Al cumplirse un año de la gestión de Javier Milei, presentamos el “Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2024”. Las afectaciones a la libertad de expresión de las cuales da cuenta este trabajo tienen tal alcance y magnitud que es difícil encontrar puntos de comparación con otro período similar desde la recuperación de la democracia.

Este informe comenzó a gestarse con el seguimiento y sistematización de las medidas que el gobierno de Milei fue tomando en materia de comunicación desde su asunción. El abandono por parte del Estado de su rol de garante del derecho a la comunicación se vislumbró tempranamente con la amenaza de privatización de medios públicos presente en la Ley Bases, el vaciamiento de organismos y otras políticas de promoción de la producción audiovisual y la suspensión de la pauta publicitaria oficial. Se confirmó y tomó visibilidad pública con la intervención de la agencia Télam, a comienzos de febrero, que los trabajadores y las trabajadoras enfrentaron con un acampe de 128 días.

Pero el análisis de las políticas públicas de comunicación que este gobierno desmanteló y de aquellas que impulsó no alcanza para dar cuenta del estado de situación de la libertad de expresión en nuestro país. Porque, como dice el propio informe, al cumplirse un año de este gobierno, “no nos enfrentamos a un escenario en el que analizamos el nivel de cumplimiento (o incumplimiento) del Estado respecto de sus compromisos como garante del derecho a la información de toda la ciudadanía. Nos encontramos con un aparato estatal orientado a acallar las voces críticas de maneras muy concretas”.

Por eso, el informe describe la represión, persecución y hostigamiento a periodistas y otras personas que asumen la voz pública en manifestaciones, medios de comunicación o redes sociales. Registra más de medio centenar de casos de periodistas heridos por fuerzas de seguridad en operativos de represión de protestas sociales. Detalla la situación de las 33 personas que fueron perseguidas penalmente y privadas de su libertad por participar de la protesta por la aprobación de la Ley Bases. Documenta, además, una decena de casos de persecución penal impulsada por funcionarios nacionales y provinciales contra periodistas, ciudadanas y ciudadanos comunes a partir de sus expresiones en medios de comunicación o redes sociales. Entre ellos se encuentra el caso, a comienzos de año, de las dos personas presas por tuitear en la provincia de Jujuy. También registra más de 50 ataques contra periodistas a través de redes sociales, muchos de ellos encabezados por el propio presidente de la Nación.

El informe también da cuenta del ahogo económico que pesa sobre los medios y el brutal deterioro de las condiciones laborales de las comunicadoras y los comunicadores. Describe la parálisis de políticas de fomento de medios comunitarios, indígenas y de frontera. Estas situaciones tienen un efecto directo sobre la expresión de perspectivas disidentes al discurso oficial.

Sabemos que veníamos de un contexto de profundas asimetrías en Argentina, tanto por la hiper concentración de la propiedad de los medios de comunicación como por las barreras en el acceso al debate público. Lo que encontramos, luego del primer año de este gobierno, es que esas asimetrías se han profundizado. En nombre de la supuesta “batalla cultural”, el gobierno y sus socios económicos avanzaron en acciones concretas, cuyo denominador común es la concepción del Estado como obstáculo a la acción de los poderes fácticos.

Frente a este escenario, desde la Carrera y la Facultad asumimos dos tareas. Por un lado, acompañar en la defensa de los actores de la comunicación atacados: medios y organismos públicos, periodistas y reporteros gráficos, medios comunitarios, cooperativos e indígenas. Por otro lado, construir conocimiento sistemático y capacidad de interpretación de una serie de medidas que aparecen dispersas y abrumadoras pero que en su totalidad conforman una política de comunicación.

Para esto, trabajamos en conjunto con el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y la Federación Internacional de Periodistas, como muestra también de la articulación de actores que consideramos indispensable no sólo para dejar testimonio, como hace este informe, sino también para enfrentar el creciente autoritarismo y silenciamiento de las voces críticas.

* Vice decano de la Fac. de Ciencias Sociales UBA

** Directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación FSOC UBA