El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) escuchó ayer al referente del equipo técnico a cargo del proyecto de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), Lucas Seghezzo, ante la petición de organizaciones sociales de que esta casa de estudios se posicione respecto a esta nueva propuesta.

El proyecto de actualización ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, dada el martes anterior. Tras los reclamos de organizaciones sociales e integrantes de la Facultad de Humanidades, el Senado frenó el tratamiento hasta este jueves, cuando se prevé que el nuevo ordenamiento sea aprobado en definitiva.

El tratamiento en el Consejo Superior (órgano de gobierno máximo de la Universidad), tuvo lugar tras un pedido de los representantes de graduados, que observó la falta de respuesta del rector Daniel Hoyos al pedido de pronunciamiento que las organizaciones habían ingresado el 21 de octubre pasado.

Fue la diputada nacional con mandato cumplido Verónica Caliva la responsable de presentar la petición ante el Consejo Superior.

Entre las observaciones al nuevo proyecto de ordenamiento de los bosques, Caliva volvió a plantear la falta de participación de algunas comunidades indígenas y campesinas, la habilitación de más de 700 mil hectáreas para el desmonte sin zonificación definida, además de convertir en zonas desmontables a áreas que en el OTBN anterior figuraban para ser conservadas. 

Caliva adelantó la necesidad de contar con una postura clara de la Universidad Pública, dado que la intervención de esta Universidad en el proceso de elaboración del OTBN fue uno de los fundamentos más fuertes para que la iniciativa pasara el filtro de la votación en Diputados.

Sin embargo, Humanidades viene objetando la falta de participación de especialistas de antropología en el proceso para definir el nuevo OTBN.

Frente a las críticas, Seghezzo hizo la presentación con explicaciones del proceso que se llevó adelante por tres años para crear una herramienta que permita obtener un proyecto de ordenamiento que incluya a todos los sectores.

La defensa del proyecto

Aunque no la mencionó, respondió a las críticas que realizó la antropóloga Norma Naharro a la metodología “Q” que utilizó para realizar el mapa.

Explicó la mecánica de la herramienta metodológica para que desde cuatro perspectivas distintas se defina la importancia de las áreas a mapear. Estas perspectivas iban desde una mirada conservacionista a otra productivista. Recordó que en las cuatro mesas hubo integrantes de distintas asociaciones campesinas, indígenas, estatales, de organizaciones civiles, y especialistas, que definieron en cuál parte se podía producir, y en cuál no.

En cuanto al llamado “verde hipotético”, explicó que será distribuido dentro de las áreas que se pintaron de amarillo oscuro (por decisión de la Nación y para cumplir con lo establecido por la Ley de Bosques), según las condiciones en las que se encuentre el área que se pidió desmontar.

Ese amarillo oscuro está por fuera de las zonas amarillas propiamente dichas y las rojas. Según la explicació de Seghezzo, y siempre que se respete el mecanismo propuesto, el desmonte no se haría en un solo catastro sino sectorizado. A la crítica del cambio de color de zonas rojas que eran rojas en el anterior OTBN, respondió que hay áreas a conservar que habían sido mal categorizadas en el ordenamiento anterior.

Añadió que, en muchas zonas ya desmontadas, realizar una nueva deforestación sería una pérdida, razón por la cual -entendió- quienes esperan el OTBN también tienen su interés en ganar en bonos de carbono al no desmontar. Estos bonos sirven para ser vendidos a compañías (incluso transnacionales) que, por el nivel de contaminación que generan, necesitan acumularlos para compensar la emisión de gases de efecto invernadero.

En cuanto a los derechos de las comunidades originarias, el especialista afirmó que en la propuesta presentada existe un mapa de la provincia que muestra la cantidad de comunidades campesinas e indígenas que se extienden en los territorios y consideró que este mapa es el que puede servir de control para los proyectos de Cambio de Uso de Suelo (CUS) que se soliciten, con posiciones vinculantes por parte de estas poblaciones.

En cuanto a la consulta previa, libre e informada, afirmó que “no es el momento de hacerla", sino que será "necesaria cuando haya un proyecto que puede afectar a una comunidad en particular”.

Sostuvo que comparte las preocupaciones que se manifestaron, pero insistió en que la propuesta presentada "es una respuesta a esas preocupaciones". Admitió que, de todas maneras, las leyes en su totalidad corren el riesgo de ser mal implementadas.

Tamboén apuntó contra quienes cuestionaron la propuesta: dijo que no la habían leído en su totalidad, aunque reconoció que la comunicación no fue de las mejores.

Peligro de tardanza

La propuesta de Seghezzo fue aplaudida por Hoyos, pero fue observada nuevamente por la decana de Humanidades, Mercedes Vázquez, ante la falta de participación en el proceso de elaboración del OTBN de especialistas de la Facultad que representa.

Tras el debate, el Consejo Superior envió los posicionamientos a una comisión de interpretación para que proponga una resolución. En principio, y si hay posibilidad, el cuerpo se volvería reunir el jueves para decidir la postura definitiva a tomar frente al nuevo ordenamiento.

Sin embargo, dado que el jueves sesiona el Senado, ese día el OTBN podría ya convertirse en ley antes de que se conozca el posicionamiento de la Universidad.