“Por primera vez desde el inicio de la democracia, el Estado Nacional no implementa políticas para la agricultura familiar”, denunciaron los pequeños productores de alimentos en el Congreso. Lo hicieron con un feriazo en la plaza, donde ofrecieron verduras agroecológicas y alimentos de origen cooperativo, mientras en el interior, representantes de comunidades campesinas, de los pueblos originarios, mujeres rurales, pescadores artesanales y trabajadores del campo daban una conferencia de prensa acompañados por diputados de Unión por la Patria. Allí contaron que en el primer año de gobierno de Javier Milei, todos los programas que desde el Estado apoyaban el desarrollo de los pequeños agricultores y productores de alimentos fueron desguazados o directamente eliminados. El Presidente derogó además la ley de emergencia territorial indígena, y su efecto inmediato fue que se dispararan los desalojos.

¿Qué pasó con el sector durante el primer año de gobierno libertario? El cierre del Instituto de Agricultura Familiar, el desfinanciamiento del INTA (el 23 de diciembre será rematado uno de sus edificios), la desarticulación de programas como el Pro Huerta y de políticas que ayudaban al arraigo rural, o de créditos como el Conami. Otras medidas, como el aumento de las tarifas eléctricas, el aumento de los alquileres y la apertura de las importaciones (se está trayendo cebolla y tomate de afuera) ponen en jaque a los productores.

La actividad se realizó en la Sala 4 del Anexo. Estuvieron allí los diputados Luis Basterra -exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca-, el presidente del bloque de diputados de UxP, Germán Martínez y otros legisladores del peronismo. Participaron además dos hombres de Axel Kicillof, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, y Ezequiel Wainer, director provincial de Agricultura Familiar. Miguel Gómez, exdirector del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y de la Pesca Artesanal (Inafci), coordinó el uso de la palabra.

Las organizaciones hablaron sobre el panorama que están atravesando. La principal es histórica: la dificultad para acceder a la propiedad de la tierra fue planteada por todos. Los quinteros del cinturón verde de La Plata, por ejemplo, están bajo la presión de los desarrollos inmobiliarios. Los desalojos de comunidades de los pueblos originarios y pequeños productores aumentaron, con un carácter violento que incluye la quema de sus viviendas. Luciano Alvarez, del Movimiento Popular Los Pibes, señaló que en estas últimas semanas hubo casos de desalojos en Tucumán, en la ciudad de Concordia, Entre Ríos y en Puerto Iguazú, Misiones.

Miriam Bruno, del Frente Agrario Octubres, apuntó que “lo más importante sigue siendo tener la tierra” y recordó que la Ley de Agricultura Familiar, que está vigente, ordena la creación de un banco de tierras así como de un centro de producción de semillas nativas. (Bruno contó también que, en contraste con el gobierno nacional, en algunas provincias, como la de Buenos Aires, La Rioja y Misiones, las gobernaciones sí están impulsando políticas para el sector, y otros oradores agregaron que también esto sucede a nivel municipal). Esperanza Pereyra, del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Jujuy, agregó que los desalojos “son muy violentos, y las familias de los pequeños productores están siendo hostigadas, no les permiten seguir trabajando”.

Fabio Ababile, del Frente Agrario Evita, planteó que no habrá un desarrollo equitativo y con justicia social si el país no logra una nueva ruralidad.

Sandra Silva (referente mapuche de San Rafael, Mendoza), planteó que es necesario no sólo el freno a los desalojos, sino una ley que ordene la restitución de los territorios a las comunidades de los pueblos originarios, “porque la mayoría ya ha sido expulsada de sus tierras y está viviendo en las ciudades”.

El día para hacer esta denuncia pública no fue elegido al azar: este martes se cumplieron 10 años de la sanción de la Ley de Reparación Histórica para la Agricultura Familiar, una norma que puso sobre la mesa la importancia de que el Estado apoye al sector, pero que mostró también las limitaciones de la política. Porque la ley se sancionó en 2014 -durante la presidencia de Cristina Kirchner- pero fue reglamentada recién a mediados de 2023, cuando el gobierno de Alberto Fernández iba de salida de la Casa Rosada, siete meses antes de que Milei asumiera la presidencia.

Entre las organizaciones que estuvieron en la conferencia, varias cuestionaron que se haya perdido una oportunidad histórica. Los diputados del peronismo no lo negaron, pero pidieron valorar lo que sí se pudo construir y plantearon la cruda realidad: hoy hay un gobierno al que el tema no le importa; incluso, le molesta.

“Sé que muchas cosas no se pudieron hacer del todo bien, pero hoy estamos ante un proyecto político que piensa absolutamente distinto de lo que nosotros pensamos. No estamos frente a algo normal, y si no lo entendemos no vamos a poder ponerle límites”, dijo Germán Martínez.

El ministro de Desarrollo Agrario Bonaerense indicó que la gestión de Milei está atacando a la agricultura familiar. “La caída del poder adquisitivo es un primer golpe, porque nadie consume si no tiene con qué; sobre los productores cayeron además los tarifazos en la electricidad, un insumo clave para el riesgo, más la reducción o quita de los programas de apoyo… y todo esto se da en el contexto de políticas que alientan la concentración económica, el extractivismo, la desindustrialización y la exclusión social”.

Luis Basterra habló de la necesidad de rearmarse para poder avanzar en lo que faltó hacer. “No sólo nosotros, sino otros actores tienen que entender la importancia de la agricultura familiar y sumarse. Nosotros no alcanzamos, esa es la verdad. Todo lo que mostramos sobre la agricultura familiar, que es una lógica irrefutable, es despreciado por quien nos gobierna. Este gobierno aspira solamente a la producción en escala, a la que solo le importa la reproducción del capital. Es importante, por eso, apoyarse en los espacios donde tenemos gobierno y mantenernos en una posición constructiva. Nuestro horizonte es seguir existiendo, conscientes de que les molestamos. Si fuera por ellos, preferirían borrarnos”.