PáginaI12 En Gran Bretaña
Desde Londres 

El Brexit se ha vuelto una cuestión de números y fechas. La primera cuenta que salta a la vista es la del divorcio. ¿Cuánto le cuesta al Reino Unido la separación de la UE? ¿Cuánto tiene que pagar por los compromisos contraídos durante 43 años de matrimonio interrumpidos abruptamente por el referendo británico de junio de 2016?

Desde que activó el mecanismo para negociar la salida del bloque europeo en marzo, el gobierno de Theresa May tardó cinco meses de tironeo con sus facciones internas para ofrecer unos 20 mil millones de euros que estaban a una distancia sideral de los entre 60 y 80 mil millones que, extraoficialmente, exigía la UE. El resultado fue previsible. El 18 de octubre, el Consejo Europeo, que reúne a los mandatarios de la UE, indicó que no se había progresado lo suficiente en la primera etapa de negociaciones como para pasar a la segunda, es decir, al tipo de acuerdo comercial que regirá la relación británica con la UE que concentra la mitad de sus intercambios económicos.

Con las negociaciones estancadas, la libra en caída, el establishment empresario y financiero británico tirándose de los pelos, el gobierno de May dejó trascender que doblaría la oferta a principios de diciembre como para que los gobiernos europeos tengan tiempo de analizarla antes de la decisiva cumbre europea del 13-14 del mes próximo.

Los 40 mil millones que pondría May sobre la mesa tienen una doble condición: deben dar comienzo a las negociaciones para un tratado post–brexit y, además, el desembolso será condicional al tipo de acuerdo comercial al que se llegue. Esta segunda condición es inaceptable para la UE que quiere un compromiso por escrito de los británicos de que van a pagar, haya o no acuerdo comercial. Pero además, si un solo gobierno de la UE no está de acuerdo con la cifra, es decir, si no hay unanimidad entre los 27 países, la negociación no saldría del pantano en que se encuentra.

En medio de todo este tironeo sobre el dinero, aparece otro problema aparentemente irresoluble. La República de Irlanda ha dejado en claro que bloqueará un avance a la segunda fase si no hay un plan claro que evite la construcción de un “hard border” entre la República e Irlanda del Norte. Con los británicos en el interior de la UE no había controles aduaneros, cámaras, control de pasaporte entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte porque ambas eran parte de la UE. Esa unidad comercial, económica y aduanera figuró en el primer punto del acuerdo de viernes santo de 1998 que puso fin a más de 30 años de conflicto armado en Irlanda del Norte.

El temor de todos –Irlanda del Norte, la República de Irlanda, el Reino Unido y la UE –es que un “hard border” genere las condiciones para un nuevo conflicto. En esto hay acuerdo. El tema es técnico y parece insoluble porque ¿cómo se evita una frontera entre dos jurisdicciones que no forman parte de la misma entidad supranacional? Como salida, la República de Irlanda ha propuesto que, a diferencia de Inglaterra, Escocia y Gales, Irlanda del Norte siga siendo parte del mercado unificado europeo y la unión aduanera.

El gobierno de May, que rechazó esta opción para el conjunto del Reino Unido, considera que otorgársela a Irlanda del Norte genera una partición de hecho. En la práctica cotidiana Irlanda del Norte tendría tanto en común con la República como con los otros tres miembros que forman el Reino Unido: Inglaterra, Escocia y Gales. La reunificación de la isla de Irlanda, partida con la independencia de la República en 1922, estaría un paso más cerca.

El problema es que los británicos no han puesto sobre la mesa ninguna alternativa para evitar el “Hard Border”. En agosto el ministro para el Brexit, David Davis, habló de hacer un seguimiento electrónico de todos los bienes que cruzaran la frontera, pero admitió después que era una especie de idea dicha al pasar, algo para pensar en el futuro. El comentario enfureció a la República que lo interpretó como un ninguneo: desde entonces Dublin ha endurecido su posición. Ayer el canciller de la República, Simon Coveny, dijo que si el Reino Unido no ofrecía “claridad y credibilidad”, la República bloquearía el comienzo de las negociaciones para un acuerdo comercial post brexit.

Suponiendo que se le encontrara la vuelta diplomática a todo este laberinto y el Consejo Europeo diera el visto bueno el 13-14 de diciembre, quedarían unos 11 o 12 meses máximo para llegar a un acuerdo y que los 28 parlamentos (incluido el británico) puedan debatirlo y votarlo antes del 29 de marzo de 2019. El plazo es tan exiguo y la negociación tan compleja que los británicos ya han dejado en claro que quieren un período de transición de dos años durante el cual el Reino Unido seguirá formando parte de la UE –del mercado unificado, de la unión aduanera, de la libertad de movimiento de personas y de las contribuciones al presupuesto– mientras se adaptan al eventual mundo post-brexit. El proceso de transición requiere, por supuesto, el voto unánime de los 27 miembros de la UE. Posible, pero no garantizado.

Si todo esto suena muy técnico, la cosa se vuelve laberíntica cuando metemos de lleno el factor político. En medio de toda esta negociación de alto vuelo, Alemania se encuentra en una crisis que puede terminar en una nueva convocatoria a elecciones. La coalición que gobierna la República de Irlanda se encuentra en una situación similar. En el Reino Unido la idea de pagar 40 mil millones de euros (o más) a la UE será una patada en el estómago para la poderosa ala eurófoba conservadora y para los que votaron a favor del Brexit con la promesa de que el Reino Unido recuperaría unas 350 millones de libras por semana de su contribución al presupuesto europeo y que ese dinero se invertiría en el Servicio Nacional de Salud.

¿Existe la posibilidad de dar marcha atrás con el Brexit? Técnicamente es posible. Políticamente es mucho más complicado, aunque en los últimos meses, ante el creciente impacto económico y la caótica estrategia gubernamental, se han sumado voces que apuntan en esta dirección.

Por el momento, pinta más factible que las negociaciones no lleguen a buen puerto y que el Reino Unido pase a ser un país más que negocia con la UE con quien tiene la mitad de sus intercambios comerciales, algo que tendría un duro impacto económico porque de la noche a la mañana los aranceles de muchos productos saltarían del cero por ciento actual a un 10 o 15 y la City de Londres perdería su acceso irrestricto al mercado europeo. Tan factible como esto, es que en el camino caiga el gobierno y haya nuevas elecciones.