Referentes de los organismos de derechos humanos y personalidades de la política y la cultura exigieron "el inmediato rechazo" del hábeas corpus en favor de los genocidas que todavía están presos y buscan eludir la justicia. Pidieron "que no liberen a ninguno de ellos y que no se siga concediendo prisiones domiciliarias sin razones humanitarias que las fundamenten".
El documento lleva las firmas de la presidenta de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, el Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel, el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti, la exministra de Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta así como los diputados Hugo Yasky, Juan Marino y Carlos Castagneto, entre otros.
También acompañaron la declaración los sobrevivientes Pablo Díaz y Margarita Cruz (AEDD) así como la psiquiatra Diana Kordon (EATIP) y el abogado Nicolás Tauber. La dirigente del PTS Myriam Bregman fue parte de la iniciativa al igual que Cecilia De Vincenti --hija de Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo-- y la periodista Ana Bianco --hija de María Eugenia Ponce de Bianco, una de las Madres marcadas por Alfredo Astiz y secuestradas en diciembre de 1977. El comunicado reunió en pocas horas más de 1000 adhesiones, remarcaron los impulsores.
Días atrás, organizaciones de "memoria completa" presentaron un hábeas corpus en favor de los criminales de la dictadura, "mintiendo acerca de que no está garantizada su salud en sus lugares de detención", precisaron los firmantes. "La salud de los genocidas está garantizada en sus lugares de detención. Sus condiciones de detención son controladas permanentemente por los Tribunales Federales intervinientes", contestaron.
"Los genocidas están detenidos en cárceles especiales que cuentan con médicos, enfermeros, ambulancia (las 24 horas del día) y todas las condiciones para atender los problemas de salud que presentan. En particular, las Unidades 31 y 34 del Servicio Penitenciario Federal (Ezeiza y Campo de Mayo)", describieron.
"Denunciamos el intento de liberar a los genocidas a través de un hábeas corpus planteado ante un juez perteneciente a los tribunales penales ordinarios cuando los tribunales competentes son los federales. Con esta acción se pretende lograr la impunidad de los genocidas que aún permanecen detenidos en unidades carcelarias. Según las últimas estadísticas oficiales, del Ministerio Público Fiscal, hay 508 detenidos en prisión domiciliaria y 134 en Unidades del Servicio Penitenciario Federal (56 de ellas en la Unidad de Campo de Mayo)", siguieron.
"El intento de imponer la impunidad hace peligrar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia conquistado por la lucha de nuestro pueblo", concluyeron.
El jueves, se celebró una audiencia en el Palacio de Justicia para escuchar el reclamo de los genocidas. El juez Martín Yadarola aún no dio a conocer su pronunciamiento.
