La compra de los créditos que los bancos internacionales tenían en el concurso preventivo de Vicentin SAIC –casi 500 millones de dólares verificados- por parte de un “grupo inversor” cuya cara visible es el financista Estaban Antonio Nofal –mencionado en los Panamá Papers con sociedades offshore- pareciera constituir un nuevo paso del grupo Grassi, también acreedor de la agroexportadora a través de Commodities SA, para quedarse con la firma que hace cinco años entró en cesación de pagos. De hecho, el directorio de Vicentin admitió ayer en un comunicado que se enteró de la operatorio por los medios e intentó llevar tranquilidad a sus empleados y acreedores. La definición del asunto, en el que se entretejen poderosos intereses económicos, está en manos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que debe resolver si confirma el acuerdo de pago del concurso o, por el contrario, abre la vía del salvataje, puerta por la que desea ingresar el grupo Grassi. 

 En ese camino se inscribe la noticia conocida ayer acerca de la compra por parte de Cima, un fondo de inversión de Esteban Antonio Nofal, un financista porteño que administra activos de terceros, de los créditos que los bancos extranjeros Rabo Bahnk; Natixis; IFC; FMO; ING; SMBC; y MUFG poseen en dólares en el concurso de Vicentin Saic. El total asciende U$D 477 millones, según la verificación que hicieron en el expediente que tramita en el juzgado civil y comercial de Reconquista, a cargo de Fabián Lorenzini.A través de un comunicado, Cima informó que “se adquirió esta deuda con el objetivo contribuir a destrabar el prolongado proceso judicial, que ya lleva cinco años, y trabajar en una solución que permita reactivar a la mayor compañía del sector agrícola de bandera argentina”.

El mismo texto agrega que “nuestra intención, como representantes del mayor acreedor del concurso, es colaborar en una pronta solución, que contemple en forma ecuánime los intereses de las distintas partes interesadas, en particular aquella que incluya la conservación de las fuentes de trabajo, cuidando el valioso Capital Humano de la compañía”. En rigor, el principal acreedor individual del concurso es el Banco de la Nación Argentina (BNA), con unos 300 millones de dólares.

Antes de su caída en cesación de pagos, el directorio del BNA, presidido por el economista Javier González Fraga, otorgó una serie de créditos a Vicentin con el objetivo de prefinanciar importaciones, incluso por fuera de las reglas de la entidad. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió la inhibición del bienes del titular del BNA durante el gobierno de Mauricio Macri, al considerar que “los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria”.

Eso fue así porque “otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”.

Diálogos

La relación entre el fondo de inversión que informó la adquisición de los créditos del concurso de Vicentin que estaban en manos de los bancos extranjeros, por casi 500 millones de dólares, y la firma Commodities SA, del grupo Grassi, está expuesta en el mismo comunicado de Cima.

“Cima ha iniciado diálogos con diversos actores interesados en el proceso, incluyendo al Grupo Grassi, con miras a explorar su participación en un eventual Cramdown. Es nuestra intención colaborar con todas las partes que deseen sumar valor, construyendo soluciones que atiendan de manera justa los intereses de los acreedores y demás actores involucrados, y que prioricen la preservación de las fuentes de trabajo, cuidando el valioso capital humano de la compañía”, señala el comunicado, que no brinda detalles de la operatoria de compra de los créditos.

Grassi -que es uno de los principales acreedores privados del concurso de Vicentin a través de su controlada Commodities SA- puja desde hace años por quedarse con la agroexportadora nacida en el norte santafesino, mediante el mecanismo que establece la Ley de Quiebras y Concursos como salvataje o cromdown.

De hecho, el expediente del concurso preventivo está otra vez en la Corte Suprema de Santa Fe por un recurso que interpuso Commodities contra la resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Reconquista, que revocó el rechazo de primera instancia al acuerdo que Vicentin alcanzó sus acreedores y lo homologó.

Un entendimiento entre Cima -que se habría quedado con una porción importante de los créditos del concurso- y el segundo acreedor comercial, Grassi, permite avanzar en la idea del cromdown como salida al longevo concurso de la agroexportadora conducida por las familias Padoán y Naselli.

Por los medios

El directorio de Vicentin SAIC dijo ayer a través de un comunicado que “habiendo tomado conocimiento por una información periodística de que el grupo inversor Cima SA, junto a la firma Grassi SA habrían adquirido la acreencia que tenían los bancos internacionales con Vicentin, hacemos saber a nuestro personal, a nuestros acreedores y a todas las partes relacionadas con el concurso de la sociedad que, de confirmarse esta información, nada habrá cambiado en el proceso cuya terminación perseguimos hace más de dos años y medio”.

Además, Vicentin volvió a cargar sobre el rol de la Corte Suprema santafesina en el proceso de concurso de acreedores, como lo hizo semanas atrás cuando anunció que por las demoras en ese tribunal debía presentar ante la Secretaría de Trabajo de la Nación un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), que le permitiera disminuir cargas laborales.

“Desde hace dos meses, la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, tiene en sus manos la homologación definitiva de la propuesta que aprobaron una mayoría contundente de acreedores, y esperamos que resuelva conforme a derecho. El Procurador General, por su parte ya se ha expedido por el rechazo de la queja presentada por Commodities y ahora corresponde el voto de los jueces del Tribunal Superior “, dijo Vicentin en el comunicado difundido ayer, luego de conocerse el de Cima. 

En esa línea, el directorio de la empresa agregó que “la sociedad ha hecho saber reiteradamente que, frente a las reiteradas dilaciones en alcanzar la homologación, ha agotado su disponibilidad de caja para financiar su giro ordinario, y que ha adoptado las medidas de crisis necesarias para sobrellevar la situación afectando lo menos posible a sus trabajadores, lo que no podrá sostener en el futuro cercano”. 

 A la vez, Vicentin informó que “dadas las dificultades financieras tan acuciantes en este momento, la sociedad también ha hecho saber que no dispone de los recursos para financiar un proceso de cramdown”, del que podría participar, al igual que otros oferentes. 

“Reiteramos nuestro pedido a la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe para que resuelva sin más dilaciones el recurso presentado por la firma Commodities para que finalmente, todas las partes relacionadas al proceso concursal puedan dar vuelta la página y terminar este largo capítulo por un camino comprobadamente seguro para la continuidad de la empresa y de las fuentes laborales relacionadas directa e indirectamente”, concluyó.

A dos semanas de finalización del año judicial, todo indica que la resolución de las controversias pasará a 2025, luego de la feria judicial de enero.