Se complica la situación judicial del primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, ex titular de la constructora IECSA, quien está siendo investigado por irregularidades en la asignación de la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El fiscal federal Franco Picardi solicitó trabar un embargo por más de 54 millones de pesos para Calcaterra y también pidió otro por 4 millones de pesos para el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, para el ex secretario de Obras Públicas José López y para directivos de otras empresas que accedieron a la obra.
El representante del Ministerio Público elevó el pedido al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene la causa en la que se investiga el supuesto el pago de sobornos de empresarios a ex funcionarios públicos para acceder a la realización de la obra de soterramiento del tren que conecta la Ciudad de Buenos Aires con la zona oeste del conurbano bonaerense.
Las medidas sugeridas por el fiscal apuntan a las personas "físicas y jurídicas" que conforman la Unión Transitoria de Empresas (UTE) "Consorcio Nuevo Sarmiento", integrado por las firmas Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa S.A.
El pedido de embargo más grande en relación a una persona física recayó sobre Calcaterra porque fue el único empresario que se alejó de una de las firmas que intervino en el consorcio que participó de la obra. IECSA fue adquirida tras su salida por el empresario Marcelo Mindlin, entre otros.
El fiscal pidió embargar a Calcaterra por 54,3 millones de pesos y a Lorenzo Ghella, Mauricio Couri Ribeiro, de la constructora brasileña Odebrecht, y Jorge "Chorcho" Rodríguez, entre otras 19 personas, por 4,35 millones de pesos a cada uno. Reclamó, además, que la obra de soterramiento no se detenga, por lo que pidió designar a un veedor para controlar su desarrollo.
Picardi sugirió los embargos luego de que, a inicios de mes, la Cámara Federal porteña le ordenara al juez Martínez de Giorgi que disponga "medidas rápidas y eficaces" sobre el patrimonio de las empresas investigadas por el pago de sobornos.
En el marco del expediente se investiga una obra pública de 3.000 millones de dólares por la cual el juez ya allanó oficinas de Odebrecht, Iecsa y Ghella, entre otras. En un dictamen de junio, Picardi advirtió que, entre 2005 y 2014, hubo un "habitual, complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales" para el pago y cobro de sobornos con la obra pública.
En esa oportunidad pidió al magistrado que ordene entrecruzamientos de llamados entre el detenido ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, su ex asesor Manuel Vázquez, y autoridades y directivos de "Constructora Norberto Odebrecht SA, incluido Fernando Migliaccio Da Silva, Ghella Societa Per Azioni, Iecsa SA y Comsa SA, con sede o filial en el país".
El ejecutivo de Odebrecht Da Silva intercambió correos electrónicos con un directivo de la empresa en Argentina, Couri Ribeiro, alusivos a una transferencia millonaria vinculada a la Argentina de la que también se escribía con Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime y actualmente bajo arresto domiciliario en otra causa por corrupción. También, se incluyó en la investigación a Jorge "Corcho" Rodriguez y requirió que se establezca si hubo visitas del lobbista al Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido en el período investigado.
