Las protestas contra la construcción de una de las dos cárceles de máxima seguridad, que busca erigir en Ecuador el presidente Daniel Noboa con un modelo comparado al de Nayib Bukele en El Salvador, crecieron y se intensificaron tras conocerse que el gobierno ya adjudicó la obra proyectada en Archidona, una población de la Amazonía ecuatoriana.
"No a la cárcel, no a la cárcel", se escuchaba en esta localidad de la amazónica provincia de Napo durante una multitudinaria asamblea celebrada por las organizaciones que desde hace varios días impulsan las movilizaciones con bloqueos en torno a la urbe, y a las que ahora se sumó el movimiento indígena. Allí, con unas tres mil personas concentradas según los promotores de las manifestaciones, acordaron continuar con las manifestaciones, y acto seguido se dirigieron hacia la plaza principal de Archidona para protestar frente a la gobernación de Napo, tras romper el cerco de vallas que había dispuesto la policía.
"Esta es una lucha del pueblo y de la ciudadanía porque no queremos la cárcel, queremos la vida y la paz", señaló durante la asamblea la alcaldesa de Archidona, Amanda Grefa. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), a través de su líder y candidato presidencial Leonidas Iza, ya había advertido a inicios de semana que radicalizaría las protestas si la administración de Noboa insistía en llevar adelante una obra sin consulta previa a los pueblos originarios de este lugar.
De acuerdo a lo anunciado por el gobierno, cada una de las dos cárceles que se construitrán tendrán capacidad para 736 presos, un tamaño mucho menor al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel insignia de Bukele en El Salvador, donde según las cifras oficiales tiene capacidad para 40 mil pandilleros. Ambas cárceles han sido presupuestadas por cerca de 52 millones de dólares.
Las dos prisiones son una promesa electoral de Noboa, que al llegar al poder anunció la construcción de estos dos centros carcelarios con un modelo inspirado en el de su par Bukele en El Salvador y con la filosofía de tener aislados a líderes criminales y delincuentes de alta peligrosidad sin ningún tipo de concesión. Con ello busca enfrentar el descontrol que en los años previos hubo en el sistema penitenciario de Ecuador, donde las bandas criminales se adueñaron de las prisiones y sus líderes lograron tener muros a dentro todo tipo de comodidades y lujos, incluido internet de alta velocidad.
Desde 2021 más de 500 presos fueron asesinados en las cárceles ecuatorianas, la mayoría en una serie de masacres entre bandas rivales, en una ola de violencia criminal que también se extendió a las calles, hasta hacer de Ecuador el país con más homicidios per cápita de Latinoamérica en 2023, con una tasa de 47,2 cada 100 mil habitantes. A principios de este año Noboa declaró el "conflicto armado interno", con el que pasó a catalogar a las bandas criminales como terroristas, y emitió sucesivos estados de excepción para combatir a estos grupos donde, entre otras medidas, militarizó las cárceles controladas por estas estructuras criminales.
