En una verdadera carrera contra el tiempo, el 12 de diciembre el gobierno de Joe Biden aprobó una nueva transferencia de armas a Ucrania por un valor cercano a los 500 millones de dólares.

Se trata del 72º envío de ayuda militar estadounidense bajo la Autoridad Presidencial de Reducción de Fondos (PDA, por sus siglas en inglés), que permite al Poder Ejecutivo transferir armas de sus arsenales existentes a sus aliados sin necesitar para ello la aprobación del Congreso. Este paquete se suma a los aprobados el pasado 3 de diciembre, por un valor de 725 millones de dólares, y el 7 de diciembre, por casi mil millones de dólares.

En esta ocasión, se trasladarán municiones para sistemas de cohetes de alta movilidad (HIMARS), municiones de artillería de 155 mm y 105 mm, defensas aéreas, drones, vehículos blindados, sistemas antiblindaje Javelin y AT-4 y armas antitanque. Además, se transferirán equipos de protección contra amenazas biológicas, químicas y nucleares.

Así, la estrategia del mandatario estadounidense, a quien le resta poco más de un mes de gestión, apunta a fortalecer la posición beligerante de Ucrania todo lo que pueda, antes de que asuma el nuevo gobierno de Donald Trump, quien evalúa presentar un proyecto distinto a la estrategia armamentista implementada de manera desenfrenada desde la Casa Blanca y el Pentágono.

El triunfo del partido Republicano en las elecciones del 5 de noviembre incrementó todavía más el apoyo del gobierno demócrata a Ucrania: no sólo autorizó a Kiev a realizar ataques con armas estadounidenses en Rusia (decisión que recientemente fue criticada por Trump), sino que también aprobó la utilización de minas antipersonales, prohibidas por el Tratado multilateral de Ottawa, firmado y ratificado por Kiev en 2005-2006.

De igual modo, el gobierno de Biden ordenó la realización de mantenimiento a aviones de combate F-16, perdonó a Ucrania una deuda de casi 5 mil millones de dólares e impuso sanciones al banco Gazprombank y a medio centenar de entidades financieras rusas vinculadas a él.

En tanto que el 10 de diciembre, el Departamento del Tesoro anunció la concesión de un préstamo de 20 mil millones de dólares a Ucrania que se reembolsará con las ganancias procedentes de los activos rusos congelados en Estados Unidos y en buena parte de los países europeos.

Según información oficial, el Pentágono se encuentra al límite en la planificación y el traslado de armamentos y vehículos militares para poder cumplir con los plazos de entrega preestablecidos. Sin embargo, nada asegura que estos envíos de armamentos, combinados con iniciativas para golpear la economía, terminen siendo efectivos contra una Rusia que en más de tres años de conflicto abierto ha demostrado resistir a la ofensiva conjunta de la OTAN.

Existe una verdadera urgencia por parte de las cinco mayores empresas armamentistas, todas ellas radicadas en Estados Unidos, por generar las más amplias ganancias ante la posibilidad de que la guerra en Ucrania pase a una nueva etapa, en la que se entrecruzarán el conflicto y el posconflicto administrados a partir de la capacidad de maniobra del presidente electo frente a Rusia.

Lockheed Martin, Raytheon (ahora RTX), Northrop Grumman, Boeing y General Dynamics serán las grandes ganadoras de un proceso que las mantuvo como protagonistas gracias a sus lucrativos contratos con el Pentágono.

Se debe tener en cuenta que, desde el inicio de la guerra contra Rusia, en febrero de 2022, Washington ha proporcionado a Ucrania más de 60 mil millones de dólares en armas y equipos. A ellos debe sumarse los 18 mil millones de dólares en ayuda militar a Israel desde octubre de 2023 hasta octubre de 2024. Y todavía no hay cifras sobre el centenar de ataques estadounidenses en territorio sirio con bombarderos B-52, aviones de combate F-15 y aviones A-10.

Si bien nadie podría esperar un cambio real en la vinculación del Estado con las grandes corporaciones armamentistas, probablemente en el próximo gobierno de Trump existan nuevas reglas de juego y nuevos criterios en los mecanismos internos de asignación de contratos. Además, no son pocos los fervorosos trumpistas que identifican los envíos discrecionales y sin control del presidente Biden y los lazos muchas veces invisibles entre corporaciones y Estado como expresiones del “Deep State” al que es necesario combatir y vencer.

Probablemente se incremente la competencia con otros grupos de vanguardia, donde cumplirá un papel cada vez más importante la inteligencia artificial y en la que empresas de Silicon Valley demandarán una mayor cuota en el mercado de contratistas del Pentágono. Y ello sin contar la presión que puedan ejercer políticos-empresarios como Elon Musk y el propio Donald Trump, para direccionar contratos según su propia conveniencia para las actuales y próximas guerras.

Todo indica que se avecina un cambio de importancia en la estrategia de Estados Unidos frente a Ucrania y también en su relación con la OTAN. Pero difícilmente el ánimo belicista, alimentado por el lucro exacerbado, se reduzca durante el próximo gobierno republicano.