presupuesto refleja el crecimiento del PBI del 3,3% Sin presupuesto nacional, el gobierno de Salta elaboró un presupuesto general de 3,18 billones par el ejercicio 2025. La mayor parte se prevé gastar en educación, salud y seguridad, en orden decreciente, aunque también se prevén gastos en obras públicas. 

La novedad es que creció el porcentaje de fondos de origen provincial. En medio de la quita de fondos de parte de la gestión libertaria, el gobierno salteño presentó como positivo el aumento de fondos propios. 

Como no hay presupuesto nacional, la previsión de ingresos y gastos para 2025 en la provincia se hizo sobre la base de las "pautas macrofiscales" que informó la Nación. El gobierno de Javier Milei prevé que el año que viene la inflación será del 18,5%, que la economía va a crecer un 5% y el dólar costará en promedio de $1.207.

La diputada oranense Patricia Hucena (del bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción), fue la encargada de presentar el proyecto enviado por el Ejecutivo. 

Destacó que el 43% del presupuesto general es para educación; el 25,7%, para salud y el 18,5, para seguridad. Estos conceptos se llevan el 87,20% del presupuesto. 

Hucena destacó que pese a que Salta representa el 1,7% del producto bruto de la Argentina y tiene el 3% de la población, tiene una ubicación geográfica estratégica, lo que le da oportunidades. Sin embargo, “una de las mayores limitantes que tiene Salta es justamente la coparticipación nacional” que es desigual, cuestionó.

Agregó que la provincia se encuentra en el puesto número 17 en la distribución de la coparticipación per cápita. Encima, "hubo una caída de la recaudación", de “65 mil millones”. Además, la Nación no envió los fondos comprometidos en concepto de consenso fiscal, la Ley de Bosques, Enhosa, el dique Limón, Aportes del Tesoro Nacional y las transferencias no automáticas. Por estos conceptos no ingresaron a la provincia más de 244.800 mil millones que debía enviar el gobierno nacional. 

Por otro lado, en cuanto a los gastos, recordó que el stock de la deuda pública provincial es de 327 mil millones, que se redujo 191 millones de dólares, pero en 2025 la provincia 219 mil millones en concepto de intereses de la deuda. 

En cuanto al origen de recursos impositivos, Hucena dijo que la incidencia del Estado nacional en los ingresos totales de la provincia disminuirá del 73% al 68%. Esto quiere decir que "vamos a tener más autonomía provincial que dependencia nacional". Los recursos de origen provincial ascienden al 32%, “es un dato positivo para la provincia”, aseguró.

En cuanto a los recursos para los municipios por coparticipación nacional y provincial, detalló que del total que recibe la provincia, de 2 billones 82 mil millones, el 13,71% se enviará a los municipios, y por el fondo de convergencia y el fondo compensador municipal, se enviará el 1,29%. Estos porcentajes representan el 15% que prevé la ley, dijo.

Para la obra pública se destinan más de 271 mil millones de pesos, "casi 3 veces más que el periodo de 2024", el 12,1% del presupuesto 2025. Hucena dijo que esperan que el gobierno nacional aporte fondos para este fin con los que la inversión en obra pública llegaría a 623 mil millones.

En este punto reiteró los cuestionamientos a “la desigualdad estructural" en la distribución de los recursos nacionales. “No pedimos más de lo que nos corresponde. Es un país realmente federal” pero “a las provincias no llega esta realidad. El presupuesto debe tener ese federalismo activo”, afirmó. 

Observaciones 

En general los legisladores del norte salteño que hablaron hicieron observaciones a la falta de obras para mejorar la situación de esta zona, “un plan de desarrollo productivo para todo el departamento”, en palabras del diputado Santiago Vargas (Unión Salteña – UCR). Mirtha Miller (Evita Conducción) fue más crítica: “No sé con qué cara ver a los vecinos del departamento San Martín aprobando este presupuesto” que no prevé obras de infraestructura para el norte", “Este presupuesto no refleja la necesidad del departamento San Martín”, afirmó antes de anunciar su voto negativo. 

Los bloques Ahora Patria y PRO emitieron dictámenes en minoría, en rechazo al presupuesto. “Yo no puedo aprobar este presupuesto” por muchos motivos, pero particularmente porque se presupuesta para la construcción de viviendas 138 millones de pesos mientras para ambas cámaras legislativas se prevé un total de 57 mil millones, aseguró la libertaria Griselda Galleguillos. 

José Gauffin (PRO) cuestionó la falta de federalismo en la distribución de los recursos, destacó que así como a nivel nacional, de cada 8 pesos que se recaudan solo 2 pesos van a las provincias, en la provincia de cada 10 pesos que recauda menos de uno va a los municipios. "Sacamos un dictamen en minoría porque no estamos dispuestos a delegarles facultades en formulación de políticas públicas al gobernador de la provincia”, sostuvo.  

“Once artículos de este presupuesto delegan facultades al Poder Ejecutivo” y autorizan a desviar recursos. “Estos superpoderes” se le suman las delegaciones que realiza el gobernador en funcionarios, como al ministro de Economía, que está autorizado a gestionar transferencias de recursos. “No vamos a avalar este atropello del Ejecutivo”, agregó su compañera de bloque, Sofía Sierra.

Emergencia económica y cuentas aprobadas 

Por otro lado, Diputados aprobó ayer las prórrogas por un año de las leyes 7125 y 6583. La primera es de adhesión a la ley nacional de emergencia económica, sancionada en octubre de 2001, y la segunda declara la emergencia económica de la provincia, que viene prorrogándose desde 1990.

“Las condiciones de crisis económica no cambiaron, al contrario, se fueron agudizando”, argumentó Patricia Hucena, que en la sesión de ayer encabezó las intervenciones. Recordó que esta prórroga implica la suspensión de plazos procesales en juicios contra el estado, la cobertura de vacantes por estricta necesidad, la centralización de las decisiones, un tope en las remuneraciones, entre otras medidas.

José Gauffín se opuso, señaló, entre otras consideraciones, que mediante la 7125 se está adhiriendo a una ley nacional que ya no existe. 

Sofía Sierra contó las sucesivas prórrogas: 23 para la 7125 y 34 para la 6583. “Me da vergüenza”. “La emergencia económica pasó a ser como un modo de ser de nuestro sistema institucional”, criticó. 

"Aprobar esto es un fracaso político”, afirmó Roque Cornejo. “Es una herramienta más par no cumplir con las obligaciones de la provincia”, aseguró. 

Luis Albeza (JGSC) afirmó que estas prórrogas no pueden tratarse fuera del contexto nacional, con la inflación, la caída del nivel de ingreso, la caída del consumo, la caída de las transferencias a las provincias de parte de la Nación, y el aumento de la pobreza y la indigencia. 

La Cámara Baja también le dio media sanción a las Cuentas Generales de los Ejercicios 2020, 2021 y 2022. Los tres proyectos aprobados ayer pasaron al Senado para su tratamiento definitivo.