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Una de cada cinco mujeres encuestadas en poblaciones rurales y pueblos originarios del país reportó haber sido sometida a intervenciones médicas no consentidas, entre ellas ligaduras tubarias y la colocación del anticonceptivo conocido como implante subdérmico. El dato alarmante surge de un estudio inédito coordinado por la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Se trata del primer "Monitoreo sociocultural y lingüístico sobre el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y derechos sexuales y reproductivos en pueblos indígenas y poblaciones campesinas en Argentina”. Los resultados del estudio, que se llevó adelante en 12 provincias, fueron presentados este jueves en la UMET.
El relevamiento fue dirigido y coordinado por la abogada Mónica Menini, de CDD, y se realizó en una veintena de pueblos originarios, de la mano de organizaciones de mujeres indígenas y campesinas. Se llevó adelante en Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén, Chaco y Mendoza.
Entre los principales hallazgos están la falta de materiales informativos adaptados culturalmente, la ausencia de capacitación de los equipos de salud en atención intercultural y las barreras económicas y geográficas para acceder a servicios de salud.
El monitoreo encontró que el 84 por ciento de las mujeres que solicitaron una interrupción voluntaria de embarazo no accedió al procedimiento en los plazos legales, que son diez días, según la Ley 27.610. En realidad, la amplia mayoría --casi 8 de cada diez encuestadas-- respondió que no conoce los pasos para solicitar una IVE en un hospital, centro de salud u obra social. Por otra parte, casi la mitad reportó discriminación en la atención médica. A su vez, el 95 por ciento de las consultadas informó que quienes formaban parte de los equipos de salud no hablaban su lengua nativa, lo que limitó el acceso a una atención culturalmente adecuada.
“Estas cifras destacan la necesidad de reforzar las políticas interculturales y de género en el sistema de salud”, señaló a Página 12 Menini.
En la presentación, Pate Palero, directora ejecutiva de CDD, dio la bienvenida. Luego se exhibió un video, a modo de resumen, con los testimonios de quienes realizaron el monitoreo en cada territorio. Menini a continuación le dio la palabra a una docena de lideresas de los distintos pueblos originarios, que detallaron los principales resultados del estudio.
Un aspecto que destacaron es que se trata del primer monitoreo que hacen “con las propias hermanas indígenas en su propia cosmovisión para hablar de salud sexual y reproductiva”. También señalaron que el relevamiento las ayudó a empezar a hablar del tema, a transmitir derechos y a no naturalizar las violencias.
“Me sentí juzgada por el sistema de salud”
De las 480 personas encuestadas, 40 reportaron haber enfrentado dificultades al solicitar una IVE o ILE, lo que representa un 8,3 por ciento del total. Al indagar más sobre estas dificultades, la más común mencionada fue: “Me sentí juzgada por el sistema de salud”, contó Menini. También señalaron demoras en los turnos para hacerse exámenes.
“Un dato especialmente revelador y doloroso fue que, entre quienes respondieron que ‘me obligaron a escuchar los latidos del feto en la ecografía', algunas añadieron que luego “me derivaron a una psicóloga para que me convenciera de no hacerlo”. Otra respuesta frecuente fue la falta de acceso a misoprostol (20%), una de las drogas recomendadas para el aborto con medicamentos. Quienes reportaron esta situación también indicaron que no les recomendaron ningún tratamiento alternativo para hacer el aborto.
Entre otros datos, el monitoreo arrojó que 7 de cada 10 mujeres que solicitaron una ligadura tubaria no recibieron el procedimiento y 8 de cada 10 que pidieron una IVE o una ILE, o tuvo un parto, no la dejaron estar acompañadas durante la práctica médica.
--¿Tienen acceso a métodos anticonceptivos las mujeres campesinas y de pueblos originarios? --le preguntó Página 12 a Menini.
--Las respuestas son alentadoras, ya que la gran mayoría de las entrevistadas afirmó que se le ofrecieron en los centros de salud u hospitales opciones de anticoncepción. Solo un 15 por ciento respondió que no. Las pastillas anticonceptivas fueron el método más ofrecido, seguido por los preservativos, los anticonceptivos inyectables y los implantes subdérmicos.
Prácticas médicas sin consentimiento
El monitoreo incluyó además de las 480 encuestas a mujeres indígenas y campesinas, 48 entrevistas a equipos de salud. Y fue realizado por lideresas de las mismas poblaciones relevadas.
El relevamiento sobre exámenes ginecológicos muestra que la mayoría de las personas realiza el Papanicolaou (PAP), una prueba clave para la detección temprana de cáncer de cuello uterino y otras enfermedades. También se observa un porcentaje significativo de mamografías, “lo que refleja una buena prevención en función de la edad de las personas encuestadas”, destacó Menini. No obstante, el nivel de estudios para detectar VIH/sida es alarmantemente bajo, alertó.
Sin embargo, esta realidad varía según los territorios. Las monitoras de Santiago del Estero presentaron una perspectiva distinta. Una monitora campesina de Ojo de Agua, en esta provincia, señaló: “Mis compañeras que tienen 40, 50 años, nunca se habían hecho un PAP. Aunque tuvieron hijos, nunca se hicieron ningún control ginecológico, salvo durante el embarazo. Ni hablar de una mamografía, eso parece algo mucho más avanzado”.
Una de las preguntas fue: “¿Recuerda que el personal de salud haya realizado prácticas sin su consentimiento durante la atención médica?”: El 21,3% de las mujeres dijo haber sido sometida a intervenciones médicas no consentidas, entre ellas, ligaduras tubarias y colocación de implantes subdérmicos. También dieron cuenta de prácticas sin consentimiento durante el parto que suponen violencia obstétrica (un 33,75% de las que habían respondido afirmativamente).
"Cuando tuve a mi bebé me ataron las manos, fue muy violento eso"; "cesárea sin que tome la anestesia"; "Peridural sin que yo diera el consentimiento"; "El corte vaginal (episiotomía) sin consentimiento"; "En una cesárea me dejaron una tijera adentro. Estuve en terapia 30 días"; "Me rasuraron y me hicieron un enema sin consultarme"; "Me indujeron el parto por ser primeriza", fueron algunas de las respuestas.
Desigualdades y perspectiva intercultural
“La información obtenida es fundamental para orientar futuras intervenciones y fortalecer los puntos críticos identificados en el sistema de salud”, señaló Menini.
El estudio, detalló la coordinadora del proyecto, apuntó a diagnosticar las desigualdades en el acceso a la salud sexual y reproductiva, desde una perspectiva intercultural e interseccional; identificar los obstáculos específicos para las mujeres indígenas y campesinas; y generar propuestas concretas que promuevan una atención de calidad, inclusiva y respetuosa de sus derechos. Además, se buscó empoderar a las comunidades mediante la participación activa de lideresas locales en el proceso de investigación y análisis.
“Es una evidencia este monitoreo que resalta la necesidad urgente de adoptar un enfoque de derechos colectivos que respete y valore la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas y de las poblaciones campesinas para avanzar a una atención equitativa, complementaria e integrada del sistema de salud, es crucial desarrollar programas de capacitación intercultural, incorporar intérpretes y facilitadores bilingües al sistema de salud para que haya realmente una salud inclusiva y adaptada a la diversidad cultural”, advirtió Menini.
El monitoreo se hizo en veinte comunidades pertenecientes a los siguientes pueblos originarios: mapuche, ava guaraní, diaguita/Kakan/Calchaquíes/Amaicha; Koya/Quechua; Chulupi, Tehuelche, Qom; Wichi, Guaraní, Aymara, Kamiare/Comechingón, Chorote, Huarpe, Vilela, Charrúa, Moqoit, Rankulche/Ranquel, Kilme y Toba.
Los silencios que se rompieron
“Yo creo que si hay algo que reconocerle al feminismo, lo que habilitó en las sociedades indígenas o en las mujeres indígenas, fue hablar de cosas que nosotras mismas no hablábamos. Porque esta cuestión de no sentarnos a conversar cuestiones de mujeres, de la sexualidad, de la planificación familiar, de qué cantidad de hijos querés tener, si te querés casar, no te querés casar, si está bien tener esto, que siempre aparece en el chiste, eso también es muy llamativo (...). Y yo creo que el antes y el después de la IVE habilitó que en todos los territorios indígenas las mujeres al menos empezaran a preguntarse qué está pasando con el tema de los abusos, y qué está pasando con nuestra propia salud sexual y reproductiva... que en un momento se cortó esa transmisión de las abuelas a las más jóvenes”, contó una monitora mapuche, de Los Toldos, provincia de Buenos Aires.
Menini destacó que el 41% de las personas profesionales de salud consultadas se identifican como miembros de uno o dos pueblos originarios. Sin embargo, la mayoría no habla una lengua indígena, aunque un porcentaje significativo sí lo hace y algunas están en proceso de recuperar su lengua originaria. “Esto revela tanto un potencial para incorporar enfoques interculturales en la atención médica, como una brecha lingüística que limita la adaptación de los servicios a las necesidades de las comunidades indígenas”, concluyó la abogada de CDD.
Por otra parte, aunque “una parte considerable” de quienes integran los equipos de salud “ha recibido formación sobre el derecho al aborto desde la aprobación de la ley, la mayoría de los espacios de capacitación profesional no incluyen formación intercultural en la atención de mujeres indígenas y campesinas”, advirtió Menini. Esta falta de formación interseccional impide una atención culturalmente adecuada y puede ser un obstáculo importante para el acceso equitativo a los servicios de salud sexual y reproductiva, alertó.
