Si alguien simpatiza con Milei o con Macri seguramente escuchó la frase “Cristina chorra” pero probablemente no tiene información sobre el peritaje fraguado por el ingeniero David Cohen con párrafos copiados de sitios de Internet y con citas a organismos internacionales inexistentes, en el marco de la investigación por la importación de gas natural licuado.
Quizás, esa misma persona, se entretuvo viendo cómo las máquinas excavadoras recorrían campos de Santa Cruz buscando misteriosas bóvedas pero no sabe de los mails enviados a Leonardo Fariña para guionar su testimonio ni de los encuentros de funcionarios judiciales en la Quinta de Olivas durante la gestión macrista.
En las llamadas “redes sociales”, el algoritmo condiciona la información que recibimos. Esa información responderá a nuestro sistema de creencias. Llevándonos a una endogamia informativa, prevalecerá la información emotiva, superficial y de alto impacto que confirme nuestro punto de vista. Una exclamación indignada diciendo “se robó un PBI” resonará más en algunos espacios que la documentación de un expediente.
La “posverdad” según el diccionario de Oxford, denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal.
Como se sostiene en el libro “La posverdad” de Roberto Aparici, en el sistema mediático político actual, los hechos y la ficción, mentiras y verdades, contenidos contrastados y bulos circulan en un régimen de isonomía (es decir, con una igual apariencia), no solo en las redes, sino también en medios tradicionales.
La posverdad es clave para la aplicación del lawfare. En esa guerra jurídica que hace uso del derecho para desacreditar o destruir a un líder popular es fundamental la construcción de determinado sentido común para legitimar las arbitrariedades del Poder Judicial.
Recientemente, confirmaron la condena a Cristina Kirchner por la causa vialidad. En esta causa, como en otras, se evidencia el llamado “nado sincronizado”: el impulso político, el accionar judicial y el blindaje y la legitimación de grandes grupos mediáticos. El abogado de Lula da Silva, Dr. Rafael Valim, sostiene en el libro “Lawfare” que una de las dimensiones necesarias del lawfare son las externalidades. Estas son las técnicas de manipulación de información para generar un ambiente favorable o aceptable para el uso de las armas jurídicas contra el enemigo. Los medios de comunicación se utilizan de un modo externo y auxiliar, a través de la creación de sospechas y ocultar la falta de verosimilitud de las acusaciones.
Como en otros momentos históricos, la situación que padecemos en nuestro país no es aislada. Se inscribe en prácticas que deterioran los procesos democráticos y que son llevadas a adelante en toda la región contra líderes populares.
En estas líneas no buscamos esclarecer las más de 534 causas que se crearon contra Cristina Kirchner. Solo reflexionar sobre una lógica dominante de la comunicación actual que nos aleja de la verdad privilegiando contenidos superficiales, impactantes y emotivos. Una lógica regional sostenida por sectores del poder real (económicos, políticos, judiciales y mediáticos) que socavan los procesos democráticos.
El fenómeno del lawfare y la posverdad no solo afectan a líderes como Cristina Kirchner sino que representan un desafío mayor para la democracia en su conjunto. La manipulación de la información y la construcción de narrativas distorsionadas crean un entorno donde la verdad se vuelve relativa y los hechos objetivos son eclipsados por emociones y creencias personales. Es fundamental que como ciudadanía tomemos conciencia de esta dinámica, cuestionemos las fuentes de información que consumimos y busquemos una comprensión más profunda de los acontecimientos que nos rodean. Solo así podremos resistir a las arbitrariedades del poder y defender nuestros derechos democráticos. La lucha por la verdad es una lucha por la libertad de los pueblos.
* Licenciado en Comunicación Social UNLZ. Profesor de la UNR
