La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario ordenó al Ministerio de Educación de la Ciudad la conformación de una Mesa de Trabajo para brindar información faltante sobre la reforma educativa Secundaria del Futuro, que se implementará el año que viene en 19 escuelas porteñas. El tribunal respondió al reclamo de información pública que se realizó a través de tres amparos: uno presentado por los asesores tutelares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno en representación de los estudiantes; otro, por un grupo de padres a través del Ministerio Público de Defensa, presidido por el defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire; y un tercero presentado por otro grupo de padres de manera independiente. En diálogo con PáginaI12 el asesor tutelar Moreno sostuvo que con este fallo, “la Cámara confirmó que los estudiantes tenían razón: hasta el 20 de septiembre no existía ningún tipo de información sobre la reforma y el Ministerio presentó el primer documento por el reclamo de los Centros de Estudiantes con las tomas de los colegios y las movilizaciones”.
Según explicó Moreno, los amparos coincidían en tres reclamos. “Lo que pedíamos era información pública sobre la reforma; la conformación de una mesa de trabajo para poder discutirla con toda la comunidad educativa; y que se suspendiera la reforma en 2018, porque considerábamos que no había tiempo suficiente para tener un debate profundo”, detalló. El tribunal integrado por los jueces Esteban Centanaro, Carlos Balbín y Mariana Díaz, hizo lugar a las dos primeras demandas, pero no al pedido de anular implementación de la reforma el año que viene.
El fallo indica que la Mesa de Trabajo estará conformada por “el Ministerio Público Tutelar y dos representantes de los estudiantes; los cuatro padres designados para intervenir y presentes en la audiencia del 31/10/17, junto con el Ministerio Público de la Defensa; representantes de la Procuración General de la Ciudad y del Ministerio de Educación; el Dr. Ordas, padre y abogado en causa propia en los autos conexos ‘Ordas’”. Moreno detalló que participarán la asesora López Oliva, el defensor general Dos Santos Freire, y que los centros de estudiantes designarán a dos alumnos para representarlos.
Las pautas que estableció el tribunal para fijar la mesa señalan que “se considera suficiente que no supere los dos encuentros, pudiendo ser uno en caso de dirimir los aspectos que se consideran pendientes de abordaje”, para “satisfacer las inquietudes que generan incertidumbre en los actores”. En cuanto a las fechas, el fallo indica que “deberán ser combinadas entre las partes, lo mismo que el lugar de encuentro y comunicadas al juzgado de trámite”. El temario de las reuniones, en tanto, “debe comprender todo aquello que aún no se hubiera visto satisfecho en relación con los punteos presentados por los asesores tutelares y por los padres patrocinados por la defensa oficial”. Por último, el tribunal resolvió designar un “veedor judicial” para que integre la mesa de trabajo, “que deberá informar en el proceso y por escrito lo ocurrido en el marco de los encuentros que al efecto se produzcan. Para llevar a cabo tal cometido, la jueza de primera instancia Cecilia Molica Lourido deberá designar a un funcionario judicial de los que prestan funciones en el tribunal a su cargo”.
Moreno advirtió que hay varios temas sobre los cuales el Ministerio deberá expedirse en la Mesa de Trabajo, dado que la información brindada hasta ahora es “imprecisa y escasa”. El asesor tutelar destacó que “todavía no contestaron cuál va a ser el costo de la reforma, cuánto deberá invertir el gobierno en plataformas digitales y con qué empresas se va a realizar ese trabajo”. En relación a esto, agregó que “en las 19 escuelas piloto se arreglaron sólo las aulas de primer año y se dejaron como estaban las de todos los otros cursos”. “Tienen que presentar un plan de infraestructura para las 19 escuelas, no pueden ir haciendo refacciones a medida que los alumnos con el nuevo plan pasan de año. Es absurdo y desigual que hagan obras en las aulas de primer año y no en las escuelas en su integridad”, apuntó.
Para el asesor tutelar, otro de los temas polémicos de la reforma sobre el cuál aún no hay certezas son las prácticas laborales. “Si quieren que las prácticas laborales sean obligatorias van a tener que modificar la ley. Las prácticas educativas ya están establecidas en el artículo 2 de la Ley 3514 de Prácticas Educativas Preprofesionales de la Ciudad, en donde se explicita que no son obligatorias”, aseguró. Esta ley fue aprobada por la Legislatura en 2010 y al siguiente año el decreto reglamentario 586 fue firmado por el entonces jefe de gobierno, Mauricio Macri. Además, añadió, “deberán decir cómo va a ser el régimen de evaluación y ser claros sobre la cantidad de horas en las aulas que van a tener los alumnos”.
Informe: Juan Funes.