El Senado de Salta dio sanción definitiva ayer a la prórroga de la ley que suspende los desalojos de familias campesinas. 

La iniciativa modifica el artículo 9º de la Ley 7658, y extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. 

Esta ley suspende "las ejecuciones de sentencias, de medidas cautelares y demás actuaciones o disposiciones judiciales, cuyo objeto sea el desalojo, desocupación o modificación de la situación de hecho de tierras poseídas por familias rurales y pequeños productores agropecuarios que se encuentren en los casos previstos en los artículos 1.898 o 1.899 del Código Civil y Comercial". La ley pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

En Diputados, donde fue aprobada el martes último, el legislador informante, Moisés Balderrama, había propuesto inicialmente que la prórroga fuera hasta diciembre de 2026, para dar mayor tiempo al proceso de regularización de la tenencia de la tierra que viene llevando a cabo el gobierno provincial. Sin embargo, se impuso la prórroga solo por un año. Esta ley data de 2010 y viene prorrogándose desde entonces y ha sido fundamental para evitar desalojos de familias campesinas. 

Ahora, después de que el gobierno libertario nacional derogara la ley nacional 26160, que protegía de desalojos a las comunidades indígenas, es de suponer que la ley provincial sea el reaseguro de estos grupos para enfrentar la presión de titulares registrales que disputan tierras. 

Recupero de costos 

Por otro lado, la Cámara Alta aprobó el proyecto de ley de "Recupero de costos de atención médica a personas alcoholizadas", iniciativa del gobernador Gustavo Sáenz para posibilitar que los hospitales públicos cobren la atención de salud a personas que hayan protagonizado siniestros viales bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. 

Este proyecto faculta al Ministerio de Salud Pública "a efectuar los trámites pertinentes al cobro o recupero de las prestaciones de salud, medicamentos, prótesis y órtesis que se hubieran destinado en beneficio de las personas que, conduciendo bajo los efectos de alcohol y/o estupefacientes, ocasionen accidentes de tránsito que requieran su atención médica en los efectores del Sistema de Salud Pública". 

El 17 de octubre el Senado ya le había dado media sanción a un proyecto de ley de la senadora Alejandra Navarro. En Diputados esta iniciativa fue acumulada con otro proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. “Celebro que el gobernador presentó una inciativa acorde a lo ya aprobado en el Senado de mi autoría”, expresó ayer Navarro.

Sin antecedentes 

Además, el Senado dio sanción definitiva a un proyecto de ley de la senadora Leonor Minetti, que establece la obligatoriedad de que docentes o no docentes que se desempeñe en establecimientos educativos públicos de gestión estatal o privada de la provincia carezcan de antecedentes penales por delitos contra la integridad sexual.