El Jurado de Enjuiciamiento de Salta destituyó esta tarde al juez Claudio Alejandro Parisi, quien estaba al frente del Juzgado de Garantías de Segunda Nominción de Orán. Además, lo inhabilitó por ocho años para ocupar cargos públicos. 

El ahora ex magistrado había llegado a esta instancia suspendido en sus funciones y detenido, en causas penales en las que se lo investiga por supuesto cohecho. 

La destitución había sido pedida por el procurador general, Pedro García Castiella, por las causales de mal desempeño e incumplimiento de sus funciones basándose en la actuación del juez en cinco casos que se tramitaban en su Juzgado. Se trata de dos causas sobre hechos de narcomenudeo, una por un robo agravado, una por un homicidio culposo y otro caso que comprende dos procesos, la causa contra un acusado por tentativa de femicidio y la causa en la que luego se investigaba el homicidio por sicarios de este último acusado, cuando se encontraba en arresto domiciliario. 

Fueron todas “causas de una gravedad inusitada”, afirmó el procurador al ratificar la acusación. Por distintas vías estas causas tienen vinculación con acciones del crimen organizado que García Castiella viene denunciando desde hace tiempo. 

"Es necesario dar una respuesta categórica ante este tipo de situaciones”. “Es una matriz de corruptela y descomposición que lamentablemente ha llevado a esta Procuración a formular cuestionamientos a los tres jueces de garantías del distrito judicial de Orán". Es similar a lo que pasó con el ex juez Raúl Reynoso en la justicia federal, afirmó el jefe del MPF. 

En este sentido señaló específicamente el caso del homicidio de César Daniel "Oreja" Martínez cuando se encontraba cumpliendo domiciliaria ordenada por Parisi en una causa en la que se lo investigaba por intento de femicidio. Martínez estaba en el jardín de su casa un domingo por la tarde cuando dos hombres en motocicleta irrumpieron y le dispararon 17 balazos, de los cuales once impactaron en él y le provocaron la muerte. Los asesinos eran apoyados por otros dos motociclistas. 

“Si hubiese estado detenido en un lugar de alojamiento”, “este hecho no hubiera sucedido”, dijo el procurador antes de recordar que el Tribunal de Impugnación señaló que este crimen es doblemente grave porque se cometió en perjuicio de un detenido a cargo de un juez. También destacó que se hubiera cometido a plena luz del día, lo que habla de la impunidad, dijo. 

Este hecho “exige un compromiso con coraje de todas las instituciones”, “el único resguardo (contra el avance del crimen organizado) es que estos hechos no queden impunes”, aseguró. “La única forma de frenar estos hechos es que no queden impunes. En este compromiso también incluyo a la prensa”. “Necesitamos instituciones sólidas con respuestas firmes y contundentes”, afirmó.

En esta línea celebró que un candidato a intendente, José Dimas "Oso" Ruiz, esté preso, y esté detenido "un violento, con la presunción de ser el autor de muchos de estos hechos", Cristian "Gringo" Palavecino, y que un intendente, de Aguas Blancas, Carlos Alfredo "Conejo" Martínez, haya sido intervenido y esté investigado. Esto indica que "hubo una reacción de las instituciones”, dijo. 

“Consideramos que esta acusación ha probado sobradamente las causales de mal desempeño por las cuales ha sido acusado el magistrado”, afirmó antes de pedir un pronunciamiento del Tribunal “claro, categórico, con coraje, con contundencia porque es la única manera que vamos a poder dar respuesta" y terminar con estas acciones de corrupción. Estos tiempos “imponen a nuestra provincia nuevos desafíos y que tenemos que estar a la altura para neutralizarlos”, afirmó. 

Concluyó solicitando la remoción del cargo del juez y su inhabilitación para ocupar cargos públicos por el tiempo que el Tribunal lo considerara. 

Acusaciones conjeturales 

El abogado defensor Guillermo Mauricio Alberto apuntó a errores de la acusación, consideró que se violó la presunción de inocencia porque el equipo del MPF mencionó reiteradamente la acusación penal por cohecho que pesa contra el ahora ex magistrado, aunque todavía no hay sentencia firme. 

“Este error del MPF tiene fundamento en que no se ha podido construir una teoría típica y diferenciada de las causales por las cuales” se somete a jury a Parisi, afirmó. “Tiene un error grave de fundamentación” porque no se puede decir que el juez incurrió en mal desempeño fundando esa acusación en delitos penales que todavía están pendientes de resolución y en las que todavía goza del estado de inocencia, insistió. 

En general, el defensor aseguró que la acusación es conjetural. En particular, en los casos de narcomenudeo, en los que se reprocha al magistrado mantener la domiciliaria a una mujer que volvió a incurrir en el mismo delito de venta de drogas en pequeñas cantidades. 

Esta mujer, de condición económica humildísima, es madre de siete hijos de entre 12 años y cuatro meses al momento de la última detención, en 2022. “La realidad ha superado a la formalidad”, esta mujer se encuentra en un estado de vulnerabilidad. “Entender esto es tener perspectiva de género”, aseguró Alberto. 

“No estamos hablando de un narcotráfico”, insistió. Dió datos de un informe nacional: "cerca del 90% de las personas sometidas a un proceso penal federal no tenía para pagar un abogado. La política criminal de los distintas gobiernos no puede perseguir a la señora Nilza Pereyra. Eso no es política criminal”. Esta persona, reiteró, se encuentra en “estado de necesidad disculpante”.

El defensor aseguró que el juez Parisi actuó con perspectiva de género y atendiendo esta situación social cuando mantuvo la domiciliaria y dijo que esto era conocido por todas las partes intervinientes en esa causa. “No puede imputársele objetivamente un resultado disvalioso a una persona que se ha comportado siempre dentro del rol que se espera de él”, afirmó.  

Al hablar del otro caso de narcomenudeo, que también involucra a una mujer, y en la que la fiscalía trajo a colación la causa penal en la que se acusa al juez de haber cobrado coimas para otorgar beneficios procesales, aseguró que "no existe una prueba que vincule al doctor Parisi con Mariana Castellanos”, la policía que está acusada en relación a las dádivas. Y contraatacó: “La vinculación de la señora Mariana Castellanos era con una persona de la fiscalía penal 3 de apellido Tévez”.

También en el caso de César Martínez el defensor responsabilizó al MPF. La única responsable de la demora en la investigación del homicidio es de la fiscal interviniente, aseguró. Le reprochó que no hubiera secuestrado los teléfonos de la víctima del lugar del crimen, y que luego fuera renuente a acceder a las peticiones del juez para acelerar el trámite de allanamientos que la fiscalía solicitaba y defendió la actuación del juez: “Claramente las decisiones del doctor Clauido Parisi fueron acertadas en el momento en que se tomaron”, aseguró. 

“Creo que hemos dado respuesta a absolutametne todas las acusaciones” con apoyo en las contancias de la causa, aseguró al final antes de pedir al Jurado que absuelva al juez, pero se mantenga la suspensión en sus funciones con el allanamiento de su inmunidad para “así permitir” que pueda seguir defendiéndose en las causas penales en su contra. “Espero que se haga justicia”, cerró. 

El Jurado de Enjuiciamiento que destituyó al juez Claudio Parisi estuvo integrado por la presidenta de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero; el juez de Corte Pablo López Viñals, los senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico; los diputados Esteban Amat y Juan Carlos Roque Posse; el fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina y los abogados de la matrícula Guillermo López Mirau y Pedro Mellado.