Las tensiones entre el gobierno provincial y la Justicia santafesina no cesan. Luego de las fuertes declaraciones del secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, cuestionando los amparos presentados por exfuncionarios judiciales, llegó la respuesta del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia. Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, la delegación sur del organismo repudió “las expresiones agraviantes y calumniosas” y transmitieron su solidaridad con los jueces y juezas del fuero laboral de Rosario. “Exhortamos a las autoridades provinciales para que hagan cesar este tipo de agresiones, coacciones y falsas imputaciones”, cuestionaron. A la fecha ya son cuatro los fallos adversos contra el gobierno por la reforma previsional y desde sectores de la Justicia entienden que habrá más sentencias de primera instancia cuestionando la declaración “de emergencia” de la norma.

El enfrentamiento entre el Poder Judicial y la Casa Gris sumó un nuevo capítulo la semana pasada, cuando la jueza Patricia Otegui hizo lugar a una acción de amparo contra la reforma previsional, presentada por la excamarista Elena Ramón. El fallo del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral N° 6 de Rosario dejó sin efecto el descuento del aporte solidario en los haberes previsionales de la demandante, así como también el tope de veinte jubilaciones mínimas que rigen con la nueva normativa aprobada en la Legislatura en septiembre pasado.

En sus redes sociales, Boasso cuestionó el fallo y publicó el recibo de sueldo de la demandante dando cuenta que se trataba de una jubilación millonaria, muy por encima del monto promedio que abona la provincia. Pero los cuestionamientos también estuvieron direccionados a los jueces que fallaron en esa línea. “Hay 80 amparos contra la reforma previsional, involucrando más de 200 personas. Solamente tenemos sentencias adversas en dos casos y son exmagistrados, justo del Poder Judicial”, publicó en su cuenta de X. Y agregó: “Es irritante leer sentencias de jueces que defienden sus propios intereses. Hablar de que ‘afecta la independencia judicial’ de un pensionado que ni fue juez. Insólito”.

Las declaraciones cayeron naturalmente mal entre los jueces y funcionarios judiciales de Rosario y la región, que este martes contestaron en redes sociales. “El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe expresa su repudio a las expresiones agraviantes y calumniosas emitidas en una red social por el Secretario de Seguridad Social Dr. Jorge Boasso, y expresamos nuestra solidaridad con los jueces y juezas del fuero laboral de Rosario”, manifiesta el comunicado y agrega que el funcionario provincial “incurre nuevamente en la ilegítima conducta de publicar información privada de quienes accionan judicialmente en defensa de sus derechos”.

En el escrito, difundido por redes sociales, remarcan que no es la primera vez que el organismo debe pronunciarse “frente a exabruptos” de Boasso, a quien le advierten que deberá hacerse cargo de su conducta: “Exhortamos a las autoridades provinciales para que hagan cesar este tipo de agresiones, coacciones y falsas imputaciones, provenientes de funcionarios que mal desempeñan sus cargos y asesorías atacando decididamente la independencia judicial y que exceden y desbordan largamente el derecho de crítica a los actos de los poderes públicos”.

Asimismo, señalaron que los disensos en las decisiones de la Justicia deben ser viabilizados a través de los canales legalmente previstos. “Actitudes como las aquí denunciadas son incompatibles con los mínimos niveles de respeto que resultan necesarios en la relación entre poderes estatales dentro de un sistema republicano de gobierno”, cuestionaron desde el Consejo Directivo Provincial del organismo.

Más fallos

El fallo de la jueza Otegui no fue el primero en hacer lugar al planteo de jubilados o pensionados que se sienten damnificados por la reforma previsional. A principios de noviembre, Silvana Quagliatti, titular del Juzgado de primera instancia en lo Laboral Nº 8 hizo lugar al amparo presentado por 18 jueces jubilados –y cónyuges de magistrados fallecidos– contra la reforma en la normativa previsional. La medida tuvo los mismos efectos: la suspensión del aporte solidario y del tope de haberes impuesto en la nueva ley.

A eso se le suman dos casos más recientes. Por un lado, el del juez laboral de Rosario, Fabián Vega, que aceptó un amparo contra la reforma presentado por seis jubilados de la Administración Provincial de Impuestos (API). Por otro, el caso de Claudio Genera, un pensionado viudo de una jueza, donde la Cámara de Apelación resolvió en su favor, luego de un rechazo en primera instancia.

Un dato que podría generar preocupación en el gobierno es que, hasta el momento, los cuatro amparos aceptados por la justicia resolvieron sobre la cuestión de fondo. Es decir, toman postura sobre la discusión en torno a la aplicación de la ley. En tanto, los casos rechazados por la Justicia –que también fueron varios– estuvieron vinculados a aspectos formales. Es el caso de la cautelar presentada por el gremio Amsafé, que pidió no aplicar la ley a sus afiliados. La jueza laboral Patricia De Petre, de la ciudad de Santa Fe, rechazó la solicitud, sin embargo no se expidió sobre los reclamos que hacían a la inconstitucionalidad de la norma, planteados por el sindicato. 

Desde el Colegio de Magistrados cuestionaron los planteos de Boasso respecto a un posible “conflicto de interés” donde un juez –que eventualmente se jubilará– resuelve sobre aspectos previsionales del sector. Desde el organismo sostienen que hay jurisprudencia y recuerdan que, en abril de este año, la Corte Suprema de la Nación falló sobre el tema prohibiendo a un juez expedirse solo cuando su propia jubilación fuera inminente. Por fuera de esa situación particular, desde el organismo entienden que excusar que un juez defina sobre las jubilaciones generaría “una distorsión significativa” en el servicio de Justicia.

En ese marco, otros sectores de la Justicia advierten que habrá más fallos de primera instancia apuntando contra la constitucionalidad de la normativa. La explicación es que hay “una mala praxis” en la declaración de la emergencia de la reforma previsional y su debida justificación. En concreto, que un desfasaje en el número de la caja de jubilaciones –que puede obligarte a reformular ciertas condiciones en la relación jubilatoria– no se relaciona con la declaración de una emergencia, que está atada a una situación de extrema gravedad.

 

“La declaración de la emergencia no está debidamente explicada ni justificada. Ahí es donde falla el proyecto del Ejecutivo y eso es lo que están advirtiendo estas sentencias”, explican en la Justicia rosarina. “Por otro lado, hay inconsistencias en esa declaración. Vos no podés declarar una emergencia previsional cuando salís a declarar con bombos y platillos que tenés superávit en las cuentas públicas”, añaden por lo bajo. Un nuevo capítulo dentro de la disputa que mantienen sectores del Poder Judicial con el gobierno santafesino.