La combinación de la actualización propuesta para el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Salta que permitirá el desmonte de más de 700 mil hectáreas y la derogación de la ley 26160, que frenaba desalojos de comunidades originarias, “es un combo explosivo”, aseguró la antropóloga y especialista en temas indígenas, Norma Naharro, quien participó junto a referentes de diferentes asociaciones civiles de una reunión en la Cámara de Senadores de la provincia.

La ley 26160, de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, protegía a las comunidades originarias de desalojos de sus territorios. Pero el presidente Javier Milei decidió derogar el decreto de necesidad y urgencia que había establecido la última prórroga hasta el 23 de noviembre de 2025.

Esta nueva realidad, conocida el martes último tras su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, pone ahora más presión en el tratamiento del proyecto de OTBN que fue aprobado ese mismo día por la Cámara de Diputados de Salta, que la remitió para su tratamiento al Senado de la provincia.

En ese marco el miércoles último Naharro participó de una reunión, junto a referentes de asociaciones civiles y comunidades indígenas, con al menos 16 senadores provinciales. El tema del encuentro fue el proyecto de nuevo ordenamiento territorial de los bosques de la provincia. Por el momento, se pospuso el tratamiento del ordenamiento por una semana, y se prevé que el proyecto sea considerado en la sesión del jueves próximo.

“Siempre cuidaremos el medio ambiente, pero también la queremos productiva. Queremos una Salta con trabajo genuino y en crecimiento. Respetando siempre el lema de producir conservando y conservar produciendo”, había dicho la semana pasada el gobernador Gustavo Sáenz al anunciar el envío del proyecto a la Legislatura.

“El Gobierno Nacional ha establecido como uno de sus pilares principales el respeto irrestricto a la propiedad privada, considerando este derecho no solo como un principio de justicia, sino también, como un factor clave para atraer las inversiones necesarias para el verdadero bienestar del país”, indica entre sus fundamentos el decreto que deroga la norma que mantenía suspendidos los desalojos de comunidades.

Sobre el OTBN, Naharro dijo que lo único que produjo el modelo de desmonte que ponderaron los últimos tres gobiernos provinciales, y también el nacional, “fue hambre, miseria, muerte y migración”. Puso como ejemplo que tanto Rivadavia como San Martín, dos de los departamentos en donde se impulsó este modelo de desarrollo, “son los más pobres de todo el país”.

Añadió que no se trata solamente de las comunidades indígenas, sino también de otros factores que atraviesan la problemática como el cambio climático, el deterioro ambiental, las inundaciones y las sequías, entre otras consecuencias negativas.

“No se trata de decir no al desarrollo. Sino de buscar otro modelo de desarrollo”, planteó. Mencionó también que con el desmonte y los agronegocios “viene la fumigación. Entonces es todo un paquete; instalan los agronegocios, no toman mano de obra local y fumigan a la población local. ¿Queremos que siga pasando? Que se intensifiquen las nefastas consecuencias del modelo impulsado en años anteriores? ¿Dónde están los beneficios que han traídos los desmontes?”.

Cuestionamientos al proyecto

Fueron varios los cuestionamientos planteados al proyecto de Ordenamiento presentado por el equipo técnico que encabezó Lucas Seghezzo, investigador del INENCO (Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional).

Entre ellos, se señaló que, de aprobarse este nuevo OTBN, se permitiría autorizar desmontes en zonas que antes estaban protegidas por pertenecer a la categoría 2 o amarilla. Se recordó que en estas zonas viven numerosas comunidades indígenas y familias campesinas criollas cuyo principal sustento proviene del bosque nativo.

Se destacó como avance del proyecto lo incluido en el Anexo VIII que dispone una propuesta de protocolo de consulta con carácter vinculante. Sin embargo, en caso de no llegar a un acuerdo entre el proponente y las comunidades o campesinos afectados, se establece que se deberá resolver por vía judicial. En este punto, se recordó que la judicialización es una vía históricamente desfavorable a las comunidades e implica un enorme esfuerzo económico y de tiempo que la mayoría de las veces no están en condiciones de afrontar.

“Decir que esta población podrá defender sus derechos al territorio basándose en procedimientos administrativos o judiciales de manera fragmentada es una manifestación de ignorancia o de perverso sarcasmo”, evaluó Naharro. Puso como ejemplo los mecanismos de audiencias públicas, hasta ahora vigentes, con los que nunca se pudo modificar un proyecto de cambio de uso de suelo, por más que las comunidades y el campesinado hayan hecho un enorme esfuerzo por participar de ellas y exponer su situación.

Naharro afirmó que si bien hubo grupos de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), que participaron en la elaboración de la propuesta, no se convocó a especialistas de la Facultad de Humanidades, “Como si la problemática de los Bbosques nativos fuera un tema exclusivo de las ciencias naturales, sin tener en cuenta la complejidad social que encierra, y lo mucho que afecta la vida de las personas”, afirmó.

Se mostró en una posición antagónica respecto del modelo participativo que se planteó en los encuentros en tanto “la metodología ‘Q’ no es apropiada en este tipo de cuestiones, o por lo menos no es suficiente en contextos interculturales”, afirmó. 

“Lo que haya producido el grupo (liderado por Seghezzo), no es la voz de toda la Universidad, ni el producto de un trabajo interdisciplinario”, afirmó.

Manifestación en la Legislatura

El jueves último, día de sesión del Senado de la provincia, se realizó una manifestación en la Legislatura para solicitar nuevamente que se deje afuera la posibilidad de continuar con los desmontes.

La responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Noemí Cruz, sostuvo que el proyecto de OTBN presentado es regresivo porque permite desmontar en donde antes no se podía.

“Deberían conocer más la situación de su gente”, dijo con respecto a los legisladores de los departamentos ubicados en el Chaco salteño (Orán, Rivadavia, San Martín y Anta en general), que pese a conocer las consecuencias de los desmontes, apoyan esta iniciativa.

Criticó además que la zonificación de las áreas a desmontar no sea clara, dado que esto quita a la población la posibilidad de hacer un control.