“Hay compañeros con 40 años que llorando te dicen ‘yo pensaba jubilarme acá’. A esos compañeros tenes que decirles que no hay chance, que no hay enero. Son compañeros que soportaron muchas crisis y de golpe viene este gobierno protoliberal y ven que se llevan sus cosas a su casa sabiendo que no vuelven más, una realidad que se replica en largo y ancho de la provincia.”

Eduardo Barraza resume las últimas horas de la fábrica de margarina Dánica en Llavallol. El Grupo Beltrán, dueño de la histórica planta en el sur del conurbano, decidió cerrar las puertas por, según ellos, falta de trabajo. Desde el sindicato de aceiteros denunciaron un vaciamiento, pero advierten que la Ley Bases estableció como delito penal el bloqueo de una empresa, lo que los dejó sin herramientas para pelear.

“Hoy los empresarios tienen la sartén por el mango”, dice Barraza a Buenos Aires/12. Integrante del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Aceite (SOEIA), es una de los más de 150 trabajadores que se quedaron sin empleo tras la decisión del grupo económico cordobés de cerrar la producción de margarina en la fábrica fundada en 1939.

Operario en el área de mantenimiento, Barraza sostiene que “el grupo arrancó con el vaciamiento de la planta, no comprando insumos ni repuestos, donde todo lo atábamos con alambre”. Ante este escenario, señala que el 8 de noviembre hicieron la denuncia pertinente ante el Ministerio de Trabajo bonaerense. El 11 del mismo mes, dice, la empresa confirmó las maniobras y notificó que bajaría las persianas el 31 de diciembre de 2024.

Con este marco, cuenta que comenzaron las audiencias y las negociaciones. “Insistían con el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo que permite dar el 50 por ciento de la indemnización”, subraya. El texto del artículo brinda esta posibilidad cuando el causal de despido es la “falta o disminución de trabajo”, dándole el beneficio a los empleadores de liquidar indemnizaciones a la mitad del valor que corresponde.

Allí, señala Barraza, se plantaron. Lograron que, tras tres audiencias, hoy se estén negociando las indemnizaciones bajo el artículo 245 de la LCT, lo que avala liquidaciones al cien por ciento. “Pasa que ahora nos quieren pagar en doce cuotas”, acusa Barraza.

A su juicio, lo que hoy padecen más de 150 familias de Dánica que pierden su fuente de ingreso, son las consecuencias del gobierno de Javier Milei que, recientemente cumplió un año de gestión. Advierte que “el consumo se había derrumbado y se notaba”.

Su lectura tiene un correlato con los indicadores provinciales. El ministro de Economía de la Provincia, Pablo López, publicó los últimos datos actualizados referidos al consumo en los supermercados bonaerenses. En septiembre, la caída interanual estuvo por encima del 11 por ciento, un nivel “históricamente bajo”, según el ministro.

Este golpe de parte del Grupo Beltrán tiene un condimento extra: la imposibilidad de actuar con contundencia. “La Ley Bases determinó que el bloqueo a una planta es un delito penal, entonces, sin meter miedo, si queremos evitar que se lleven hasta un tornillo, los abogados que consultamos coincidieron en que nos pueden meter una denuncia penal lo que les permite que te despidan con causa y te vas con cero pesos”, explica Barraza.

“No poder hacer nada hoy porque los empresarios son los favoritos de Milei”, remarca.

Problemas desde el minuto cero

“Somos el grupo frigorífico más grande del país compuesto por capitales exclusivamente argentinos”, dice la carta de presentación del Grupo Beltrán en su web. El grupo económico cordobés resalta que es “la empresa número 1 argentina en faena ganadera con más de 2 mil empleados”. Detalla que tiene 8 plantas frigoríficas por un total de 85 mil metros cuadrados distribuidas en Córdoba, Catamarca y Santiago del Estero.

Barraza tiene en claro que “ellos fueron muy favorecidos por este gobierno y es una falacia que estén pasando un mal momento”. “Les mejoraron todas las condiciones para la exportación”, señala el dirigente sindical sobre la firma que encabeza la lista de frigoríficos que más faenan carne bovina en el país y que tiene la venta de carne al exterior como un eje de sus finanzas.

Los datos ejemplifican la mejoría en la vida de los exportadores a partir de, por ejemplo, reducciones impositivas. Según informe de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, durante el período enero-septiembre de 2024 se exportaron casi 700 mil toneladas de carne vacuna “lo que representa el registro más alto de los últimos 57 años”.

A pesar de esta balanza comercial, la vida de Dánica en Llavallol no fue próspera para el grupo. De todas formas, eso no fue una novedad para Barraza. Relata que, desde el momento que Grupo Beltrán compró la firma en 2018 y tomó las riendas en 2019, los problemas fueron una constante. Para tomar dimensión, el dirigente recuerda que la primera vez que los empresarios cordobeses tuvieron que pagar la quincena, lo hicieron con demora. “Nos la pagaron en dos cuotas”, detalla.

“La relación arrancó mal, donde nos chicaneaban y generaban conflictos”, apunta. Explica que GB tomó posesión de Dánica en febrero de 2019 y en abril ya habían despedido a 33 trabajadores de los que se pudieron reincorporar 16. “Todo durante el gobierno macrista, donde había pocas posibilidades de defender al obrero”, subraya.

Este cuadro era atípico para los empleados de la fábrica de margarina. Hasta el 2011, cuenta Barraza, tanto la planta de Llavallol como la de aderezos en Mercedes, provincia de San Luis, pertenecieron a la familia fundadora. En aquel momento, Brasil Foods (BRF), adquirió la compañía y la sumó a su lote de más de treinta empresas alimenticias, como Sadia, Paty y Vieníssima. Pero, en 2017, atravesó acusaciones en Brasil sobre adulteración en la carne que le redujo las ventas y se desprendió de Dánica, tal como señala Barraza.

“Beltrán se lo compra a la mitad de lo que lo pagó BRF”, apunta. A partir de entonces, los problemas fueron moneda corriente. Tras el cambio de gobierno en diciembre de 2019 y en el marco de las negociaciones paritarias bajo el convenio aceitero, “la empresa hizo un lockout”. El representante de SOEIA cuenta que “en abril del 2020 nos dejaron afuera” en plena pandemia y cerraron la planta. A la brevedad, y con la intervención del ex Ministerio de Trabajo y el de la Provincia, la situación se encauzó.

“Los gobiernos han comprometido el mejor esfuerzo para que en las primeras semanas se implementen medidas de asistencia crediticia, beneficios del programa de Recuperación Productiva (REPRO) y un procedimiento preventivo de crisis que permitan transitar la emergencia”, fue el comunicado que expuso el Grupo Beltrán.

En noviembre del mismo año, el conflicto se repitió, dice Barraza, y durante dos meses no percibieron su salario. “Fueron unas Fiestas sin un peso”, rememora.

Resalta que, por aquellos días, el propio Axel Kicillof se acercó a la reapertura. “Consiguieron exenciones impositivas y se le dio una mano a la fábrica con sus subsidios, pero nunca acataron las paritarias aceiteras”, señala.

Así, entre 2021 y 2023, el sueldo estuvo congelado. Durante el último año del gobierno del Frente de Todos, Barraza se sumó al sindicato y, junto a otro grupo de empleados, consiguieron una readecuación. Dice que arrancaron en enero del 2023 cobrando el 60 por ciento del salario de un aceitero para terminar en el 80 para agosto. “Nunca nos reconocieron el total”, remarca.

El final y las expectativas

Con las nuevas condiciones laborales a partir de la Ley Bases, Barraza relata que en octubre de 2024 comenzaron los retiros voluntarios. “Ellos esperaban que fueran unos 50 retiros, pero fueron 15 más o menos”, indica. A partir de entonces, empezó el “vaciamiento” denunciado por el sindicato y, paradójicamente, confirmado por la empresa en las propias actas ante el ministerio, la mudanza de su producción a Córdoba acompañado por el descarte de los empleados por el menor costo posible.

“Beltrán buscaba la marca, porque lo que vende es la marca, y como ellos no tenían estructura para producir en Córdoba, lo hacían acá porque tenían condiciones más rentables como la energía y las exenciones”, detalla Barraza.

Señala que, durante la pandemia, hubo récord de ventas y de producción. Luego, empezó la caída. Meses atrás, la firma cordobesa se llevó una línea de producción que equivalía al 40 por ciento de lo que generaba la planta y que demandaba la operación de diez personas.

A su vez, indica que, en los últimos meses, ya sólo se producía margarina para las góndolas de los supermercados y que la fábrica estaba abocada a refinar aceite para el propio Grupo Beltrán y satisfacer su propia demanda en Córdoba. Es que, en Llavallol, la particularidad es que se elaboraba margarina a base de aceite vegetal y no de grasa animal.

Así, el remate llegó con el desplome del consumo. Cien empleados enmarcados en el convenio de trabajo aceitero, cincuenta por fuera del convenio y alrededor de cuarenta tercerizados, quedaron en la calle. En este momento, ya hubo visita de los agrimensores porque todos los terrenos e inmuebles están a la venta, dice el dirigente sindical.

 

Ve su futuro y el de sus compañeros con mucha oscuridad. Desde su Fiorito natal, se despertó “sin tareas” en su casa para contar la situación a este medio, al mismo tiempo que recuerda sus primeros días cuando entró por contar con formación de la "vieja" escuela técnica. "La que liquidó el menemato", aclara. 

Dice que no sabe qué hará. “Antes, al menos ibas a La Vasa o la Firestone acá en Llavallol y podías encontrar laburo, pero hoy están todos en la misma”, cierra la charla con la expectativa de que, al menos, le paguen la totalidad de la indemnización entera y no en cuotas.