El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) padece, por estos días, una ofensiva similar a la que ya sufrieron otros sectores estatales: el Gobierno nacional ataca con un discurso que propone la construcción de un enemigo y su estigmatización, para desacreditar sus logros.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció un plan de “modernización” para el organismo. Opinó que “sus objetivos fueron, lamentablemente, desvirtuados”, y agregó: “se terminó el uso de los organismos públicos como máquinas para financiar el despilfarro de la vieja política”. Sin embargo, la contracara de esas descalificaciones son una serie de resultados conseguidos por las y los trabajadores a lo largo de estos años que desmienten el diagnóstico oficial.
El desarrollo del sector agropecuario argentino está vinculado a los avances en ciencia y tecnología impulsados por la investigación pública. El INTA promovió crecimientos económicos y de desarrollo, enfocados en la innovación tecnológica y el apoyo al sector agropecuario. Un estudio realizado por el Instituto de Economía del INTA que analizó una estimación cuantitativa del impacto sobre la productividad agropecuaria desde su creación hasta el 2019, demostró que generó una tasa interna de retorno del 14%. Este indicador que incluyó costos operativos y salariales, reflejó cómo cada peso invertido en el INTA se multiplicó en beneficios para el sector agrícola y, por ende, para la economía nacional.
El estudio detalló que en los últimos cincuenta años el índice de crecimiento de la productividad total de los factores (PTF), que mide la relación entre los insumos utilizados y la producción obtenida, creció de un valor base de 100 en 1973 a 275 en 2016. Este aumento del 175% es el resultado de una innovación tecnológica que se visualizó en el desarrollo de nuevas variedades de semillas, mejoramiento genético animal y prácticas avanzadas de cultivos.
Ajuste
El Gobierno nacional logró que el Consejo Directivo del organismo apruebe un plan para la venta y cesión de dos propiedades del INTA y la reducción de personal. Frente a este ajuste, diferentes organizaciones del sector salieron a cuestionar esta decisión que afecta el futuro del agro. En su intervención del miércoles, Adorni justificó los objetivos del plan contra el INTA ya que “se gasta el 90% del presupuesto en salarios”. Desde el gremio del personal del INTA (APINTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) afirman, en cambio, que la cifra correcta “es del 76% del presupuesto”.
Héctor Espina, exdirector del organismo, detalla que históricamente “los fondos destinados a salarios y beneficios del personal oscilaron entre el 70 y el 90%, incluyendo investigadores, técnicos y administrativos”. Pero aclara que ese mecanismo de inversión “es el reflejo de una institución centrada en la investigación y la extensión, actividades que requieren personal especializado”. El porcentaje puede variar año a año dependiendo de las políticas gubernamentales, la estructura del presupuesto y las necesidades operativas.
"Según la ley, al organismo le corresponde el 0,45% de las importaciones y el 31,3% de la tasa de estadística, sumando un potencial de 550.000 millones de pesos anuales. Sin embargo, el presupuesto asignado para 2024 se limitó a 230.220 millones de pesos, menos de la mitad del monto estipulado", advierte Espina, quien además denuncia que los fondos legales no siempre llegan al INTA. “Esos recursos se acumulan en cuentas escriturales que el Tesoro utiliza para otros fines. Esto limita nuestra capacidad de invertir en proyectos productivos y tecnológicos, desaprovechando el enorme potencial de la institución”, agrega.
El Gobierno nacional también manifestó que “el INTA se enfocó en temas que nada tenían que ver con la productividad agrícola”. Esta afirmación se contrapone con los constantes logros que generaron beneficios económicos e impulsaron transformaciones estructurales en el agro. Entre esas conquistas que “solo pudieron ser alcanzadas gracias al apoyo del INTA” se destacan la transferencia de tecnologías a empresas privadas que terminan exportando maquinarias e insumos, el desarrollo de sistemas de manejo sostenible, como el manejo de bosques con ganadería integrada que permite un uso productivo y ambientalmente responsable de los recursos naturales, así como las innovaciones realizadas por el Instituto que permitieron evitar pérdidas económicas calculadas en 500 millones de dólares anuales.
En aras de una supuesta “modernización”, el ajuste del Gobierno nacional omite que gracias al INTA se lograron avances económicos y de desarrollo durante 2023 y 2024, como las nuevas variedades de cultivos y tecnologías adaptadas al cambio climático que mejorar la productividad, especialmente en sectores afectados por sequías y otras adversidades climáticas.
También el fortalecimiento del comercio exterior agrícola, permitiéndole a productos argentinos ingresar a nuevos mercados internacionales, aumentando las exportaciones agropecuarias. El INTA reforzó programas de capacitación y asistencia técnica para pequeños y medianos productores, promoviendo su inclusión económica y social, así como también avanzó en proyectos de bioenergía y agricultura regenerativa, reduciendo la huella de carbono del sector agropecuario y fomentando prácticas más sostenibles.
Las y los trabajadores del INTA se movilizaron el jueves 28 de noviembre para defender a la institución, y denunciaron que “si no cuenta con los recursos necesarios para seguir innovando, el sector agropecuario argentino perderá competitividad frente a otros países”. Por su parte, Espina destacó el papel estratégico del INTA en la economía nacional: “no solo mejora la productividad del agro; también contribuye a la soberanía tecnológica y al desarrollo de las comunidades rurales. En cada avance tecnológico, en cada proyecto de extensión, está la prueba de que el INTA es un motor de rentabilidad para el país”.
*Comunicador social, Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
