El pedido de la Empresa Provincial de la Energía de aumentar sus tarifas un 25% activó la reacción adversa de distintos sectores, en contraste con el gobernador Maximiliano Pullaro, que defendió el planteo de la distribuidora y lo consideró como "razonable".

La EPE hizo oficial el pedido de incremento tarifario a partir de enero el viernes pasado en audiencia pública. En promedio, sería un 24,8%, pero desagregados según cada segmento de usuarios, el detalle de lo que aumentaría sería el siguiente: usuarios residenciales, 28,1%; comercios, 28,8%; industria, 25%; instituciones, 25,9%; cooperativas eléctricas, 7,9%; peajes, 52,6%.

De acuerdo con la explicación de los técnicos, el impacto mayor para usuarios residenciales recaerá en quienes consuman más de 300 kW/h al mes, o más de 600 kW/h bimestrales. En estos casos, el tarifazo rondará en promedio unos 15.400 pesos más por mes.

La tarifa social también registraría incremento, en el orden de unos 4.000 pesos.

Los voceros de la empresa, tanto su presidente Hugo Marcucci, como la secretaria de Energía, Verónica Geese, argumentaron que la modificación tarifaria es "imprescindible para actualizar las retribuciones de la empresa y garantizar la sostenibilidad del servicio en 2025".

"Es fundamental que la actualización de tarifas nos permita seguir operando de manera sostenible, realizar las inversiones necesarias y brindar un servicio acorde a las demandas de los santafesinos”, dijo Marcucci.

Se descuenta que el aumento es inexorable, y correrá a partir del 1° de enero, habida cuenta de que la participación ciudadana en la audiencia pública fue escasa.

Solo nueve oradores hubo desde el lado de los usuarios, quienes atribuyeron la deserción a una intencional falta de difusión y convocatoria por parte del Ejecutivo, obligado a organizar estas instancias de participación pública y ciudadana.

Ayer el gobernador Pullaro salió a defender el planteo de la distribuidora eléctrica estatal. "Sabemos que no es agradable aumentar los costos de los servicios, pero es una medida necesaria para mantener la estabilidad de la empresa".

A su vez, cargó las razones del aumento en los incrementos ya aplicados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), a la que EPE le compra la energía que distribuye. "Nosotros no generamos, prestamos y compramos”, distinguió.

Y también se hizo eco del panorama crítico que se avecina este verano a nivel país, ante la falta de inversión sostenida en el sistema eléctrico nacional. "Queremos ser sinceros con la gente: cuando lleguen los picos de consumo, la generación nacional no será suficiente para abastecer al país. Esto podría generar faltantes de energía en Santa Fe", asumió Pullaro.

Enfrente, las reacciones. Antonela Marinelli, de la Unión de Usuarios y Consumidores, atendió las razones de la empresa. "Pero no olviden que la caída de la inflación viene acompañada con recesión. No alcanzará para solventarlo. Hay que tener una mirada social", exigió.

En la industria, María Eugenia Martínez, de Fisfe, planteó como necesario que Santa Fe tenga un ente regulador del servicio eléctrico. "La tarifa para grandes clientes supone un incremento real del 80% en relación al vigente, y del 333% interanual en relación a enero de 2024", dijo al evaluarlo como una pretensión desmedida. 

Ayer se pronunció un espacio denominado "Frente de Pymes Peronistas de Rosario", que integra el Consejo Departamental del Partido Justicialista. Con un documento expresaron su rechazo al aumento y le reprocharon a la gestión Pullaro su sumisión sin concesiones al gobierno de Milei. "Sus diputados votaron a favor de la Ley Bases y nunca se manifestaron en contra del DNU 70/23. Y las pymes venimos sufriendo las consecuencias de este modelo, una brutal recesión, el achicamiento del mercado interno, la apertura de importaciones, y la falta de incentivos a la producción, a lo que hay que sumar este nuevo tarifazo en los costos de energía eléctrica", expresaron.

La concejala Norma López expuso la ausencia de "medidas anticíclicas" del gobierno nacional para "evitar el industricidio", por lo que consideró inoportuno este incremento de costos que supone el anuncio de la EPE. Lo mismo a nivel residencial. "Por más que el aumento nominal sea del 25%, la inflación que enfrentan las familias santafesinas es del 40%. El aumento tarifario ampliará la brecha de desigualdad, porque la clase media, los sectores populares, tienen cada vez más complicado el acceso a los bienes para vivir", remarcó.

Desde el Frente de Izquierda, la docente Carla Deiana polemizó con el parecer del gobernador: "Aumento mínimo es lo que Pullaro le dio a los docentes de Santa Fe; lo de la EPE es un zarpazo al bolsillo popular", cuestionó.