Tras la novedad de la reapertura de la investigación sobre presuntas irregularidades en la empresa Salta Forestal, el ex diputado provincial Claudio del Plá y la ex senadora provincial Gabriela Serrano, del Partido Obrero, informaron que presentarán ante la administración de justicia nuevos hechos respecto a la situación de la empresa estatal.
Esta causa se inició en 2017 por denuncia de Del Plá y de Cerrano. Tras la novedad de la reapertura de la causa, los denunciantes intentaron hablar con el fiscal interviniente, pero hasta el momento no fueron recibidos.
El 23 de octubre pasado el fiscal penal Daniel Alejandro Escalante, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de manera interina, desarchivó la investigación de una denuncia que cuestiona la actuación administrativa provincial con la empresa Eco Desarrollo Salta, a la cual a fines en la década de 1990 se le concesionaron más de 300 mil hectáreas de la estatal Salta Forestal.
Durante la gestión de Juan Manuel Urtubey se creó una Unidad Renegociadora de Contratos (UNIREN), y se impulsó el cobro de un canon a la empresa a cargo de las tierras, en ese momento en manos de Alfredo Olmedo, padre del legislador mileista en el Parlasur y que lleva su mismo nombre.
Pero por denuncias cruzadas entre el gobierno provincial y la empresa se llegó a un acuerdo transaccional que derivó en una condonación de 300 millones de pesos de deuda.
A los dos años la denuncia de los legisladores del PO quedó archivada que el 23 de octubre pasado el Ministerio Público Fiscal informó sobre la reapertura por “nuevos hechos” ponderados por Escalante. La novedad se conoció casi un mes después de reabierta la causa y hasta el momento, y pese a los persistentes pedidos por conocer las razones del desarchivo, no se brindó información.
Anticipándose a juicios posibles respecto de un aprovechamiento político ante la cercanía de elecciones, el fiscal Escalante ya había informado que la reapertura no respondía a una decisión caprichosa. Más bien tenía que ver, dijo, con “la toma de conocimiento de aspectos relevantes y adyacentes a lo que habría acontecido en la concesión cuestionada, genera un planteo e hipótesis fiscal de investigación diferente y con nuevas circunstancias”.
Un pago que alcanza al 2% de la producción
El lunes último los ex legisladores y militantes de izquierda convocaron a una conferencia de prensa en la cual sostuvieron que harán presentaciones a la fiscalía. Consideraron que hay nuevos hechos que determinan que continúa el incumplimiento de la Ley 7623, que establece las condiciones económicas para la explotación de inmuebles rurales de propiedad del Estado provincial.
El señalamiento se enmarca en lo dispuesto por el artículo 3 de la ley 7623, que sostiene que el canon a pagar a la provincia tiene que ser por lo menos del 10% del valor de la producción anual que se obtenga con la explotación de las tierras.
Del Plá mostró distintos cuadros, de los que surge que desde 2011, un año después de sancionada la ley, hasta lo que va de 2024, se estima que la provincia debió haber recibido por este canon 117 millones de dólares y solo se abonaron 17 millones de dólares. “Son entre 95 y 100 millones de dólares menos en todos estos años, tanto en el gobierno de Urtubey y de Sáenz”, sostuvo el ex diputado.
Para llegar a esa conclusión, Del Plá indicó que en estos 13 años el precio de la soja varió desde los 370 dólares a los 670 dólares la tonelada. En Salta Forestal las empresas a cargo (Cresud y Anta del Plata, del Grupo Ruiz), tienen en producción unas 65 mil hectáreas con un rendimiento estimado de 162 mil toneladas por campaña.
Cresud, identificada con el empresario Eduardo Elsztain, “como tiene tierras propias también tiene tierras arrendadas. Y por arriendo cualquiera de estas empresas paga el 22% de la producción”, dijo Del Plá al sostener que tanto esta empresa como la del Grupo Ruiz (hoy dueño del ingenio San Isidro en Salta), “pagan entre 1 y 2%” de canon", cuando deberían retribuir con un 10%.
“Le vamos a decir al fiscal que ha reabierto la causa que iniciamos en 2017 que tome en cuenta esta nueva realidad porque el robo continúa en Salta Forestal. Y tenemos que poner fin a este robo que continúa en Salta Forestal”, dijo Del Plá. Indicó que, de todas maneras, el objetivo final del Partido Obrero es que “las tierras sean recuperadas para que el 100% de esta renta” sea redirigida y las decisiones sean tomadas por una organización dirigida por campesinos y trabajadores rurales. Otro objetivo es que se levante la concesión que el entonces gobernador y hoy senador nacional Juan Carlos Romero, otorgó por 64 años para que privados exploten tierras estatales.
“Estamos pobres como estamos por gobiernos como el de Romero, Urtubey y Sáenz, que del patrimonio público hacen beneficio de estos empresarios parasitarios”, concluyó.
