En enero de 2023, un productor mendocino de tomate redondo debía vender 4,07 kilos para comprar un kilo de pan; un año después debió vender 11,29 kilos para garantizar igual consumo. Para comprar un litro de gasoil, el mismo productor necesitó vender 2,08 kilos de tomate en 2023, pero durante el primer mes de 2024, 5,54 kilos. En ambos casos, debió producir y vender tres veces más.

Estos datos son del Instituto de Desarrollo Rural de Mendoza (institución recientemente eliminada por el gobierno provincial). El análisis fue previo a la eliminación de subsidios a las tarifas, que se incrementaron más de 600%. En el mismo periodo, los precios a los consumidores aumentaron por encima de la inflación. En la cadena de valor “desregulada”, los productores pierden rentabilidad y los consumidores pierden capacidad de compra.

El escenario agroalimentario global aparece dominado por corporaciones transnacionales que, mediante un paquete tecnológico de uso intensivo de agrotóxicos y semillas híbridas, logran día a día apropiarse de más renta. Estas corporaciones están cada vez más concentradas, lo que les da un enorme poder. Bayer, Corteva, Syngenta y BASF controlan la mitad del mercado de semillas y el 75% del mercado mundial de agroquímicos.

Qué culpa tiene el tomate

Si bien Argentina tiene condiciones para autoabastecerse de tomate y sus derivados, los vaivenes en las políticas agropecuarias provocan que la diferencia entre los productos derivados del tomate importados y los exportados sea deficitaria en 20 a 30 millones de dólares según el año. La balanza comercial también es negativa en torno a la importación de semillas de tomate por 25 millones de dólares anuales.

En cuanto a la balanza comercial de agrotóxicos (fertilizantes y fitosanitarios) de todo el complejo agrícola, el país tiene un déficit de 3.000 millones de dólares anuales. Es difícil estimar el porcentaje correspondiente al tomate, pero se puede asegurar que suma al déficit general de la cadena, cada vez más subordinada.

Además, por el carácter perecedero del tomate y la falta de acceso al financiamiento, los productores no tienen poder de negociación con la industria, que fija precios que no tienen relación con los costos y riesgos, especulando cada temporada. En 2023, Unilever decidió no elaborar con materia prima argentina porque le convenía más importarla de Italia.

En Italia, desde donde argentina importa pasta y concentrado de tomate, el gobierno destinó, como parte de la Política Agrícola Común (PAC), aproximadamente 10,45 millones de euros en ayudas directas como la promoción de prácticas sostenibles, regulación de mercados, subsidios a la competitividad, a las exportaciones y para la adaptación al cambio climático. Además, el estado italiano destina otro presupuesto para la agricultura familiar, con el que desarrolla políticas de apoyo financiero directo, desarrollo rural, promoción de la cohesión territorial, fomento de prácticas agroecológicas y garantía de ingresos básicos para los agricultores.

En nuestro país, Mendoza es la principal provincia productora de tomates para industria. Allí han desaparecido más de 10 mil agricultores familiares en los últimos veinte años; en lo que va de 2024 el gobierno provincial ha desmantelado los restos de instituciones y programas de política agraria que quedaban en pie. Además del cierre del Instituto de Desarrollo Rural, también se eliminó el programa de lucha antigranizo (dejando a los productores a merced del cambio climático) y fueron interrumpidos otros programas nacionales de financiamiento y apoyo a los productores.

A contramano de los que acontece en el mundo, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, en sintonía con el gobierno nacional, desmantela toda política de desarrollo rural y protección del sector agroalimentario nacional.

En este escenario de fragilidad del sector productivo, el arraigo de miles de familias de agricultores familiares y campesinos pende de un hilo que puede cortarse definitivamente con el acuerdo de libre comercio Mercosur-UE y con las políticas de apertura económica indiscriminada que promueve el gobierno de Javier Milei.

Cuestión agraria

Es necesario volver a debatir la cuestión agraria en clave de desarrollo rural y de cara a la población urbana para establecer un nuevo consenso en torno a un programa nacional hacia la Soberanía Alimentaria, de base agroecológica, que garantice el derecho a la alimentación del pueblo, así como el arraigo, el cuidado del ambiente y los derechos de los campesinos, agricultores y trabajadores de la tierra.

Eso implica reorganizar el Estado y su papel en torno al contexto geopolítico, la proyección de la crisis climática y las necesidades del sector, articulando con las cooperativas y organizaciones campesinas y de productores y promoviendo la integración y complementariedad regional en el Mercosur. Un camino opuesto al neoliberalismo descarnado y desorientado que propone el gobierno nacional y acompañan sus aliados oportunistas en las provincias.

* Referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra y de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA).