Las personas detenidas y posteriormente liberadas en el régimen de excepción en El Salvador no son reconocidas por el Estado como víctimas de detenciones arbitrarias, a pesar que el presidente Nayib Bukele ha reconocido que son inocentes, advirtió el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).

"Según datos oficiales, hay más de 8.000 personas liberadas en el marco del régimen de excepción, a quienes las autoridades se han referido como el 'margen de error'" y "el problema fundamental que tenemos es que ellas continúan como procesadas, sin ser sobreseídas o declaradas inocentes", dijo Gabriela Santos, directora del Idhuca.

Agregó que estas personas "no son reconocidas como víctimas por parte del Estado, lo que complejiza todo lo relacionado con resarcir daños físicos y morales causados a ellas y sus familias".

"Es necesario reconocer a las víctimas de detenciones arbitrarias y emprender reparaciones integrales", sostuvo Santos en el marco de la presentación de un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH).

En una reciente visita a Costa Rica, el presidente Bukele reconoció que bajo este régimen, que suspende derechos constitucionales, han sido detenidas personas inocentes. "Obviamente, las operaciones no son perfectas y pues, sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos fueron capturados de la misma manera que lo son en Francia, en Alemania, en Japón y en todos los países del mundo y estamos liberándolos, ya hemos liberado 8.000 personas y vamos a liberar el 100 % de inocentes", sostuvo el mandatario en una conferencia.

Sin embargo, el jefe de Estado no aclaró que estas personas, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, no han sido exonerados de los cargos imputados inicialmente.

En una rueda de prensa con medios internacionales el martes, el fiscal general, Rodolfo Delgado, dijo que los inocentes mencionados por Bukele "están con medidas cautelares" (libertad condicional). "Toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad", sostuvo Delgado para zanjar las preguntas sobre el tema.

De acuerdo con el OUDH, las personas detenidas y liberadas posteriormente bajo este régimen de excepción enfrentan obstáculos significativos para la "reintegración social", además de problemas económicos y de salud. También alertó que mientras guardaron prisión estuvieron expuestas a "tratos crueles, inhumanos y degradantes".

El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.

Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan unas 340 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.