Un informe brindado por la Dirección de Salud Sexual Integral al Consejo Asesor en Salud Sexual y Reproductiva (que se reunió a fines de noviembre) graficó el derrumbe en la provisión de insumos de parte de Nación. En métodos anticonceptivos y test de embarazos, la reducción fue del 68 por ciento. En tanto, en la provisión de preservativos fue del 93 por ciento, el mismo porcentaje que en los tratamientos hormonales estipulados en la ley de identidad de género. En cuanto al misoprostol y la mifepristona,  medicamentos para las interrupciones voluntarias y legales del embarazo, la reducción también fue del 68 por ciento, aunque en este caso, la provincia de Santa Fe cuenta con la gran ventaja de tener producción propia en el Laboratorio público provincial (LIF). Sólo en estos insumos, la provincia de Santa Fe invirtió 5.228 millones de pesos. 

Por ley, es el Programa Nacional el que debe garantizarlos. La desinversión del Estado nacional en la prevención de embarazos no intencionales, de infecciones de transmisión sexual, de IVE y de ILE se complementa con la reducción del 76,6% de las transferencias a las provincias entre enero y noviembre. La tijera corta por todos lados. 

"El gobierno de Santa Fe no es nuestro mejor amigo en este momento, sobre todo en políticas de género, pero en Salud Sexual Integral estamos luchando todos los días para que den respuestas, para que cada vez que una mujer llegue a solicitar una IVE o una ILE acceda de manera más rápida", expresó Beatriz Gutiérrez, integrante de Multipalabras, una de las organizaciones que forma parte del Consejo Asesor de Salud Sexual y Reproductiva. 

Desde las organizaciones solicitaron que el acceso a derechos sexuales y reproductivos "se difunda más en el norte provincial, porque a veces las mujeres no pueden ir todos los meses. Ante esta grave situación de ajuste sobre la salud y los cuerpos de las mujeres, es importante la difusión, porque ellas necesitan saber con qué cuentan y tomar una decisión con lo que hay", enfatizó Gutérrez, quien señaló que el trabajo territorial muestra un deterioro generalizado: "Es difícil hablar de derechos cuando no hay olla". 

En cuanto a anticoncepción e IVE/ILE, el informe destaca que en los primeros nueve meses de 2024 se colocaron 11.232 implantes (en todo 2023 fueron 13.485) y en el mismo período se colocaron 1280 DIU y SIU (métodos intrauterinos), mientras durante todo el año pasado fueron 2271. En cuanto a las IVE/ILE realizadas, de enero a septiembre de 2024 hubo 4940 prácticas registradas en el sistema público de salud, en comparación con las 5680 que se realizaron en 2023.

Tanto Multipalabras como la organización de Socorristas en Red de Santa Fe mantuvieron reuniones con el director de Salud Sexual Integral, Facundo Peralta. "En cuanto a la canasta de anticonceptivos, nos dijo que estaban pasando por el peor período, que habían tenido que resolver desde los consejos de administración de cada hospital o centro de salud para salir rápido, pero eso le cuesta caro a la provincia. Cuando Nación no acuerda o articula para hacer compras ¿cuál es el sentido de la centralidad?", subrayó la activista.

Sobre el recorte nacional, planteó que hay otras provincias donde la situación es más crítica, ya que no realizan las compras. "¿Nos vamos a volver una confederación? La compra descentralizada es muy cara, habrá que hacer alianzas interprovinciales para conseguir mejores precios. Acá tenemos un gran aliado, el LIF, e incluso hay provincias que están esperando para ver si pueden comprar a nuestro laboratorio", expresó Gutiérrez. La producción del LIF alcanzó a 30.720 comprimidos orales de misoprostol y 6960 vaginales, asi como 7,3 millones de comprimidos de anticonceptivos orales. 

Desde Multipalabras vienen monitoreando el número de atención en Salud Sexual y Reproductiva de la Nación, 0800-222-3444, creado en 2010. "Ha crecido el conocimiento del 0800, pero justo ahora lo están vaciando", lamentó Gutiérrez.

El Consejo Asesor fue creado por la Ley Provincial 11888 de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, en junio de 2001, y está integrado "entidades científicas y universitarias del arte de curar, efectores de las especialidades médicas competentes, Colegios profesionales del área, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y organizaciones no gubernamentales con experiencia y trayectoria en la materia". Se reunió el 28 de noviembre, y sus integrantes recibieron la información.

Nada hace pensar que el año próximo la situación nacional pueda modificarse: el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) difundió el 30 de septiembre un estudio, en el que consideraba "aún más preocupante" que el proyecto de presupuesto 2025 "profundiza esta desinversión, con una proyección de reducción del 27% con respecto al presupuesto vigente de 2024 y del 78% en comparación con 2023. Esto agrava la situación".

Para las organizaciones de mujeres, hay otro aspecto preocupante: la línea que baja el gobierno nacional promueve la obstaculización de derechos sexuales y reproductivos. "El personal de salud que no está comprometido con estos derechos, está empoderado con esta nueva lógica nacional y obstaculiza. Y el personal que garantiza está cansado, tenemos que apoyar a quienes garantiza y ver cómo se los dota de herramientas para poder seguir", consideró Gutiérrez.

En ese sentido, desde la Dirección de Salud Sexual Integral incluyeron, en el documento que se presentó al Consejo Asesor, las acciones de fortalecimiento de la Red de Atención, y consignaron que realizaron 17 capacitaciones presenciales y 3 capacitaciones virtuales, que alcanzaron a 360 personas de equipos de salud de 102 efectores en 84 comunas y municipios de 18 departamentos. En ese mismo informe entregado por Peralta a todos los integrantes del Consejo, se consignaron las distintas actividades conjuntas con organismos como el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA). También detalló una inversión de 5 millones de pesos destinada a la promoción de derechos, a través de folletos y otros materiales.