A partir de este viernes las prepagas aumentarán un 6 por ciento, según lo resolvió el Ministerio de Salud el mes pasado. Con este nuevo ajuste las prestadoras cerrarán el año con un incremento acumulado y autorizado por el Gobierno del 31 por ciento, un porcentaje superior a casi todos los indicadores de precios, con excepción de las tarifas de los servicios públicos, y muy por encima de las mejoras pactadas en los convenios salariales (de entre 20 y 22 por ciento). Los aumentos en las cuotas además no se justifican en un encarecimiento proporcional de la estructura de costos que tienen las empresas de medicina, de acuerdo con un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El 74 por ciento de los costos de las clínicas y sanatorios privados son laborales, mientras que el gremio de la Sanidad obtuvo un aumento de salarios desdoblado que en total suma un 22 por ciento. 

¿Por qué aumentan las prepagas?, interroga el informe de la fundación al que accedió este diario. Se supone que es la misma pregunta que debe hacer la cartera de Salud a las prestadoras antes de autorizar los aumentos. La reglamentación de la ley 26.682, que regula a las empresas de medicina prepaga, establece que las compañías del sector no pueden aumentar sus cuotas sin acuerdo de la autoridad de aplicación, para lo cual las firmas deben justificar la suba y someterse a un análisis de su estructura de costos.

De acuerdo con el relevamiento de la Fundación Soberanía Sanitaria, en el mercado existen unas 270 empresas de medicina prepaga, pero sólo ocho concentran el 61 por ciento de los afiliados y el 70 por ciento de la facturación. Ese universo además se divide entre las que tercerizan la totalidad de sus prestaciones, como OSDE, y las que cuentan con una red propia de servicios como Swiss Medical u Omint. En promedio, los gastos de administración y comercialización representan alrededor del 20 por ciento de los costos y el 80 por ciento restante corresponde al pago a los prestadores médicos, como clínicas, sanatorios o profesionales. De ese total, el 74 por ciento de los costos de las clínicas y sanatorios privados son laborales. El resto de la estructura está compuesta por insumos médicos (medicamentos, guantes, jeringas, etc.), no médicos (lavandería, retiro de residuos patogénicos, oxígeno), servicios públicos y gastos de mantenimiento.

Los trabajadores del gremio de Sanidad obtuvieron un aumento del 22 por ciento para el período julio 2017 hasta igual mes del año próximo, dividido en 13 por ciento en julio y 9 en octubre. Según el estudio, hasta septiembre el costo laboral aumentó en la estructura de las empresas 13 por ciento; los insumos médicos, un 19 por ciento; los no médicos, 16 por ciento; mantenimiento, 19 por ciento, y servicios públicos, 51 por ciento. Este último es el único que subió por encima del ajuste en las cuotas autorizados para el sector que a septiembre -previo al aumento del viernes-acumula un incremento del 23,9 por ciento promedio. 

De todos modos, el Ministerio autorizó en octubre un incremento de tarifas de las prepagas de hasta un 6 por ciento a partir del 1 de diciembre. Este se suma al 6 por ciento otorgado en febrero, 6 de julio, 5 de agosto y 5 de septiembre, “cerrando un aumento acumulado del 31 por ciento en las tarifas de las prestadoras de medicina de prepaga en 2017”. El año pasado el Gobierno había autorizado cuatro aumentos: en marzo (9 por ciento), junio (15), julio (5) y octubre (9), lo que arrojó un alza acumulado de 43,5 por ciento, también por arriba de la inflación. 

Esto se suma al impacto en el bolsillo de los usuarios de los aumentos en medicamentos, servicios públicos, transporte y combustibles, reseña el informe. “Es necesario priorizar el acceso a la Salud de la población, en el que sin dudas el sector público debe crecer en financiamiento ante una imposibilidad de resolverlo mediante el mercado, que es caro y tiene una lógica comercial”, aseguró Nicolás Kreplak, ex viceministro de Salud de la Nación y actual presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria.