La Justicia laboral de Rosario hizo lugar a una acción de amparo contra la reforma previsional, en relación al aporte solidario de emergencia y el tope de haberes, presentada por la ex camarista Elena Ramón. La resolución de la jueza Patricia Otegui fue cuestionada por el secretario de Seguridad Social provincial, Jorge Boasso, quien adelantó que la provincia apelará. "Hay 80 amparos contra la Reforma Previsional, involucrando más de 200 personas. Solamente tenemos sentencias adversas en 2 casos (en primera instancia), y son ex jueces, justo del Poder Judicial", escribió Boasso en la red social X, al tiempo que ironizó sobre "la pobre camarista" y ventiló su recibo de sueldo. 

El fallo de la jueza Patricia Otegui señala que “es importante destacar que la demandada afirma que el proyecto fue elaborado por el Poder Ejecutivo en base al informe realizado por la Comisión de Análisis del Sistema Previsional, creada para analizar el estado de situación del régimen jubilatorio de la Provincia. Ahora bien, obra en autos el informe de la Comisión de Análisis arriba mencionada, en el cual no encuentro que ésta haya concluido en la existencia de un estado de emergencia previsional”, publicó el portal Versión Rosario. 

Otegui agrega sobre la resolución "que la fiscal María Laura Martínez, en un notable y destacado dictamen, ha coincidido con los criterios y fundamentos de esta magistrada (tanto en la admisibilidad de la vía del amparo, cuanto en la falta de razonabilidad en la declaración de emergencia del subsistema previsional) aconsejando favorablemente a la procedencia del amparo”.

La resolución generó un nuevo cruce entre el Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia. "Están fallando por interés propio, porque están fallando en aspectos de la ley que les va a alcanzar en el futuro cuando se jubilen", criticó Boasso, en LT8. Y cuestionó que los amparistas, en este caso y el de noviembre (ya apelado), "no son jubilados que ganan 270 mil pesos la mínima, son jubilados que cobran 9, 10, 11 millones por mes". 

De hecho, Boasso publicó el recibo de sueldo de la amparista, en el que se ve su nombre y apellido y la cifra de la jubilación, que supera los 11 millones de pesos. Ante esta violación de un documento privado, el representante legal de la jubilada, Agustín Genera, le respondió en la misma emisora: “Lo que tiene que hacer Boasso es apelar, no atacar a las personas, porque los desalienta a ejercer su derecho, derecho humano de acudir a la Justicia".

El representante legal de la ex camarista Elena Ramón señaló los efectos de prácticas como las realizadas por Boasso: "Quiere que tengan miedo al escrache y que los jueces tengan miedo a resolver para no ser criticados por la opinión pública. Degrada la calidad democrática”.

El cruce fue similar al del mes pasado, cuando una magistrada del fuero local hizo lugar a un recurso de amparo presentado por 18 jueces y funcionarios judiciales jubilados contra la Ley de Emergencia Previsional.