Desde Santo Domingo

Un gran cantidad de bibliografía y análisis se han publicado, y de seguro se escriben también por estas horas, sobre las ultraderechas emergentes de Argentina, Brasil, El Salvador y otros países de la región. A tono, por supuesto, con una tendencia constatable también a nivel global, de la que da cuenta por ejemplo la organización de las recurrentes cumbres de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la “internacional reaccionaria” que acaba de sesionar en Buenos Aires.

Sin embargo, la atención ha estado mayormente centrada en aquellos países en donde estas tendencias se convirtieron en gobierno (como en los casos antedichos) o al menos en una opción de poder electoral latente. Pero la derechización no es un fenómeno apenas estatal o gubernamental, sino también –y en algunos lugares privilegiadamente– societal y paraestatal. El caso de República Dominicana es ilustrativo, ya que en aquella nación caribeña convergen todos esos niveles.

Por un lado es visible el giro cada vez más conservador de los últimos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a la cabeza de Leonel Fernández y Danilo Medina, y ahora también de los mandatos del presidente Luis Abinader, reelecto en mayo de este año para un segundo período. Abinader es un economista y empresario de ascendencia libanesa que revista en las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Las denominaciones radicales de ambas formaciones –“liberadoras”, “revolucionarias”– pueden y de hecho suelen inducir a error.

Esto se debe a que la memoria de Juan Bosch, una de las figuras más descollantes del siglo XX dominicano y caribeño (literato de envergadura regional, historiador de prestigio, presidente constitucional, fundador de dos partidos políticos), complejiza el análisis del espectro político dominicano, en donde diversos partidos políticos contemporáneos se reclaman herederos de su legado popular y progresista (aunque no sucede lo mismo con su anti-imperialismo ni con el marxismo sui generis que supo asumir en sus últimas décadas), y cultivan un boschismo meramente retórico y museístico. Incluso no han faltado los análisis, desde el progresismo latinoamericano, que equivocadamente han caracterizado como “progresistas” a los últimos gobiernos del PLD y el PRD.

Muy por el contrario, en los últimos gobiernos se profundizó el modelo económico neoliberal impuesto anteriormente por el PRD y el balaguerato, sustentado en la inversión extranjera desregulada, la primacía del sector financiero, las zonas francas, los servicios turísticos masivos, las remesas de la población dominicana migrante, la super-explotación de la mano de obra haitiana en la construcción y la agricultura y, cada vez más, en las difícilmente cuantificables economías ilícitas como el narcotráfico.

Pero también se dieron en estos tiempos notables hechos de corrupción, como los que vinculan a tres administraciones distintas con la trasnacional brasileña Odebrecht, lo que derivó en 2017 en la multitudinaria Marcha Verde contra la Impunidad. Además, debemos constatar el alineamiento político pro-norteamericano explícito (el país es de hecho un lugar de acogida, junto a Miami, de las extremas derechas de Venezuela, Cuba y otros países) y sobre todo la convergencia supra-partidaria en torno a una agenda anti-migrante, anti-haitiana, anti-feminista y anti-derechos.

Al día de la fecha República Dominicana es uno de los pocos países en donde son penalmente punidas todas las formas de interrupción voluntaria del embarazo, incluso cuando corre riesgo la vida de la gestante. El país pica en punta también en lo que refiere a embarazos y matrimonios de niñas y adolescentes, así como en lo que refiere al crecimiento de las confesiones evangélicas neopentecostales.

Todos estos factores han ido redundando en un notable proceso de derechización a nivel de las instituciones del Estado y de casi todo el sistema de partidos, con la excepción de algunas pequeñas y resilientes estructuras progresistas y de izquierda, y sobre todo de una serie de movimientos sociales, principalmente medioambientales.

Pero decíamos que la derechización se está dando en el país caribeño también a otros niveles. En Argentina, generó un comprensible y saludable revuelo el anuncio retórico de un “brazo armado” por parte de los formadores de opinión del gobierno liberal-extremista de Javier Milei. En Dominicana, para escándalo de casi nadie y ante el silencio de la comunidad internacional, existe ya un nutrido ecosistema de organizaciones semi-clandestinas y cuasi paramilitares que atacan a manifestantes, impiden concentraciones públicas, amenazan de muerte a periodistas, incitan a la violencia en todas sus formas e incluso fogonean pogromos contra la población migrante, particularmente haitiana.

Esta opaca trama incluye las conexiones y simpatías recíprocas con partidos políticos ultraconservadores como Fuerza Nacional Progresista, Patria Libre o Generación de Servidores, a un ecosistema de influencers y comunicadores encargados de normalizar y legitimar la imagen de estas organizaciones, a terminales gubernamentales en Migraciones y algunas alcaldías, a “movimientos” esquivos como Código Patria y sobre todo a la muy conocida Antigua Orden Dominicana.

Esta organización, acaudillada por Ángelo Vázquez (foto), se define como “nacionalista, conservadora, defensora de la patria, seguidora de Dios y pro-vida”, y resulta fácilmente distinguible por su narrativa reaccionaria, su impronta marcial, su estructura vertical, su indumentaria paramilitar (camisas negras, boinas y pasamontañas), su iconografía filo-nazi e incluso por la denunciada portación irregular de armas.

La Antigua Orden ha llegado incluso a desafiar el monopolio estatal de las funciones de seguridad y defensa, anunciando que “defenderían” la frontera dominico-haitiana por mano propia. Junto a grupos como Código Patria suelen organizar caravanas por el país bajo la consigna intolerante de no hablar, comerciar, alquilar viviendas ni vincularse con la población migrante, principalmente haitiana.

Es sobre todo en esta agenda en donde la derechización en los niveles gubernamental y paraestatal se interseccionan y retroalimentan. Pese a la denuncia de periodistas y movimientos sociales, estos grupos irregulares actúan a plena luz del día frente a la inacción del Estado, las fuerzas de seguridad y el poder judicial, y cumplen el inestimable papel –más allá de la sobreactuación de ciertas críticas al gobierno– de correr más y más a la derecha el espectro de lo posible y lo decible, construyendo a los más vulnerables como chivos expiatorios, y permitiendo a la administración de Abinader fungir como presunta mediadora de las “legítimas” demandas sociales.

Así, República Dominicana es uno de los procesos más avanzados –y menos analizados– de la emergencia de nuevas derechas radicales.