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Como se lee por ahí: tres veces fuimos a votar en el año 2023. Y durante ese periodo, antes de ser elegido presidente, Javier Milei sustentó su campaña sobre la premisa de que la justicia social es una aberración. Sostuvo y sostiene que las desigualdades estructurales —raciales, de género, de clase— no existen, y cuando aparecen, no son indeseables.
Cuesta trabajo encontrar en la historia argentina otro caso de un mandatario que señale tan explícitamente al movimiento de mujeres como un enemigo . También es difícil dar con alguna otra provocación, durante la historia democrática, como la de haber elegido el 8 de marzo para rebautizar al Salón de las Mujeres como Salón de los Próceres.
Que Argentina se haya convertido en estos meses en el único país del mundo que votó contra una declaración de la ONU sobre los derechos de niñas y mujeres es mucho más que un titular. “¿Libradas a su suerte?” es el nombre del último informe elaborado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que examina el estado de las políticas públicas contra la violencia de género durante los primeros 6 meses del gobierno de Milei. Los hallazgos indican retrocesos desde todos los puntos de vista.
En febrero de este año, se llevó a cabo, por decreto, la desjerarquización del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado en 2020. Se lo transformó en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Así redujo su capacidad de acción. La reestructuración resultó en recorte presupuestario y debilitamiento de las obligaciones del Estado hacia las mujeres y la población LGBTI. El organismo, a cargo de Claudia Barcia, fue transferida al Ministerio de Justicia mediante nuevos decretos. Finalmente, se anunció su cierre en junio
Los hallazgos principales del informe revelan que 19 políticas públicas contra la violencia están siendo o han sido desmanteladas. La Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género reportó una ejecución presupuestaria real del -80% entre enero y junio de 2024 en comparación con el año anterior. En general, se ha observado una reducción del -23% en todas las políticas destinadas a reducir la desigualdad de género.
El programa "Acompañar", que buscaba fortalecer la independencia económica de mujeres y personas LGBTQ+ en riesgo, ha visto una drástica disminución de personas asistidas: de 34,023 en el primer trimestre de 2023 a 434 en el mismo periodo de 2024. La Línea 144 también ha experimentado una caída en la cantidad de comunicaciones y asistencia.
La Ley Brisa establece la reparación económica para niños y niñas que perdieron a su madre en manos de un femicida. De 70 dictámenes favorables del primer trimestre de 2023 pasó a solamente 7 en el primer trimestre de este año. Otro ejemplo: la Ley Micaela, que establece capacitaciones sobre discriminación y violencia para funcionarios estatales, pasó de 58 capacitaciones a cero.
Milei llegó al poder exponiendo su desprecio por la ampliación de derechos en general y por la agenda del movimiento de mujeres en particular, incluso la más básica (“la violencia no tiene género”, “no existe la brecha salarial”). Sus críticas a lo que suele llamar “ideología de género” son libertarismo en estado puro, en Argentina y en el mundo. No es retórica accesoria, sino riñón.
Ideólogos de las ultraderechas latinoamericanas, como Agustín Laje, director de la Fundación FARO, un think tank de extrema derecha, o Vanessa Kaiser, una de las más afamadas voceras académicas de la llamada batalla cultural en Chile, basan sus exposiciones en lo que consideran el "sujeto esquizo-progresista". El progresismo o wokismo son una “plaga” de dos patas: lo que llaman la ideología climática y la ideología de género.
Combatir hoy al progresismo —mucho más que a las izquierdas tradicionales— sería de vida o muerte, ya que este buscaría la destrucción de las naciones y la patria, mediante el fomento de la inmigración, y la destrucción de la familia.
El progresismo, con su "agenda globalista", dicen, quiere implantar un "nuevo orden mundial". Es así de literal: cuestionar, como han hecho y hacen los feminismos y los activismos por la disidencia sexual, las desigualdades estructurales, destruiría la matriz de la sociedad. Esa lectura explica que una figura con el pasado del Ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona, ahora convertido en adalid de la familia tipo, vaya a defender en el Congreso un proyecto que castiga las denuncias falsas por violencia de género. Y lo haga sin presentar ningún dato para sustentar el proyecto: en Argentina no hay estadísticas para afirmar que las denuncias falsas sean un problema. Las denuncias falsas además ya están penadas por el Código —sólo que sin la especificación sobre el tema de la denuncia—. Sobra evidencia de que en Argentina el problema es justamente lo contrario: según el Registro de Femicidios de la Corte Suprema, 8 de cada 10 mujeres asesinadas nunca habían denunciado los hechos de violencia. Las mujeres no denuncian de más, sino de menos.
El antifeminismo visceral del Gobierno también explica papelones diplomáticos como el que Argentina protagonizó en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Durante ese encuentro en Asunción, Paraguay, la delegación libertaria propuso cambios en las resoluciones sobre derechos humanos, con especial énfasis en eliminar las referencias a derechos sexuales y reproductivos, ambientales y los relacionados con la diversidad. La delegación nacional le dedicó los dos días de trabajo a objetar en el documento general palabras como "población LGBTI", "género", "tolerancia" y "cambio climático".
Gran parte de los funcionarios mileístas serán recordados por sus declaraciones lindantes con el discurso de odio. La excanciller Diana Mondino comparó ser gay con tener piojos. El secretario de Culto, Francisco Sánchez, aseguró que la mayor parte de la sociedad argentina no consiente el derecho al matrimonio igualitario, ni al aborto legal, ni a la educación sexual. Sánchez cuestiona hasta el divorcio. El economista Carlos Rodríguez, que fue jefe del consejo de asesores económicos del presidente, dijo ante un entrevistador gay que le dolía “la barriga” cuando veía a dos hombres besándose.
Este tipo de declaraciones no orbitan solas en el plano de las palabras, fueron tomando la forma de acciones oficiales concretas. Desde abril, los hospitales públicos no cuentan con los esquemas adecuados de tratamiento para las personas que viven con VIH; hay falta de reactivos para medir las cargas virales de los pacientes. No hay ni preservativos.
La situación podría agravarse en 2025, ya que el proyecto de presupuesto que el gobierno de La Libertad Avanza presentó al Congreso refleja una reducción presupuestaria de nada menos que el 75% para la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, ITS y Tuberculosis.
Los discursos de odio "de Estado" alimentan caldos de cultivo de comportamientos de las personas de pie. A cuento viene el ejemplo de Nicolás Márquez, el biógrafo íntimo de Milei, y la extensa entrevista que le dio al periodista Ernesto Tenembaum. Es posible que esas declaraciones sean las más "mata-puto" expresadas en éter en muchos años. Dijo todo lo que dijo apenas unos días antes de que Edmundo Barrientos cometiera un triple lesbicidio, arrojando una bomba casera en la habitación en la que dormían cuatro mujeres en un hotel familiar, “Canarias”, del barrio de Barracas.
Según testigos de la investigación de estos crímenes, la noche del ataque, cuando las víctimas intentaron apagar el fuego sobre sus cuerpos arrastrándose hacia las duchas del baño, Barrientos las empujó de nuevo hacia las llamas para rematarlas. También, según testigos, de toda la gente que vivía en el hotel, Barrientos solo “tenía problemas con ellas... con... ¿Cómo les dicen a las mujeres así? ¡Eso!, lesbianas”.
