Fin de rosca: 62 años después, la tan mentada reforma constitucional será realidad, quizás en los primeros meses de 2026. El oficialismo parlamentario, alineado al gobernador Maximiliano Pullaro, logró sacar adelante un proyecto síntesis con ayuda del perottismo y un par de votos opositores más, y le dio media sanción a la ley que declara la necesidad de reformar la Carta Magna provincial. Hoy será el turno del Senado, donde el oficialismo tiene asegurada la sanción definitiva. De esta manera, el radical puede darse por satisfecho: en su primer año de gobierno abrochó tres reformas que se había propuesto, la del régimen jubilatorio estatal, la reforma parcial de la Justicia (sobre todo de la Corte) y la constitucional, ni más ni menos.

La ley con media sanción plantea la necesidad y los temas en general que deberán tratar 69 convencionales constituyentes que serán electos en un comicio a celebrarse en abril del año próximo, junto a las PASO provinciales. La asamblea constituyente sesionará, no obstante, siete meses después, entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Los detalles de muchos asuntos se definirán en esos debates venideros. Además de varios capítulos a reformar, el proyecto plantea la inclusión de nuevos artículos como parte del aggiornamiento de la Carta Magna.

La razón por la que el frente Unidos impuso la fecha para elegir convencionales fue la estrategia de separarlas todo lo posible de la elección nacional de medio término, ante el temor de que el vendaval libertario le cope la asamblea a Pullaro con convencionales que se la pongan difícil, sobre todo el asunto de su reelección como gobernador. Por lo tanto, el cierre de listas operará en febrero, para el comicio de abril.

El socialista Pablo Farías, como miembro informante de la comisión de Asuntos Constitucionales, destacó el nivel de consenso para el texto final. "La mayoría de los temas fue con el aporte de otros bloques, y una pequeña minoría de proyectos los votamos con nuestra mayoría. Fue un esfuerzo de consenso para que salga la mejor ley posible", consideró. Luego evocó a Miguel Lifschitz como un impulsor de la reforma en 2016 y esa mención hizo emocionar a Clara García, presidenta de Diputados y viuda del exgobernador.

En las deliberaciones de la comisión ampliada de Asuntos Constitucionales que sobrellevaron desde el lunes en Santa Fe diputados y senadores, hubo una piedra de discordia en torno al piso electoral exigido para que cada partido logre meter convencionales. Iba a ser el 3% del padrón, pero entonces los del Frente Amplio por la Soberanía Fabián Palo Oliver y Claudia Balagué amagaron con restar su apoyo a la ley al considerar que ese mínimo proscribiría su lista de convencionales. Terminaron acordando que el piso sea del 2,5% del padrón.

De todos modos, el oficialismo ya no necesitaba tanto de los votos del FAS como a principios de semana. Es que acabó superando con cierta holgura los 34 votos necesarios para aprobar la ley. Además de sus 28 de mayoría automática, consiguió que levanten la mano 4 peronistas de Hacemos Santa Fe (Omar Perotti, Marcos Corach, Celia Arena y Sonia Martorano), más el ex radical Omar Paredes y Edgardo Porfiri (ambos de Somos Vida), el bailantero Juanjo Piedrabuena y los FAS Palo Oliver y Balagué. 

El bloque de Amalia Granata aportó esos dos votos al oficialismo, muy a pesar de la mediática legisladora que ayer estuvo ausente por haber viajado al Vaticano. Y el oficialismo agradeció esa ausencia, en vistas de que hoy por hoy es una de las voces opositoras más punzantes: no dejó de denunciar que el oficialismo salió a comprar votos, y que todo esto obedece al afán reeleccionista de Pullaro.

La decisión de Paredes y Porfiri motivó que su colega de bancada Emiliano Peralta anunciara la expulsión de ambos de ese bloque. "¡Oportunistas de la política!", les escupió.

El proyecto reúne cosas de un total de 9 proyectos en danza. El consenso llegó pasado el mediodía, un rato antes de que la primera sesión extraordinaria le aprobara al Ejecutivo la ley de Presupuesto 2025. De allí, en la comisión se pusieron a redactar el texto definitivo de la ley, que se aprobó ya entrada la noche.

Otro asunto a superar fue el modo de elegir los convencionales que reformarán la Carta Magna. Finalmente será un espejo de cómo son electos diputados y senadores: es decir, 50 constituyentes se elegirán por distrito único, es decir, toda la provincia; y otros 19 serán elegidos por cada departamento.

Lo que cambiará

A grandes trazos, la ley direcciona el sentido de la reforma constitucional en varios temas. Se otorgará la posibilidad de reelección del gobernador, pero los convencionales discutirán si eso le cabe a Pullaro y a Gisela Scaglia, o si será a partir del próximo mandato.

Santa Fe dejará de priorizar la religión católica como culto oficial del Estado. En esto, hasta la propia Iglesia ah consentido que así debe ser.

Luego, incluyeron dos temas de la agenda provincial meneados este año: que prevalezca la idoneidad como requisito para acceder al empleo público, y ya no lazos familiares como ocurría hasta ahora en la EPE. Y además, declarar intransferible la Caja de Jubilaciones de la provincia.

También la pelea del pullarismo con la Corte Suprema se cuela en el instructivo para la reforma: mandará a que los jueces se jubilen automáticamente a los 75 años. Otro punto acordado fue la obligación del Estado en garantizar la educación gratuita hasta el nivel secundario, por las dudas que el envión mileísta avance hasta quién sabe dónde.

Del texto que ayer apuraban en Asuntos Constitucionales se contaba la inclusión de nuevos artículos en una Carta Magna que cuando se promulgó en 1962 no tenía forma de concebirlos, como conceptos de derechos digitales, y mecanismos de participación ciudadana y democracia semi directa como la consulta popular. Asimismo, la ley incluye a la seguridad pública como un derecho más y se lo impone como responsabilidad al Estado provincial. Se agregan derechos de la era digital y medidas contra el cibercrimen.

La Constitución que vendrá también consagrará la protección del medio ambiente, el derecho al agua, el derecho de los consumidores, de mujeres y disidencias, de personas con discapacidad, pueblos originarios y juventudes, la promoción de la ciencia, y la eficiencia estatal en la prestación de servicios públicos como un principio regidor del Estado.

La ley le otorga rango constitucional al Ministerio Público de la Acusación, al Servicio Público de Defensa Penal y a la Defensoría del Pueblo. Y limita al Poder Ejecutivo en cuanto a que no pueda ya dictar decretos de necesidad y urgencia.

Asimismo, se limitará la reelección indefinida de legisladores. Y se impondrá el requisito de no tener condena penal alguna para aspirar a cargos electivos, una suerte de "ficha limpia" santafesina. También cambiaría la forma de elegir diputados, de manera que sea con representación proporcional de sistema D'Hont, y ya no con mayoría automática para el partido vencedor. También quedaba a revisión la remoción de magistrados, el cambio de fueros parlamentarios de los legisladores provinciales y las características de la autonomía municipal.

De ahora en más, el camino a la reforma constitucional está abierto. Y solo quedó atrás, sin posibilidad de discusión, la intención de algunos bloques en Diputados de avanzar hacia la unicameralidad. Los senadores fueron muy claros, y plantearon que hoy harían naufragar la ley si se incluía ese tema que significaría el fin de esa cámara.