Con los votos necesarios para elegir rector garantizados, el bloque de radicales y aliados que gobierna la UBA aspira a avanzar en la reforma del estatuto universitario en la asamblea convocada para el próximo lunes. Ese día, los consejeros de toda la universidad se reunirán en una sede cuya confirmación se demora para intentar evitar protestas estudiantiles como las registradas hace cuatro años, cuando fue electo Alberto Barbieri, quien ahora busca su reelección como rector. De hecho, agrupaciones opositoras, tanto de docentes como de alumnos, ya adelantaron que se movilizarán para reclamar “la democratización de la universidad” y para rechazar “una reforma reaccionaria del estatuto”.
La asamblea universitaria es el máximo órgano de gobierno de la UBA. De ella participan 236 representantes de los claustros: los decanos de las trece facultades (todos ellos profesores); 109 profesores concursados (ocho consejeros directivos por cada facultad más cinco consejeros superiores); 57 estudiantes (cuatro consejeros por cada facultad más cinco consejeros superiores); y 57 graduados (cuatro consejeros por facultad y cinco miembros del Consejo Superior).
Inicialmente, la asamblea estaba convocada para elegir rector el jueves 7 de diciembre, pero –según informó la UBA– desde el Gobierno solicitaron que se modificara la fecha para que no coincidiera con una cumbre internacional de la OMC que se hará en Buenos Aires (en realidad, tendrá lugar entre el 10 y el 13 de diciembre).
Sede en duda
La convocatoria de la asamblea fue aprobada por el Consejo Superior de la UBA para el lunes 4, pero sin precisar su sede. La resolución dice que “teniendo en cuenta que, en asambleas anteriores se impidió su normal funcionamiento” se faculta al rector a “establecer, dentro de un plazo razonable, la sede y la hora para la realización de la asamblea universitaria”. Según trascendidos, el plazo razonable sería este viernes. Si bien la tradición era realizar la asamblea en el Colegio Nacional de Buenos Aires, ante las protestas de las últimas elecciones la asamblea sesionó en el Congreso, bajo fuertes operativos de seguridad.
Por las dudas, el Consejo Superior también dejó abierta la posibilidad de un cambio de sede a último momento: “Resulta conveniente que ante situaciones que puedan afectar el correcto desarrollo de la asamblea y el pertinente proceso de renovación de autoridades oportunamente decidido por este Consejo Superior, se faculte al señor Rector a establecer, hasta el día de la realización de la asamblea inclusive, una nueva hora y sede para su realización, garantizando un tiempo razonable para que los asambleístas puedan concurrir al lugar”.
Reelección encaminada
Después de las elecciones realizadas durante el año en todas las facultades, la continuidad de Alberto Barbieri al frente de la UBA está allanada. Barbieri fue decano de Ciencias Económicas, es peronista (era el candidato a ministro de Educación de Daniel Scioli en 2015) y su gestión se apoya en la mayoría de consejeros radicales y aliados que gobierna la universidad desde la restauración democrática (con excepción del mandato de Guillermo Jaim Etcheverry, entre 2002 y 2006). El bloque oficialista concentra su fuerza en las facultades de Económicas, Derecho, Psicología, Medicina, Farmacia y Bioquímica, Arquitectura, Odontología, Veterinarias y Agronomía.
La oposición también presentará un candidato a rector, sin chances reales de ser electo pero sí de plantear –según explicaron referentes del espacio– la necesidad de transformar la universidad. Este bloque se basa, principalmente, en consejeros de las facultades de Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y también suma apoyos minoritarios en otras unidades académicas.
Reforma del estatuto
Mañana sesionará el Consejo Superior de la UBA y el bloque oficialista aspira a impulsar un cambio en el temario de la asamblea. Además de la elección del rector, pretenden incluir la reforma del estatuto universitario (el conjunto básico de normas que rigen a la UBA). Después de múltiples y durante años postergados reclamos, la modificación del estatuto se abrió en 2007 (como producto de la crisis institucional del año previo) y se debatió en diversas comisiones durante meses. En 2008 finalmente la asamblea universitaria aprobó diversos cambios, pero sin abordar una cuestión clave, la conformación del cogobierno. Para plasmarse, los cambios acordados debían ser elaborados por una comisión redactora que nunca se conformó.
En la última sesión del Consejo Superior, el rector Barbieri anunció su idea de que mañana, nueve años después, el cuerpo se constituya en comisión para redactar aquella reforma. En rigor, el texto ya está redactado y mañana se intentaría votarlo, para que luego pueda aprobarlo la asamblea. El oficialismo cuenta con los votos suficientes para su aprobación, pero diversos sectores de la oposición adelantaron su rechazo a la iniciativa y presentarán una carta con dos planteos centrales. “No estamos en condiciones de votar, ni siquiera nos pasaron las actas de los debates de 2008. Entre gallos y medianoche se pretende aprobar algo que no se debatió en el Consejo Superior –dijo Ezequiel Galpern (La Mella), consejero superior estudiantil–. Vamos a proponer aplazar la reforma y abrir un proceso de debate genuino el año que viene. Queremos cambiar el estatuto, pero de una manera verdaderamente democrática. Esta reforma exprés clausura la posibilidad de discutir el cogobierno.”
En un sentido similar se pronunció la Facultad de Ciencias Exactas. Su consejo directivo advirtió que, pasados nueve años, hoy se tornaron “anacrónicos los acuerdos alcanzados” por quienes participaron de aquella asamblea, llamó a abrir un debate que “involucre al conjunto de la comunidad universitaria” para realizar a mediados de 2018 una nueva asamblea que reforme el estatuto, en particular el capítulo dedicado al cogobierno. Se trata de un tema clave, con numerosos aspectos por discutir: la forma en que se eligen decanos y rector (hoy es por voto indirecto), la representación de los docentes auxiliares (hoy excluidos del claustro de profesores) y de los trabajadores no docentes (sin voto en los órganos de gobierno), el lugar del Ciclo Básico Común (que no es considerado una unidad académica y no tiene cogobierno), entre muchos otros puntos.
