Tras las detenciones de la semana pasada a cuatro abogados, al término de la segunda audiencia del juicio que se sigue en Reconquista a uno de ellos -el penalista Ricardo Degoumois- por delitos contra la integridad sexual, todos quedaron imputados por amenazas, en perjuicio de la madre de la víctima. Pese al pedido de la Fiscalía para que quedaran en prisión preventiva, el juez Gonzalo Basualdo resolvió la libertad bajo fianza de 20 millones de pesos para cada uno, reglas de conducta y prohibiciones de contacto. Mañana continúa el juicio por abuso sexual simple que se sigue a Degoumois -quien llegó en libertad al debate-, donde enfrenta un pedido de pena de cuatro años y tres meses de prisión, e inhabilitación perpetua para ejercer la profesión.
Después de los arrestos, la imputación que recayó sobre los abogados Ricardo Degoumois; Ricardo Degoumois (hijo); Andrés Ghio y Daniel Barale, estuvo a cargo del fiscal Valentín Hereñú y las fiscalas Georgina Díaz y Alejandra Del Río Ayala, en una audiencia que terminó el lunes por la noche.
La causa derivó del juicio que se le sigue a Degoumois padre, por abuso sexual simple en perjuicio de una adolescente que tenía 14 años -prima de un cliente suyo- cuando fueron cometidos los hechos, en 2022, en el marco de citaciones al estudio, donde iba a "prepararse" para una declaración. Las detenciones fueron a partir del testimonio que brindó la madre de la víctima en dicho juicio oral. “En su declaración, la mujer dio detalles de las amenazas que sufrió por parte de los cuatro imputados. Puntualizó que le hicieron decir en el juicio información falsa que ya habían incluido en una declaración previa que la obligaron a firmar bajo presión”, señalaron los fiscales.
Según detallaron, "entre septiembre y noviembre de este año, ante el comienzo del juicio, los cuatro imputados generaron numerosos encuentros con la madre de la víctima". Incluso, indicaron que "los cuatro abogados conocían la situación de vulnerabilidad de la mujer y se aprovecharon de ello. También sabían del vínculo de parentesco y cercanía afectiva de ella con un hombre imputado en otra causa penal, quien es defendido por los letrados investigados”.
En ese contexto, señalaron que “para la primera reunión con la madre de la víctima, una clienta de Degoumois –bajo órdenes de los cuatro imputados– se contactó con la mujer, coordinó el encuentro y la llevó hasta el lugar”. Una vez allí, "le mostraron evidencias que utilizarían en el juicio oral y con la que le dijeron que atacarían la dignidad y el honor de su hija”, relataron los fiscales, quienes sostuvieron que “tenían como objetivo que la mujer cambie la abogada que había elegido, y designe un profesional de confianza de los imputados”.
Al mismo tiempo, afirmaron que los letrados “le dijeron que si ella lograba influir sobre su hija para que desista de sus acusaciones, le comprarían una moto y le entregarían dinero”. Por otra parte, señalaron que “en tres oportunidades le entregaron dinero a la mujer. La primera, a través de la persona que coordinó los encuentros; y la segunda y tercera, a través de uno de los abogados imputados”.
Declaración falsa
Hereñú, Díaz y Del Río Ayala indicaron que "en uno de los encuentros obligaron a la madre de la víctima a firmar una declaración con falso contenido, para luego utilizarla como declaración previa en el juicio", y subrayaron que fue "en un contexto intimidatorio, mientras la mujer era filmada suscribiendo el documento".
Así, una vez iniciado el debate, en la audiencia del jueves pasado, "el acusado de delitos sexuales utilizó la declaración previa mientras ejercía su propia defensa técnica. En ese acto, el documento quedó incorporado al proceso, y se generó el peligro concreto de que las falsas declaraciones contenidas en el mismo indujesen a error a la Fiscalía y al tribunal”.
En rigor, “los abogados imputados lograron el objetivo que se habían fijado en el marco del plan criminal, es decir, que la madre de la víctima y testigo del juicio –declarando bajo juramento– admitiese como verdaderas las afirmaciones falsas contenidas en el documento, todo a partir del temor provocado en ella, lo que le impidió el libre desarrollo de sus actos”.
A los cuatro profesionales se les endilgó amenazas coactivas y falso testimonio. En tanto, a Barale y Ghio también se les atribuyó encubrimiento, y a Ghio, la tenencia ilegal de armas de fuego, ya que "en un allanamiento en su casa se encontraron dos escopetas, una carabina y una pistola 9 milímetros, aptas para disparo, y que no tenía debida autorización legal”.
Con todo, Fiscalía solicitó las prisiones preventivas, y si bien “el juez consideró suficientes las evidencias", "correctas las calificaciones penales y sostuvo que están presentes tanto la posibilidad de entorpecimiento probatorio, como el peligro de fuga”, evaluó que "los riesgos procesales podían neutralizarse con medidas menos gravosas que la prisión preventiva", por lo que dispuso normas de conducta, entre ellas, la prohibición de contacto con la víctima y testigos; prohibición de acercarse al puerto de Reconquista y de salir de la provincia y del país. También deberán presentarse dos veces por semana en el MPA y estableció una fianza de 20 millones de pesos para cada uno.
En tanto, mañana retoma el juicio por abuso que quedó suspendido ante las detenciones. “Es de suma importancia que se reanude el juicio oral", dijeron desde Fiscalía.
Cuando se inició el juicio, diferentes organizaciones acompañaron la jornada y el pedido de justicia. "Si fueran otras personas, seguramente se los dejaría (detenidos) porque sería un riesgo que estén libres", cuestionó Mariana Meza, de Mumalá Reconquista.
