“¡Si hacemos ruido alquilamos de forma justa!”, con esta consigna el Frente de Inquilinos Nacional realizará a las 20 horas un ruidazo en todo el país para reclamar la aprobación de la ley de alquileres que se votó el año pasado por unanimidad en la Cámara de Senadores y que fue reemplazada, hace quince días en Diputados, por un proyecto del oficialismo que, según denuncian las organizaciones que nuclean a quienes alquilan, recorta sus derechos. El titular de Inquilinos Agrupados (IA), Gervasio Muñoz, sostuvo que “el nuevo proyecto defiende los derechos y la rentabilidad de los dueños de propiedades y amplía aún más la brecha de desigualdad entre inquilinos y propietarios”.
La convocatoria para “que Diputados respete la ley que se aprobó en el Senado” tendrá su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y se replicará en las provincias de Corrientes, Córdoba, San Juan, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, La Pampa y el conurbano bonaerense.
Además, para darle mayor visibilidad a la manifestación sonora, los organizadores convocaron en CABA a concentrar en seis puntos neurálgicos de la ciudad: San Martín y Juan B Justo; San Juan y Boedo; Acoyte y Rivadavia; Corrientes y Medrano; Scalabrini Ortiz y Corrientes; y Callao y Corrientes.
Dos semanas atrás, la Comisión de Legislación General de la Cámara Baja cambió el proyecto de Ley de Alquileres impulsado por los inquilinos que tenía media sanción de Senado e impuso un proyecto del diputado Daniel Lipovetzky (PRO).
El proyecto enviado para revisión a la Cámara Baja contemplaba aquellos puntos que resultan más problemáticos para quienes alquilan: qué índice se aplica para aumentar los alquileres, la duración del contrato y requisitos de ingreso a la vivienda. Para eso, estipulaba que los aumentos se realicen anualmente mediante un índice ponderado entre inflación y salarios; llevaba el contrato mínimo a tres años; establecía que las expensas extraordinarias quedan a cargo del propietario; y la renegociación del contrato 60 días antes de que finalice y rescisión del mismo en cualquier momento.
Sin embargo, la nueva propuesta del oficialismo, que tuvo dictamen de mayoría y que no fue consensuada con las organizaciones que representan a los inquilinos, más que introducir cambios al texto girado desde el Senado se transformó en un nuevo proyecto que, de acuerdo a Muñoz, “cambió el espíritu de la ley aprobada”.
El proyecto, que posiblemente sea tratado mañana, mantiene la duración de los contratos en dos años, establece que se indexen por inflación anual difundida por Indec, estipula que los inquilinos pueden rescindir el contrato avisando con cinco meses de antelación y la renegociación del contrato 30 días antes. Limita a un mes de alquiler el monto que pueden cobrar las inmobiliarias, al igual que lo hace la ley aprobada en agosto pasado en la Ciudad de Buenos Aires, a lo que se suma otro mes de depósito, y no dos como es habitual; introduce la figura de alquiler social que queda supeditado a la creación de un programa para tales fines y también busca acelerar los desalojos.
En diálogo con PáginaI12, Muñoz afirmó que “el nuestro es un proyecto equilibrado que defiende el derecho del inquilino y también protege la rentabilidad del propietario en forma justa. El que introdujeron sin ningún tipo de debate amplia la rentabilidad de los propietarios y sus derechos. Y amplia la brecha de desigualdad entre inquilinos y propietarios”.
Como ejemplo de esa relación dispar, el referente de Inquilinos Agrupados sostuvo que “en 30 días alguien que alquila no puede renegociar un contrato porque está pensando adonde se va a tener que mudar, y bajo esas circunstancias termina aceptando lo que le imponen”.
Para Muñoz la duración de tres años de los contratos es otro de los puntos clave: “Es tener estabilidad en la vivienda para las familias, que no tienen que pensar en mudarse constantemente, y en lo económico implica espaciar los costos de nuevos contratos, así como también de la renegociación del precio del alquiler”.
Otro de los puntos sobre el que alerta, es la habilitación del desalojo express. Mientras hoy corren plazos legales a partir de que el inquilino se notifica de una citación, el proyecto que avanza en Diputados pretende que esos plazos corran aun si no se los notifica correctamente.
Según Muñoz, hay mucha participación de los inquilinos preocupados por lograr que no avance esta ley y que se sancione la aprobada en el Senado. Por eso los “convocamos a hacer mucho ruido desde las esquinas, los balcones y con las bocinas de los autos”, dijo el titular de IA, para quien de aprobarse el proyecto del bloque oficialista la situación de los 8 millones de inquilinos del país “empeorará”.
