En los más de veinte años que condujo con mano firme la barra brava de Central, nunca hubo tanta atención judicial y policial sobre Andrés "Pillín" Bracamonte que después de muerto. Ayer el jefe de la hinchada canalla, asesinado el 9 de noviembre en una emboscada a la salida del Gigante de Arroyito, volvió a ser epicentro de un despliegue policial con allanamientos que el fiscal Miguel Moreno ordenó en la investigación penal que lleva adelante por lavado de activos.
Las requisas se basaron en domicilios de Rosario, Ibarlucea y Capitán Bermúdez, todos referidos a una ex pareja de Pillín, y a la que lo acompañó hasta el día en que lo mataron, y también un estudio contable de esta ciudad.
En el ámbito del club y sus hinchas más atentos todavía comentan la caída de Leopoldo "Pitito" Martínez, número 3 en la línea de sucesión de Bracamonte, bajo sospecha de haber sabido de un plan criminal en su contra y no haberlo advertido aquella noche fatal. Tras la detención que la Tropa de Operaciones Especiales llevó a cabo el jueves en la casa de Pitito, en Villa Manuelita, el clima canalla se removió ayer con una derivación del primer allanamiento realizado días atrás en el propio estadio, en la pista de los negocios que Bracamonte y el intendente del club, Sergio Quiroga, tenían en común. En esa ocasión, la Policía de Seguridad Aeroportuaria secuestró de una oficina del Gigante 18 millones de pesos y 4 mil dólares.
Fiscalía todavía aguarda que la comisión directiva del club explique la razón de ese efectivo que estaba en dependencias del estadio.
A primera hora, agentes de Asuntos Internos de la Unidad Regional II irrumpieron en el country Los Álamos de Ibarlucea, sobre la ruta nacional 34, donde Bracamonte residía con Agustina, su última pareja. En simultáneo, hubo otro allanamiento en una casa de barrio Alberdi donde habita Natalia, la pareja anterior del barra asesinado. Y además, un tercer procedimiento en un departamento situado en una torre premium de Caseros al 100 bis, frente al parque Scalabrini Ortiz. La PSA encontró en ese inmueble a dos personas de nacionalidad ecuatoriana vinculadas a la estructura legal de negocios de Bracamonte. El cuarto y último allanamiento que dispuso por ahora el fiscal Moreno recayó en un estudio contable de Capitán Bermúdez.
Del seno de la investigación trascendió ayer que a Agustina, en la casa de Ibarlucea, se le secuestró un teléfono móvil, mas no tenía el chip correspondiente. En Alberdi, en tanto, la ex pareja de Bracamonte dificultó la búsqueda de los policías e intentó evitar que le secuestraran otro teléfono.
En el centro de la investigación que desarrolla Moreno está Ruffino SAS, una sociedad de acciones simplificadas que en 2019 Bracamonte creó junto con Quiroga. Esa figura la implementó el gobierno de Mauricio Macri, de manera que en la economía brotaron miles de esas compañías en un trámite de minutos y a distancia, que permitió a organizaciones delictivas generar circuitos fantasma para lavado de dinero sucio.
La hipótesis que trabaja el fiscal es que Pillín aprovechaba su injerencia como jefe de la barra sobre la dirigencia de Central de los últimos años para forzar la contratación de su empresa. Y en ese esquema es que el fiscal busca pruebas que le permitan acusar a Quiroga de administración fraudulenta en perjuicio del club. Moreno ya acreditó que casi la totalidad de la facturación de la empresa ha sido librada sobre Central.
Según el estatuto publicado en el Boletín Oficial, Ruffino SAS tiene por objeto comercial la fabricación y venta de indumentaria deportiva, construcciones urbanísticas, servicios de albañilería, y organización de eventos. Hasta el momento, el intendente del club no tiene pedido de captura en su contra. Y la supuesta sede comercial de la firma, en la cortada Coronel Fernández al 1000, a media cuadra del estadio, es en realidad una casa de familia, donde reside una mujer vinculada al socio de Pillín.
