Amnistía Internacional hizo un lapidario balance del primer año de gobierno de Javier Milei y advirtió que la gestión libertaria empeoró las condiciones de vida de millones de argentinos. El organismo remarcó además que el gobierno, para imponerse, reprime las protestas, estigmatiza y criminaliza a sus dirigentes, instalando “un clima de polarización y violencia” en la sociedad. El informe tiene por título “Derechos en Argentina: 12 meses de gestión, 12 derechos perdidos”.

“Hubo un deterioro alarmante de los derechos humanos en Argentina durante el último año”, dijo Mariela Belski, directora de AI Argentina. Agregó que las políticas de Milei “ignoraron las necesidades urgentes de la población” y “erosionaron la democracia”.

Pobreza, mujeres y jubilados

El informe empieza por señalar el aumento de la pobreza. Milei recibió un país con una pobreza ya muy alta, del 41,7 por ciento pero la llevó al 52,9 (en julio de 2023, el último dato oficial disponible). Ese aumento de 11 puntos de pobreza se dió en apenas seis meses.

La organización recordó que las más afectadas por la pobreza son las mujeres -que son más entre quienes tienen menores ingresos y en la Argentina, en su mayoríaa crían a sus hijos solas-. 

Por otra parte, marcó que el peso del ajuste cayó centralmente sobre los jubilados, que vieron recortados sus haberes. Los que cobran la mínima no llegaron a cubrir la canasta básica en todo el 2024. Además, les achicaron la cobertura del PAMI en los medicamentos. 

Protesta y libertad de expresión

El derecho a manifestar, a reclamar a las autoridades, fue absolutamente recortado. Amnistía advirtió que esta es una tendencia creciente en muchos países. En la Argentina, el gobierno la inauguró a cuatro días después de asumir, cuando la ministra de Seguridad Patricia Bullrich creó el Protocolo Antipiquetes.

Desde entonces, en sus operativos para impedir las protestas, el gobierno hizo un uso desproporcionado de las armas menos letales, por ejemplo disparando con balas de goma a la parte superior del cuerpo. “Su uso se alejó completamente de los estándares de protección internacional de derechos humanos", advirtió AI, que citó los casos de manifestantes que perdieron la visión en un ojo a raíz de esta práctica. Los disparos con postas de goma contra periodistas que registraban las represiones fue señalada como preocupantes por el organismo internacional, que apuntó que muchos fueron agredidos a pesar de llevar visible su identificación de trabajadores de prensa. AI agregó que también hubo “un uso abusivo de los gases lacrimógenos”, utilizando químicos que provocan quemaduras en la piel sobre quienes intentaban ejercer el derecho a la protesta.

Otro grave salto en la escala represiva fueron las detenciones arbitrarias de manifestantes. El caso más saliente fue el de las 33 personas arrestadas por manifestar contra la Ley Bases, a las que el gobierno acusó de terroristas y la justicia trasladó a cárceles comunes, manteniendo a algunas de ellas privadas de su libertad durante semanas.

En cuanto a la libertad de expresión, Amnistía indicó que “el gobierno decidió confrontar de manera violenta e intolerante” contra quienes piensan diferente, ya fueran periodistas como dirigentes opositores. Parte de su estrategia fue utilizar discursos de odio para silenciarlos.

Mujeres y diversidades

“El gobierno viene negando la existencia de violencia de género mediante narrativas tóxicas, abusivas y violentas. Para acompañar esta batalla cultural ha desfinanciado el presupuesto al máximo posible” denunció el informe. Para la gestión libertaria, la violencia contra las mujeres no es un tema atendible, aunque enero y agosto de 2014 haya habido un femicidio cada 35 horas.

El gobierno también desfinanció los programas de salud reproductiva y de educación sexual. Discontinuó el envío de insumos para la acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y  cortó el financiamiento del programa destinado a prevenir el embarazo no deseado en adolescentes.

Como parte de la misma batalla cultural, la gestión libertaria “exacerbó los discursos que patologizan y deshumanizan a las personas LGTBIQ+, incitando a la violencia y a crímenes de odio”.

Negacionismo del cambio climático

“El calentamiento global es una mentira del socialismo”, ha dicho Milei. Su gobierno, apuntó Amnistía, no está teniendo ningún cuidado del ambiente: en su primer año hizo cambios legislativos que autorizaron la deforestación en zonas protegidas, amplió la autorización de actividades mineras en la zona periglaciar, desfinanció el servicio nacional de Manejo del Fuego y facilitó las quemas de campos. 

Pueblos originarios

A través de un decreto,  Milei eliminó la protección legal con la que contaban los pueblos originarios para frenar los desalojos en sus territorios. Antes había derogado el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que era el organismo que reconocía la personería jurídica a las comunidades. Con estas medidas, el Estado podrá fallar a favor de privados (personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras) que poseen títulos de propiedad irregulares por haber sido expedidos posteriormente a propiedad ancestral. "Esto ha dejado a los pueblos originarios expuestos y desprotegidos", señaló el informe. 

Su versión completa, que revisa también la pérdida de derechos frente al avance de la cibervigilancia, así como los límites puestos al mecanismo de acceso a la información pública y los retrocesos en derechos humanos en el marco de la política exterior libertaria puede leerse en línea en la página de Amnistía Internacional Argentina.