"A mí la municipalidad no me puede sacar", advirtió anoche José Muratore. El hasta ayer administrador del Mercado San Miguel negó enfáticamente estar atrincherado o aferrado a su cargo como uno de los tres administradores del histórico centro comercial luego de que se conociera la novedad de la intervención dispuesta por el municipio. 

Muratore es administrador desde 2016 en representación de la Fundación San Miguel dentro del directorio del Ente Descentralizado. En ese año fue aprobada la creación de este directorio para administrar al principal mercado capitalino, y a varios otros mercaditos municipales distribuidos en la capital salteña.

"La ordenanza dice claramente que el intendente sólo puede cambiar los dos directores que representan al municipio, nada más", dijo Muratore en conversación con Salta/12 en su oficina del primer piso del Mercado. "A mí me puede sacar únicamente la gente de la Fundación, que son todos los puesteros", agregó. 

La ordenanza 15.151, de 2016, que lleva la firma del jefe comunal de ese momento -Gustavo Sáenz, actual gobernador de la provincia- establece en su artículo 3 que el Mercado será "dirigido y administrado por un directorio compuesto por tres miembros: dos (...) designados y removidos por el Intendente y uno por la Fundación San Miguel". El punto que cuestionó ayer Muratore fue la legitimidad de la decisión que tomó la intendencia capitalina, que actualmente administra Emiliano Durand, para desplazarlo de su cargo -por decreto 720/24- mediante la designación de un interventor.

Ayer, el flamante interventor Emilio Gutiérrez, que se desempeñaba como director de Centros Vecinales, informó sus tres primeras medidas tras asumir en ese cargo. En primer lugar, garantizó la continuidad de la actividad y explotación comercial a puesteras y puesteros. En segundo lugar, anunció la suspensión por tres meses del "pago de todo canon o alquiler por la explotación comercial de los permisionarios y puesteros afectados por el incendio" del 6 de noviembre pasado que destruyó una tercera parte del predio, que es propiedad del gobierno de Salta. Por último, Gutiérrez insistió en que permisionarias y permisionarios deben "abstenerse de realizar cualquier pago por cualquier concepto a los administradores". 

Ayer por la mañana, cuando el intendente Emiliano Durand envió al novel interventor a asumir sus funciones en las oficinas del Mercado San Miguel, José Muratore con un grupo de puesteros bloquearon el acceso a las oficinas del representante de la Fundación San Miguel en el primer piso. Mientras era aplaudido por puesteras y puesteros que se acercaron a apoyarlo, Muratore se defendió de la intervención argumentando que se encontraba vigente una medida cautelar que impedía que los permisionarios fuesen trasladados a otro punto de la ciudad.

Si bien Muratore explicó a este diario que presentaron ese amparo para impedir que la intendencia los reubicara en otro lugar de la ciudad para iniciar la remodelación del Mercado, desde la comuna capitalina aclararon que la cautelar -actualmente vigente- a favor de los permisionarios "nada tiene que ver con la intervención que decidió la jefatura del Municipio Salta Capital". 

La misma fuente oficial aclaró que la intervención se dispuso por "la incertidumbre creada a los puesteros y permisionarios del Mercado San Miguel" y "la necesidad de tomar medidas inmediatas para mitigar los efectos del incendio ocurrido" el 6 de noviembre. El amparo fue tramitado por iniciativa de la Fundación San Miguel ante el juez de Primera Instancia en lo Civil, de Personas y Familia Víctor Raúl Soria.

Mercado San Miguel (Imagen: Analía Brizuela)

En la ronda de consultas que realizó ayer este diario por puestos del Mercado, varios permisionarios explicaron lo que, a su entender, ocurría con la administración. "Nosotros pensamos que algo se rompió en la relación entre el municipio y el administrador (José Muratore), porque hasta hace poco estaba todo bien, pero ahora decidieron intervenir el directorio", comentó una permisionaria del sector gastronómico que prefirió resguardar su identidad. 

"Aquí tuvimos dos reuniones después del incendio: en una nos dijeron que el seguro solamente cubriría el daño estructural que ocasionó el incendio, pero no así a cada puestero que lo perdió todo", señaló otro permisionario que hasta ayer vendía en el sector incendiado sobre la calle Urquiza, que lentamente recupera la actividad comercial. "En la segunda, el relato fue otro", continuó, "porque nos dijeron que una parte de ese seguro sería para los danmificados, pero después no nos informaron nada más. Aquí hubo gente que perdió muchísimo dinero", insistió.   

"Bajo ningún punto de vista la cautelar está por encima del decreto del Ejecutivo Municipal", respondieron a las consultas de este diario desde la Municipalidad de Salta. Sin embargo, resta ver qué pasará con el director díscolo. "Nosotros vamos a presentar una denuncia contra el Municipio de la ciudad por desobediancia judicial", aseveró Muratore, siempre en función de un doble argumento: la comuna no tiene el poder para removerlo, por ser el representante de la Fundación San Miguel; tampoco para desplazarlo de su cargo, por estar vigente una cautelar que ordenó a la comuna salteña mantener a los permisionarios en su lugar de trabajo, es decir, en el actual predio del Mercado San Miguel en el centro de la ciudad de Salta.