Las conducciones nacionales de Ctera (docentes) y ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) reclamaron ayer en Rosario “el inmediato cierre y la anulación de las causas armadas contra trabajadores docentes y estatales” que protestaron el 12 de septiembre en la Legislatura contra la reforma previsional regresiva, y equipararon al gobernador Maximiliano Pullaro y al presidente, Javier Milei, en sus objetivos por “demonizar y estigmatizar” las luchas sindicales contra las políticas de ajuste hacia el salario y las y los trabajadores.

La titular de Ctera, Sonia Alesso, consideró “terrible” lo sucedido con la imputación a docentes y estatales por las protestas en la Legislatura, el día que la Cámara de Diputados aprobó el ajuste previsional que lesiona los intereses de los afiliados a la Caja de Jubilaciones, y cuya legalidad se discute en los Tribunales provinciales por vía de amparos.

Alesso sostuvo durante la rueda de prensa, realizada ayer por la mañana en el local de Amsafé Rosario, que lo sucedido “no tiene antecedentes en tiempos democráticos, y recordó que con el ex gobernador Carlos “Reutemann no la tuvimos fácil”.

“Lo que se trata de soslayar cuando se habla de este tema es qué pasó”, dijo la dirigente docente, para agregar que “ese día se llevó adelante uno de los ataques más grandes contra la docencia, que es despojarnos de una lucha histórica de los trabajadores y trabajadoras que peleamos, en nuestro caso, por una ley especial docente, por el 82 por ciento móvil y el traslado en forma inmediata del aumento de los activos a los jubilados”.

El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, exigió por su parte “el inmediato cierre y la anulación de las causas armadas contra trabajadores docentes y estatales” que fueron imputados en libertad, en octubre, por los delitos de daño agravado e impedimento del funcionamiento de la Legislatura, que de todos modos sancionó la reforma previsional y la declaración de emergencia del sistema jubilatorio que solicitaba el gobernador Pullaro.

Se trata de Román González, Franco Casassola, Diego del Castillo Curbelo (Amsafé), Maximiliano Molina (ATE Rosario) y Mauro Corna (Sindicato de Municipales de Venado Tuerto), que aún continúan en proceso en una causa que sigue la fiscal Laura Urquiza, de la ciudad de Santa Fe.

“Venimos a Rosario a repudiar la persecución política e ideológica a los trabajadores”, dijo Aguiar, el líder nacional del sindicato de estatales ATE.

“No caben dudas que se trata de un ataque a los sindicatos que quieren luchar”, afirmó el dirigente, para agregar: “Pero tiene que quedar en claro que no lo van a lograr. Empezamos el año luchando y así lo estamos terminando”.

De la conferencia de prensa para exigir el cese de la “persecución política y sindical” a los trabajadores que resisten las políticas contrarias a sus intereses y necesidades, participaron numerosos representantes de gremios locales, organizaciones sociales, políticas y estudiantiles.

Alesso, por su parte, señaló que tanto “el gobierno de la provincia como el gobierno de Milei vienen a llevar adelante un saqueo sobre nuestros salarios, sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestra soberanía y sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

En esa línea, argumentó que “eso es lo que llevó al procesamiento de nuestros compañeros. Por eso, frente a este hecho y a muchos otros, desde Ctera decimos no al procesamiento de los luchadores populares, desprocesamiento ya a todos los que pelean contra el ajuste del gobierno de Milei y el de Pullaro”.

A su turno, el secretario general de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, coincidió con Alesso que un hecho de tal gravedad “no había pasado en 40 años”, como fue “la detención de seis compañeros por participar de una movilización, de un reclamo contra las políticas de ajuste del Gobierno” de Unidos.

“Los docentes en estos 40 años (de democracia) hicimos de todo y nunca pasó lo que ocurrió hace dos meses, la detención de compañeros por luchar”, insistió el dirigente de los trabajadores de la educación.

Dijo que “la forma en la que se los detuvo”, con allanamientos que tiraron puertas abajo, con personal policial armado, “fueron más propios de la dictadura que de la democracia”, y valoró que ante esa situación “hubo una reacción muy fuerte de todo el movimiento popular, de distintas organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles que llenamos la plaza San Martín reclamando la libertad de los compañeros”, que se consiguió al día siguiente de esa movilización.

Casiello también recordó el objetivo disciplinador de los procedimientos empleados por la Casa Gris junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA) al señalar que cuando liberaron los trabajadores “los sacaron de tribunales y los llevaron al penal, donde se concretó la liberación, con mecanismos que no usan ni con los jefes narcos ni con los presos de alto perfil”.

 

En ese sentido, remarcó que se trata de “una política que busca criminalizar la protesta y demonizar a los compañeros que habían protagonizado una lucha legítima e importante” contra la reforma jubilatoria que lesiona sus derechos, y que en su narrativa el Gobierno trasviste a “privilegios”.

Si bien los trabajadores quedaron imputados por los delitos mencionados, aunque transitan el proceso en libertad al entender la jueza del caso, Susana Luna, que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, sus defensas solicitaron en segunda instancia que se declare la "nulidad" de las actuaciones, atento a que la magistrada de la audiencia fue la misma que, con anterioridad, ofició a la empresa Meta (dueña de Facebook e Instagram, entre otras) la solicitud de las contraseñas de las redes sociales de los sindicatos a los que están afiliados los investigados.

De esa manera, entienden las defensas, se viola el principio de "imparcialidad" del juez de la causa. También consideraron que la medida, así como el planteo para abrir los teléfonos secuestrados a los acusados, violenta "la inviolabilidad de los locales y bienes sindicales, en particular de la correspondencia", lo cual "constituye una de las libertades esenciales en el ejercicio de los derechos sindicales y garantías fundantes de una sociedad democrática".