Desde el CELS condenaron las respuestas del Estado ante el homicidio de Rafael Nahuel, el joven de 21 años baleado por la espalda el sábado pasado durante la represión de Prefectura a una comunidad mapuche en las cercanías del lago Mascardi. Diego Morales, director del Área de litigio y defensa legal, repudió la actitud de los funcionarios y enmarcó el episodio en un contexto “de militarización de las regiones”. "La construcción de una imagen sobre la existencia de grupos armados es la respuesta más sencilla y más canalla que tiene el Estado de liberar sus responsabilidades”, agregó.
Morales criticó la postura del Estado frente a los reclamos territoriales de los pueblos originarios, pero además reprobó que los funcionarios recurran a acusaciones en contra de las comunidades para legitimar su accionar. “Se dice que existen grupos armados pero no se acreditan pruebas, no se presenta información, son solo comentarios. Lo que esto hace es deslindar responsabilidades por parte de los funcionarios del Estado y justificar el tipo de reacción", denunció en diálogo con FM La Patriada.
Esta mañana, los ministros Germán Garavano (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad) afirmaron que los mapuches de la comunidad tenían armas de grueso calibre y “estaban en una formación de tipo militar”, aunque no se reportaron heridos entre los efectivos ni tampoco se encontraron pruebas que acrediten esta versión. "No reconocen al Estado ni la Constitución, son grupos violentos que no respetan la ley", aseguraron de todas formas y destacaron: “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no”.
Para el CELS no hubo “necesariamente un enfrentamiento” entre el grupo Albatros y los miembros de la comunidad el día que murió Nahuel, como sostienen desde el Gobierno, “sino más bien un operativo deliberado realizado por las fuerzas de seguridad, sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de intervención a través de coberturas de jueces o fiscales". Morales destacó que “hay una persona asesinada por parte de las fuerzas de seguridad”, y pidió que se establezca “una investigación imparcial” para que se explique “qué sucedió y cuáles fueron las consecuencias”.
Morales alertó que el juez Gustavo Villanueva “no podría” investigar la muerte de Rafael porque él fue quien decidió el desalojó “violento” del día jueves, que habilitó la detención de mujeres, y el mismo magistrado que el día viernes ordenó el nuevo allanamiento y rastrillaje el sábado. Agregó que “él estuvo involucrado en todas las decisiones”que se fueron tomando desde el día jueves para este tiempo. “Se está resolviendo a través de la criminalización un simple caso de ocupación”, concluyó.
