Una decena de organizaciones internacionales de derechos humanos advirtieron sobre el riesgo de impunidad en casos contra militares de Guatemala por masacres perpetradas durante la guerra civil (1960-1996).
Su preocupación se debe a la suspensión en tribunales de apelaciones de algunos procesos contra militares por crímenes de lesa humanidad y a cambios en la fiscalía de derechos humanos ordenados por la fiscal general Consuelo Porras.
Esas decisiones son "un grave retroceso", indicaron en un comunicado conjunto las organizaciones, entre ellas la estadounidense WOLA, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Impunity Watch y Robert F. Kennedy.
Casos que podrían quedar sin sentencia
Recordaron que el 28 de noviembre una sala de apelaciones suspendió el juicio contra el general retirado Benedicto Lucas García, de 92 años, por el exterminio de indígenas, cuando un tribunal estaba a punto de dictar sentencia.
Lucas García había sido llevado a juicio por su responsabilidad en la matanza de más de 1.200 indígenas entre 1978 y 1982 mientras gobernaba su hermano, el presidente Romeo Lucas García, fallecido en Venezuela en 2006.
A inicios de noviembre, otra sala de apelaciones suspendió el inicio del juicio contra ocho militares retirados, entre ellos Lucas García, señalados de desapariciones forzadas, un caso relacionado con el hallazgo de más de 500 osamentas en una antigua base militar.
Estos restos fueron exhumados entre 2012 y 2015 en una base donde ahora funciona el Centro Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz para misiones de la ONU en Cobán, lugar considerado por las organizaciones como "el cementerio clandestino más grande de Latinoamérica".
A estas decisiones judiciales se suma la orden de Porras de destituir a tres fiscales y trasladar a 11 fiscales auxiliares que "investigaban casos del conflicto armado".
"Estas decisiones no solamente ponen en riesgo el derecho de las víctimas a la justicia, sino que además debilitan el estado de derecho y la democracia en el país", indicaron las ONGs en el comunicado.
La guerra civil dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, según una comisión auspiciada por la ONU, la mayoría a manos de los militares, que acusaban a los indígenas de colaborar con la guerrilla.
