Con el objetivo de facilitar la privatización de empresas públicas que impulsa el Gobierno Nacional, la Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó la normativa referente a las Ofertas Públicas de Adquisición (OPA). En este marco, el Ejecutivo anunció la apertura al capital privado para Transener S.A., la transportadora de alta tensión troncal en el país.
La nueva regulación, establecida mediante la Resolución General N° 1037, permite la transferencia de hasta el 50 por ciento de las participaciones accionarias de empresas estatales al adquirente sin necesidad de realizar una OPA. De esta manera, la normativa apunta a la reconfiguración de sectores claves en la economía argentina.
Esta excepción se aplicará siempre y cuando el comprador privado asuma la misma posición del Estado en un convenio de accionistas preexistente, manteniendo la estructura de control de la empresa, señala el comunicado de la CNV.
“La modificación normativa contempla la situación en la que un nuevo accionista asume la posición del accionista vendedor, manteniéndose intacta la participación accionaria de la sociedad controlante en la emisora afectada e incluye la adhesión del nuevo accionista a los acuerdos preexistentes, si los hubiera, lo que asegura continuidad en la gobernanza y operación, tanto de la sociedad controlante como de la emisora”, indicó el parte oficial.
El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, explicó que “la normativa dictada impulsa el equilibrio entre el interés público, la protección de los inversores y la necesidad de fomentar un entorno jurídico adecuado para la transferencia de activos por parte del Estado Nacional”.
Según Alejandro Vanoli, ex titular de la CNV, la decisión es un retroceso porque iguala a inversionistas minoritarios con los mayoritarios, privilegiando a estos últimos y cancelando un trámite que garantizaba transparencias y precios justos. "El espíritu de la norma que empezó en 2001 y 2002 y que se volvió obligatoria en 2012 es otorgarles los mismos derechos a los inversionistas minoritarios, que ahora no tendrían las mismas posibilidades de acceder al mismo precio que con la OPA", detalló a Página/12.
La nueva normativa apunta a reducir la participación estatal, promoviendo la venta de activos al privado a partir de un procedimiento con "menos trabas dilatorias", argumentan oficialmente. Sin embargo, Vanoli advierte que la regla desequilibra la cancha entre los propios inversores.
Transener
En este marco, el Gobierno nacional, a través del secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, anunció este viernes que comenzó el proceso para vender la participación estatal en Transener S.A., la principal empresa de transmisión de energía eléctrica. Fue durante el evento por el Día del Petróleo y Gas del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (Iapg).
El Estado argentino tiene el 51 por ciento de las acciones de la transportadora mediante Citelec S.A. y opera una red de 12.400 kilómetros de líneas de transmisión que cubren todo el territorio nacional. “Este anuncio se alinea con la política del Gobierno Nacional de avanzar en un modelo donde el Estado deje de cumplir roles de empresario, promoviendo la participación privada en sectores estratégicos”, expresaron desde la cartera que funciona en la órbita de Hacienda.
Citelec es mitad de la estatal Enarsa y mitad de Pampa Energía, propiedad de Marcelo Mindlin. Dentro del otro 49 por ciento, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses posee el 19,5 por ciento.
“Transener es un leading case que podrá servir como ejemplo para otras empresas, pero tenemos el antecedente de lo que pasó en los '90. Hay un prejuicio sobre el hecho de que el sector privado garantiza de por sí una mayor eficiencia y esto no ocurrió cuando tuvieron precios en dólares, que no compensan con inversiones significativas ni en generación, ni en transporte, ni en distribución", recordó Vanoli.
Asimismo, consideró que la venta de las acciones al privado se puede traducir en el "riesgo de tarifas altas" sin inversión en infraestructura ni mejoras en la prestación del servicio. "Es necesario un debate balanceado que priorice el desarrollo, los precios justos, la cobertura territorial y los subsidios para los necesiten porque el tema de fondo, más allá de la propiedad, es cómo se genera una mayor electricidad con precios racionales para el crecimiento del país", aseguró.
Con la intención de reconfigurar sectores claves de la economía nacional, desde fuentes oficiales sostienen que buscan cumplir los objetivos estratégicos que diagramó la gestión libertaria para el manejo de la cosa pública. "No hay ejemplo en el mundo donde el Estado no intervenga en el desarrollo de la red eléctrica y ahora que el Gobierno nacional cortó la obra pública al mínimo ¿quién va a invertir con excepción de los circuitos más rentables?", se preguntó Vanoli.
