La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ayer por unanimidad la condena de 15 años de prisión al expolicía Mario Sandoval por delitos de lesa humanidad en la ESMA. El máximo tribunal penal del país, integrado por Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, le ordenó al Tribunal Oral Federal 5 el resguardo de pruebas y testimonios para su acceso, reutilización y difusión, invocando comunicaciones de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el negacionismo y el desmantelamiento de los equipos encargados de trabajar con los archivos de las Fuerzas Armadas. “Churrasco” Sandoval fue uno de los represores que el año pasado llamó a votar por Javier Milei y que en marzo último recibió la visita de funcionarios del Ministerio de Defensa a cargo del radical Luis Petri.

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Sala II de Casación confirmó la sentencia que dictó el TOF-5 porteño en diciembre de 2022, cuando condenó al subinspector retirado de la Policía Federal a 15 años de prisión como coautor del secuestro y las torturas contra Hernán Abriata, un estudiante de Arquitectura de la UBA y militante de la Juventud Universitaria Peronista secuestrado en octubre de 1976 que permanece desaparecido. Fue el sexto juicio por delitos de lesa humanidad en la ESMA.

Sandoval trabajaba en el Departamento de Asuntos Políticos de la Superintendencia de Seguridad Federal cuando en la noche del 30 de octubre de 1976 se presentó como el hombre a cargo del operativo de fuerzas de seguridad en la casa de la familia Dittmar, en el barrio porteño de Belgrano. Buscaban a Abriata, que ya no vivía ahí sino a pocas cuadras, junto a su flamante esposa Mónica Dittmar. La patota tomó como rehén al padre, Carlos Abriata, y lo fueron a buscar al departamento del que lo secuestraron. Un mes después, con Abriata encerrado en Capuchita, en la parte alta del Casino de Oficiales de la ESMA, recibió una felicitación por su participación en “procedimientos antisubversivos”. Los sobrevivientes Carlos Loza, Oscar Repossi y Rodolfo Picheni dieron testimonio del cautiverio de Abriata, quien les encargó que si salían en libertad le avisaran a su familia dónde estaba.

A mediados de los ‘80 Sandoval dejó el país y a fines del ‘87 se instaló en París, Francia, donde permaneció prófugo durante una década luego de que ser denunciado por una estudiante de La Sorbona que lo tuvo como profesor y cuyos padres eran exiliados argentinos. En 2008 Página/12 informó sobre su rol en el Consejo de Defensa que asesoraba al presidente Nicolas Sarkozy, que lo llevó a participar de la comitiva francesa que negoció la liberación de Ingrid Betancour en Colombia.

El juez federal Sergio Torres, por entonces a cargo de la instrucción de la megacausa ESMA, pidió en 2012 su captura internacional para indagarlo por su rol en los crímenes de un centenar de personas que pasaron por la ESMA. Pero la extradición recién pudo concretarse en diciembre de 2019 y sólo para ser juzgado por el caso Abriata.

Casación confirmó ayer por unanimidad la condena dictada en 2022. El juez Slokar, en minoría, sostuvo que debía hacerse lugar al pedido de justicia de la familia Abriata para que los hechos se calificaran como “constitutivos del crimen de genocidio en los términos convencionales, en tanto parten de ‘una política de exterminio focalizada sobre un grupo nacional particular con el objeto de, a través de la violencia física y la difusión del terror, lograr la reorganización del conjunto de la sociedad. El accionar represivo aparece así como un medio para la obtención de un fin: el martirio de los individuos en tanto parte de un colectivo determinado, socialmente significativo para los victimarios, y el extermino de ese colectivo como instrumento para la modificación de los lazos sociales’”.

El magistrado remarcó el “voluminoso y complejo acervo probatorio” y su importancia en la construcción de una memoria colectiva, recordó las reglas prácticas dictadas por Casación para conservar la prueba, proteger a las víctimas y evitar su revictimización, y señaló que “se impone resguardar el derecho de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sus familiares ‘a conocer la verdad’, que ‘constituye un medio importante de reparación para la víctima y sus familiares y da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer’, a la vez que facilita ‘la búsqueda de formas de prevenir este tipo de violaciones en el futuro’”.

Slokar resaltó las recientes comunicaciones de expertos de la ONU y de la CIDH que instan al gobierno argentino a evitar posturas relativistas o negacionistas ante graves violaciones de los derechos humanos. “Resulta imperativo hacer referencia a los recientes mandatos formulados al Estado argentino por los relatores de las Naciones Unidas, Bernard Duhaime, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé, Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; y Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas, en la comunicación realizada el 2 de mayo de 2024 en la que expresan “grave preocupación […] frente al desmantelamiento de equipos y programas encargados de investigar y analizar la documentación y los archivos existentes respecto del accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar”, que “puede contravenir la obligación del Estado argentino de investigar y sancionar tales violaciones, de garantizar el acceso a la verdad sobre las mismas, y de asegurar la preservación y el acceso a los archivos históricos de dichas violaciones”.