El Congreso de Ecuador exhortó al presidente Daniel Noboa a suspender "de manera inmediata" el proyecto para la construcción de una cárcel en la Amazonía, anuncio que generó protestas y el rechazo por parte de las mayores organizaciones indígenas del país.
Con 95 votos a favor y 24 en contra, la Asamblea Nacional aprobó la resolución en la que pidió al mandatario y al organismo que administra las prisiones (SNAI) "suspender de manera inmediata" la ejecución del proyecto en la provincia de Napo.
El Legislativo, de mayoría opositora, también solicitó al presidente que "desista de imponer la construcción" de una penitenciaría de máxima seguridad en "todo el territorio amazónico".
Desde hace una semana pobladores de la localidad de Archidona bloquearon rutas con piedras, palos y neumáticos para expresar su rechazo a la construcción de la cárcel, que es parte del plan de Noboa para combatir el creciente crimen organizado.
Otra prisión de máxima seguridad que está siendo edificada en la provincia de Santa Elena, sobre la costa, y también tuvo resistencia de pobladores.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) realizó una conferencia de prensa para expresar su oposición al plan del gobierno. "Nos sumamos a la lucha y a la resistencia de los pobladores de Napo”, dijo José Esach, presidente de la Cofeniae.
Agregó que la construcción de la cárcel es "un proyecto inconsulto, que ha violado el proceso de consulta libre e informada" que ordena la Constitución a los habitantes de la zona, que incluye a indígenas.
Por su parte, Zenaida Yasacama, vicepresidenta la de la Conaie, la mayor organización indígena del Ecuador, apuntó que los pueblos originarios declararon "en emergencia a la Amazonía ecuatoriana porque vive en total abandono".
En junio pasado, el gobierno inició en Santa Elena la construcción de una de las dos cárceles de máxima seguridad prometidas por Noboa. Esta tendrá capacidad para 800 reclusos y se sumará a las 36 que hay en el país.
El presidente explicó que su plan era separar a los reclusos más peligrosos y con ello frenar las masacres carcelarias en las que desde febrero de 2021 murieron cerca de 500 presos. La matanza más reciente -de 17 presos- ocurrió el mes pasado en la penitenciaría de Guayas.
