Mientras les apuntaban los efectivos de la Policía Federal y la Prefectura Naval, entre cuatro bajaron el cuerpo del mapuche Rafael Nahuel desde el cerro hasta la ruta 40. Dos de ellos, Fausto Horacio Jones Huala y Lautaro Alejandro González, fueron detenidos en ese momento, los dejaron precintados al lado del cadáver durante horas hasta que fueron trasladados, ya de madrugada, y permanecieron incomunicados hasta ayer a disposición de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). “Luego los arrastraron 300 metros y recibieron maltratos”, dijo una de las voceras mapuches de la Lof Lafken Winkul Mapu. Por la integridad física de estos detenidos –testigos directos del homicidio de Nahuel–, de los niños y los demás miembros de esa comunidad desalojada y reprimida desde el jueves pasado, la ONG Naturaleza de Derechos hizo un nuevo pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. “Como ya lo hemos solicitado en casos anteriores, consideramos vital la constitución de la CIDH en la región, a fin de realizar una visita in loco y corroborar los hechos denunciados y sobre el plan sistemático contra el pueblo mapuche en la Argentina”, dice una parte del texto enviado a Washington por el abogado Fernando Cabaleiro. En tanto, la vocera mapuche Soraya Maicoño informó que Jones Huala y González siguen presos, iniciaron una huelga de hambre y uno de ellos está “orinando sangre por los golpes recibidos”.

La CIDH ya se habría puesto a estudiar el caso y algunas secretarías de derechos humanos de provincias gobernadas por la oposición estarían evaluando sumarse a la presentación. En esta nueva solicitud, la ONG afirmó que hay “un plan sistemático del Estado argentino de persecución, hostigamiento y represión ante el reclamo ancestral de las comunidades, desconociendo los derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos en tratados internacionales y en la propia Constitución”.

Cabaleiro describió que hace dos meses, a cien metros del lago Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, en las proximidades de la ruta 40, la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu recuperó un predio para establecer una Pu Lof en base a sus reclamos territoriales ancestrales. Se ampararon en la ley 26.160, el articulo 33 de la Constitución y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El jueves pasado el juez federal Gustavo Villanueva ordenó un “importante operativo comandado por Policía Federal, que a las 5.30 ingresó violentamente al Lof Lafken Winkul Mapu, desalojando y deteniendo a integrantes de esa comunidad mapuche que se encontraban en el territorio. Se trató de un procedimiento violento contra personas menores, mujeres y adultos de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, el que contó con alrededor de 300 empleados de diversas fuerzas federales”, dice la petición a la que PáginaI12 tuvo acceso. La CIDH ya dictó medidas cautelares respecto de la represión a la comunidad mapuche de Cushamen y la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, que fueron incumplidas por el Estado.

“Según algunos medios de comunicación, se contabilizaron 170 policías de la Federal, cien prefectos, sumados a gendarmes. Además sobrevoló la zona un helicóptero de las fuerzas del Estado. En el operativo estuvo presente el juez Villanueva y la fiscal Silvia Little”, sigue el relato de los hechos. El abogado de Naturaleza de Derechos ingresó la petición cuando aún no había información oficial sobre el resultado del procedimiento, y precisó que “las propias fuerzas de seguridad mantienen cortado el tránsito sobre la ruta 40 a unos 6 kilómetros del lugar, por lo que el acceso a la prensa y organizaciones que intentaron acercarse a acompañar a la comunidad no pueden acceder”. Según denunciaron integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu, además de detenidos había miembros de la comunidad heridos producto del accionar policial. “El que instó a la acción penal de desalojo es el propio Estado, a través del organismo estatal Parques Nacionales. Se argumenta que el territorio en conflicto es Parque Nacional, desconociendo que a su vez es territorio ancestral mapuche, que la comunidad reclama y reivindica como pertenencia”.

Una vez terminado el desalojo, efectivos de la Prefectura, la PSA, la Policía Federal y Gendarmería continuaron custodiando la zona, y bloqueando los accesos aledaños. “En el marco de este procedimiento se llevó adelante la detención de 5 mujeres y 5 niños menores –de 1, 2, 3 y dos de diez años–, quienes fueron detenidos en la sede de la Policía Federal. Tras 20 horas fueron liberadas las mujeres y niños. La detención de los niños violó la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Se denuncia que no contaron con una debida defensa oficial”, indica el escrito enviado a la CIDH. Cuando trascendió la noticia de la detención, militantes de organizaciones sociales y mujeres y hombres mapuches se movilizaron hasta ese lugar para reclamar la liberación de las mujeres. Desde el juzgado federal de Bariloche, que el juez Villanueva subroga, no hubo ninguna información oficial durante la jornada. “Acá hay niños detenidos por el Estado”, decían algunos de los carteles que exhibían los manifestantes que fueron hasta la sede de la Policía Federal. 

El representante de la Coordinadora Mapuche Luis Pilquimán dijo que “la situación no se resuelve con represión. Estamos preocupados por el antecedente triste y tremendo que tenemos en Chubut”. Ante el reclamo del Lof Lafken Winkul Mapu se había abierto el diálogo “pero el Estado decidió ignorarlo abiertamente para proceder con violencia”. 

La muerte de Rafita

El peticionante abogado Cabaleiro describió que el “25 de noviembre, aproximadamente a las 16.30, miembros de grupos especiales GEOP y Albatros continuaron con sus operativos de búsqueda de mapuches en zonas aledañas a la zona recuperada por parte de la Comunidad Lof Lalken Winkul Mapu, y en la parte de la ladera alta de la montaña procedieron a reprimir violentamente a un grupo de personas que transitaban por el lugar, con munición letal (balas de plomo). De esa represión fueron heridas al menos tres personas y detenidas al menos dos personas más. De las tres personas heridas, se ha podido constatar que una de ellas ha muerto, según confirmación del personal del hospital local. Se trata de Rafael Nahuel, de 22 años, conocido como ‘Rafita’, mapuche que integraba la Lof Lafken Winkul Mapu, recibió un disparo de bala de plomo que ingresó por el glúteo y se alojo en el tórax”. Al momento de la presentación, el letrado indicó que “las otras personas estarían heridas y se encuentran hasta el momento desaparecidas, ya que no se cuenta con información cierta”.

Naturaleza de Derechos dedicó un párrafo al rol de los medios y el Gobierno. “El Estado pretende instalar a través de los medios de comunicación hegemónicos que los mapuches tenían armas largas, se habla de subfusiles, lo cual es absolutamente falso. Al menos dos personas fueron capturadas por miembros de la Prefectura (...) Se trata de Fausto Horacio Jones Huala y Lautaro Alejandro González, que se encuentran en sede de la Policía Aeroportuaria y son testigos presenciales del asesinato de Rafael”, sostuvo el abogado. “Se encuentran incomunicados, sin fundamentación alguna, por orden del mismo juez que tiene una responsabilidad directa en el asesinato de Rafael. Es clara y manifiesta la desprotección y el peligro inminente de los detenidos”. A su criterio, “la situación de estos testigos es alarmante y por ello la urgencia en que se tomen medidas tendientes a modificar esta situación, a sabiendas de las represalias que el personal policial toma contra los testigos y personas que denuncian situaciones como las relatadas”. 

Ley incumplida

El pedido de intervención a la Comisión se basa en la “manifiesta ilegalidad del proceder del Estado” dado que “el Gobierno oficializó la prórroga por cuatro años más de la Ley 26.160 que había sido determinada por el Parlamento, y dicha ley suspende que se realicen desalojos en tierras habitadas por comunidades indígenas hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) culmine el relevamiento catastral”.

Por eso, “con el fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal” solicitó una “medida cautelar genérica para todos los miembros de la Comunidad Lof y especialmente los menores mapuches, tras el desalojo violento denunciado, a fin de que el Estado Argentino adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias”. Y también pidió medidas cautelares para los detenidos  Fausto Jones Huala y Lautaro González por ser testigos esenciales de la muerte por parte del Estado argentino de Rafael Nahuel, por considerar que los mismos se encuentran en una situación de riesgo grave” al “encontrarse detenidos arbitrariamente”. Cabaleiro concluyó que “el presente caso se suma a la persecución y represión que vienen sufriendo las comunidades mapuches en la Patagonia” y consideró que “no se trata de una incapacidad del Estado argentino para tratar la situación mapuche en la Patagonia sino un plan sistemático del Estado de persecución, hostigamiento y represión ante el reclamo ancestral de las comunidades, desconociendo los derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos en tratados internacionales y en la propia Constitución Nacional”.