al cobro a personas con residencias precarias o transitorias, y aclara que, sin embargo, se les debe reconocer la atención en urgencias y emergencias. “Resulta absolutamente razonable la exigencia de convenios de reciprocidad en materia de asistencia sanitaria con el país de origen de la persona o, en su defecto, que en forma previa al ingreso al país acredite y garantice la cobertura para eventuales gastos de salud que pudieran surgir durante su permanencia en el nuestro país”, indican los fundamentos de la iniciativa. 

"El presente proyecto posee como objetivo principal promover e incentivar la concreción de convenios de reciprocidad o de cooperación en materia sanitaria con otros estados”, agrega. 

El convenio de reciprocidad con el Estado Plurinacional de Bolivia ya existe. El problema, según indicó el gobierno salteño, es que se incumple. Se desconocen gestiones que impulsen el cumplimiento.

No obstante, en su proyecto Calletti afirma que “es necesario reconocer la crisis económica que atraviesa Argentina”, que obliga a “revisar y reducir los costos de hasta las más mínimas prestaciones, garantizando que se mantenga la accesibilidad del servicio de calidad a quienes lo requieran conforme las leyes que reglamentan su ejercicio”.

Por su parte, lejos de reconocer la crisis que quedó a la vista con los recortes de la Nación, el vocero presidencial añadió que con esta política “nos despedimos de los famosos tours sanitarios”. Estos tours fueron descriptos como una red de intermediarios que ofrecían la atención médica en Argentina a cambio de dinero. Se sabe que esta práctica tuvo lugar en el sistema de salud de gestión privada, y se denunció que también en la de gestión pública. Sin embargo, Mangione dijo que no hubo demasiados avances en la investigación. 

Fulbito para la tribuna 

“El gobierno (de Salta) aplaude medidas populistas de derecha que no comparto porque las leyes de Migraciones, Salud y Educación no permiten este tipo de medidas” como las anunciadas por el vocero presidencial, dijo a Salta/12 el secretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Sebastián Aguirre Astigueta.

“Hay convenios de reciprocidad y es cuestión de cobrar. Que no cumpla un país no implica que nosotros incumplamos. Los tratados se hacen para ser cumplidos y si no, hay que denunciarlo”, opinó respecto de la justificación que suele ponderarse para avalar que un Estado sancione al ciudadano por las fallas del país de origen.

Aguirre Astigueta fue consultado sobre el otro anuncio de Adorni: “se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar arancel a estudiantes extranjeros no residentes como fuente de financiamiento para casas de estudio. Hoy uno de cada tres estudiantes de medicina de la UBA es extranjero”.

“En la UNSa no tendría incidencia porque todos los estudiantes son residentes”, sostuvo el secretario de Asuntos Jurídicos universitario, agregó que la característica en esta casa de altos estudios es que las carreras son presenciales por lo que es un requisito ser residente. Además, dijo que en toda la Universidad “apenas llegan a ser 280” los alumnos extranjeros, lo cual representa menos del 3 por ciento de la población estudiantil. “Cobrar carece de sentido porque tendría nula incidencia presupuestaria”, afirmó.

“Hay una ley de educación superior y de financiamiento que es una responsabilidad indelegable del Estado”, aseguró al recordar que el principio de gratuidad y la equivalencia de los derechos constitucionales entre personas extranjeras y argentinas están plasmados en la Constitución de 1853.

Entendió que la medida anunciada “no tiene en mi modesta opinión, ni sentido ni razonabilidad, ni se aviene a un proyecto político supuestamente liberal. Porque Argentina es un país abierto al mundo, no cerrado”. La medida “es vacua”, insistió; en términos más prácticos “es fulbito para la tribuna”, concluyó.