Las sospechas por irregularidades en torno a la venta en subasta de un costoso edificio del INTA en la Ciudad de Buenos Aires (Cerviño 3101, Palermo Chico) están lejos de haber tenido respuesta. La subasta está prevista para el día 23, a las 10 de la mañana, pero esta semana las autoridades de la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE) hicieron trascender que ya había siete oferentes anotados para la compulsa. Un número inusualmente alto de competidores para este tipo de subastas de bienes públicos. Con ese dato, se quiso hacer ver que habrá competencia en una operación que no son pocos los que sospechan de que se trata de una venta directa, aunque encubierta, al mayor emprendedor inmobiliario de esta ciudad. 

Como el nombre de los supuestos siete no se dejó trascender, hay quienes desconfían de la veracidad del dato. Entre ellos, la Asociación del Personal del INTA, que presentó un pedido de información pública al AABE solicitando, entre otras, que se responda "cuántos son los oferentes que realmente depositaron la garantía de u$s 95.684, establecido en los pliegos como condición ineludible para participar de la subasta".

La solicitud de información pública fue presentada el último miércoles por el secretario general de APINTA, Mario Romero, quien en la nota elevada se identifica además como "ex combatiente de Malvinas". Un detalle no menor nunca, pero especialmente cuando se está tratando de una decisión de gobierno que afecta seriamente a la soberanía nacional.

La nota sintetiza las cuestiones que más preocupan, en referencia a la decisión de vender un edificio que alberga las direcciones nacionales de Vinculación Tecnológica, y de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional; al Centro de Investigación de Economía y Prospectiva; a la Fundación ArgenINTA y la empresa Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias (INTeA). 

El decreto 1382, de agosto de 2012, por el cual se crea AABE, establece como requisito para llamar a subasta de un edificio público, que el organismo debería justificar previamente ante la Jefatura de Gabinete su desafectación en razones de subutilización. Entre los reclamos de información a AABE, Romero pregunta:

"¿Cuándo se cumplimentó ese trámite, previsto en el inc. 19 art. 8 del decreto 1382/2012? ¿Qué fue lo que contestó el Jefe de Gabinete de Ministros? ¿Donde consta ese acto administrativo?"

El titular del gremio que agrupa al personal le pregunta además a las autoridades del AABE "por qué se le impone al futuro comprador del inmueble que construya allí una torre de alta gama, impidiéndole que lo conserve como patrimonio arquitectónico-histórico, o haga un espacio verde, o lo que él crea conveniente como propietario". 

En efecto, el edificio, hoy de tres plantas, fue ofrecido en subasta con la condición de que el comprador deberá construir una torre de, al menos, el 75 por ciento de las proporciones habilitadas para la zona (art. 20 del Pliego de Bases y condiciones). Y le impone un plazo de un año para iniciar las obras, y ocho para completarlas. 

La cláusula no tiene lógica y, aparentemente, tampoco legalidad. En cambio, sí tendría sentido si se la interpreta como una norma restrictiva para reducir el acceso a muy pocos, o quizás a un único oferente.

Por otra parte, interroga el pedido de informes "por qué AABE está vendiendo un inmueble escriturado a nombre de otro (INTA) sin garantía de evicción para el comprador contra la aparición de un tercero –en este caso el mismo INTA- que posterior a la venta reclame su mejor derecho sobre el inmueble vendido". 

Uno de los puntos controvertidos es la titularidad del edificio. Por escritura, le corresponde al INTA, como organismo autárquico. Y su consejo de dirección, como único pronunciamiento, expresó en reunión de directorio que "no hace objeciones" a la venta dispuesta por AABE, pero sin tomar una resolución ni poner en marcha los mecanismos legales para disponer esa operación sobre un inmueble propio. 

Finalmente, el documento presentado por el secretario general del gremio pregunta por qué se fundamenta la venta del edificio en que "se debe continuar con el proceso de ventas de 2016-2019, un proceso donde la AGN informó que el Estado había perdido 62 millones USD por subastas donde se había presentado un solo oferente, a precio base subvalorado, sacándose a la venta inmuebles que no fueron evaluados previamente". 

Llamativamente, el pliego de AABE vincula la operación actual al cuestionado proceso de enajenaciones bajo el gobierno de Mauricio Macri, entendiendo que se trata de su continuidad. Lógicamente, dado que el remate está previsto para el 23 de diciembre, se pide que se informe con urgencia las cuestiones consignadas.