El Gobierno de Ecuador descartó finalmente construir una de las dos cárceles de máxima seguridad a similitud del "modelo Bukele" cerca de la ciudad amazónica de Archidona, tras quince días de protestas de grupos indígenas y otros colectivos sociales que se oponen a dicho proyecto por considerarlo negativo y peligroso.

El Ejecutivo, no obstante, anunció que todavía estudia llevar adelante la construcción del centro carcelario cerca de la ciudad turística de Salinas, en la provincia costera de Santa Elena, donde su municipio ha aceptado acoger dicho proyecto. En esa misma provincia ya están en marcha las obras de la primera de las dos cárceles de máxima seguridad que el Gobierno de Daniel Noboa ha impulsado con la idea de enclaustar a líderes criminales y otros delincuentes de alta peligrosidad.

El Ministerio de Gobierno anunció en un comunicado que se ha aceptado la invitación del Municipio de Salinas "para la implementación de un proyecto de infraestructura penitenciaria de máxima seguridad". Añadió que la iniciativa de tener un centro de reclusión de máxima seguridad en Archidona "será ejecutado en un nuevo punto estratégico que se definirá en coordinación con las autoridades del cantón (municipio) de Salinas".

El Ministerio recordó que Archidona cuenta con una cárcel de mínima seguridad, la misma que será "repotenciada" ya que su infraestructura es actualmente deficiente. Allí están recluidas unas 500 personas cuando su capacidad es para algo más de 300.

"Esta decisión reafirma el compromiso del Gobierno Nacional con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y con el impulso al desarrollo económico y social, ahora de la comunidad del cantón Salinas, generando empleo directo e indirecto y dinamizando la economía local mediante una obra de esta envergadura", agregó el Ministerio.

"No vamos a parar en esta lucha", apostilló el Ministerio de Gobierno, que no se refirió a las protestas indígenas en Archidona, donde grupos sociales advirtieron de una fuerte militarización para intentar parar las movilizaciones.

Las protestas en Archidona

En la mañana de este lunes, las manifestaciones indígenas, apoyadas por amplios sectores sociales de la provincia amazónica de Napo, donde queda Archidona, bloquearon las carreteras que unen a esa jurisdicción con el resto de la Amazonía y con el interior del país.

Apoyados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), los manifestantes habían advertido de que el proyecto del Gobierno no había consultado a las comunidades afectadas y pretendía imponerlo a la fuerza.

El máximo líder de la Conaie y candidato presidencial, Leonidas Iza, había exigido la semana pasada al Gobierno y a las Fuerzas Armadas que cesaran la represión en la provincia de Napo y justificado la reacción de sus bases.

"Cuando los gobernantes de turno no escuchan al pueblo, es necesario que el pueblo no escuchado levante su voz", dijo entonces Iza al advertir de que la propuesta carcelaria del Gobierno no representaba "ninguna solución" ante el azote del crimen organizado en el país y, más bien, trasladaba el problema a "los hombros del pueblo".

Iza recomendó al Gobierno de Noboa poner su esfuerzo en controlar las otras cárceles del país, donde bandas criminales se disputan el control y se han convertido en focos de violencia.

La cárcel en Santa Elena, bajo impugnación judicial

Un juez inició este lunes la evaluación a la acción de protección presentada por una comunidad para detener las obras de otra de las cárceles de Noboa.

La audiencia, que fue aplazada por el juez para el viernes, estudiará la demanda presentada por la comunidad Bajada de Chanduy, cercana a la zona, en la costera provincia de Santa Elena, donde desde el mes de junio se está construyendo el centro penitenciario.

La comunidad se declara como nativa de la zona y alega tener el derecho a que el Estado ejerza una consulta previa sobre el proyecto carcelario en su territorio, conforme disponen la legislación nacional ecuatoriana para las comunidades indígenas.