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A dos meses de que se cumpla el mandato de la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Congreso Nacional todavía no convocó a la conformación de la Comisión Bicameral necesaria para cubrir esta vacante. La respuesta formal de la presidencia del Senado ante insistentes notas de organizaciones nacionales e internacionales es el silencio. “Estamos ante un incumplimiento de una acción administrativa del Senado y va a haber un momento inevitablemente de acefalía”, dijo la actual defensora Marisa Graham. “Que la Defensoría quede vacante no solo afecta directamente a las infancias y adolescencias sino que también debilita nuestra democracia al privarla de un pilar esencial para la defensa de los derechos de las infancias y adolescencias de nuestro país”, denunciaron desde el colectivo Infancia en Deuda.
Organizaciones sociales y las organizaciones que forman parte del colectivo Infancia en Deuda presentaron de manera presencial notas dirigidas a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel; al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los Jefes de bloque de ambas cámaras del Congreso en las que les reiteraron la preocupación transmitida el 23 de septiembre de 2024 por la falta de convocatoria a concurso para la designación de persona titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el periodo 2025-2030 como consecuencia de la falta de conformación de la Comisión Bicameral.
Bajo la Ley Nacional 26.061 sancionada en 2006 se creó un sistema de protección integral de derechos y se decidió legalmente que la Defensoría Nacional tiene un rol preponderante como única institución federal especializada y autónoma con amplia capacidad de control de los poderes públicos.
El mandato de la actual Defensora vence el 28 de febrero de 2025. Las sesiones ordinarias ya terminaron y no habrá extraordinarias, por lo que la acefalía es una crónica anunciada.
En los últimos meses, después de muchos intentos y notas dirigidas a las presidencias de la Cámara de Diputados y de Senadores, se logró una reunión con el presidente de Diputados, quien contestó designando a cinco diputadas para formar parte de la Comisión Bicameral. Sin embargo el Senado nunca respondió.
Al parecer Victoria Villarruel se opone a la reelección de Marisa Graham por su posición a favor del aborto y, al no contar con una candidata o candidato de consenso con otras fuerzas, tiene la decisión tomada de no convocar a la bicameral para evitar un nuevo revés y que la presidencia quede en manos de otro partido que no sea La Libertad Avanza.
Además, el tema no es prioridad del gobierno, como no lo han sido las políticas de infancia.
Según Unicef Argentina, en 2024, 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes crecen en la pobreza y 3 de cada 10 en la pobreza extrema, es decir, no acceden a una alimentación mínima. Según datos del INDEC, en el primer semestre del 2024, la pobreza y la indigencia infantil creció respecto del año anterior. “La realidad es que 7 de cada 10 chicos viven en hogares que no alcanzan a cubrir una Canasta Básica Total (CBT), lo que significa que no se cubren sus necesidades básicas. La pobreza infantil no se reduce nada más a cubrir necesidades básicas, representa una ausencia de oportunidades y de perspectivas hacia un futuro mejor: significa no contar con una vivienda digna, una educación de calidad y el acceso a una atención de salud de calidad. En este presente tan injusto, el gobierno implementó un fuerte ajuste en las políticas públicas destinadas a la niñez y, según nuestros análisis, planea profundizarlo el próximo año de acuerdo con el proyecto de presupuesto presentado para 2025. En detalle, este año y el que viene podemos observar recortes en los presupuestos de programas clave, como el Plan de Apoyo a la Primera Infancia y Fortalecimiento Familiar, Prevención y Tratamiento de Patologías Específicas, Educación Sexual Integral, Conectar Igualdad, entre otros, que agravan aún más el panorama”, dijo a Página/12 Lucía Buratovich, Directora de Programas en Aldeas Infantiles SOS Argentina e integrante de Infancia en Deuda.
En el mismo sentido, Graham dijo que “siempre lo decimos, al gobierno anterior y a este, que además de las políticas destinadas a niñas, niños y adolescentes, las políticas económicas y de ajuste no son neutrales en la vida de los niños, lo dice el Comité de los derechos del niño”.
Por otro lado, preocupa a las organizaciones de infancia y también a la defensora actual que el Congreso se arrogue la posibilidad de intervenir el organismo como hizo con la Defensoría del Público. Ante este organismo, recordó a este diario Francisco Rodríguez, abogado ACIJ, integrante de Infancia en deuda, “las presidencias de Diputados y Senadores se arrogaron la potestad de nombrar una interventora”. “Es un temor para nosotros que puedan tener esta intención. Nos opondríamos fervientemente e incluso iniciaríamos acciones legales porque es muy clara la ley 26061 y en este caso no habilita interventores nombrados por las presidencias de las Cámaras”, agregó.
Según Graham: “A Facundo Hernández (defensor adjunto) y a mí nos preocupan las acciones en las que somos actores, impulsamos acciones, incluso frente a la Corte interamericana, ¿qué va a pasar si hay acefalía? No queremos que pase lo que pasó con la Defensoría del Pueblo de Nación que quedó acéfala. Se pierde la esencia de la defensoría si no podés iniciar acciones específicas. Y otro riesgo es lo que le pasó a la Defensoría del Público. La nuestra es una ley muy específica con una legitimación muy amplia, podemos intervenir en cualquier juicio, instancia, jurisdicción y vamos a tratar de evitar que sucedan esas dos cosas”.
Después de 14 años de mora del Congreso Nacional, la Defensoría de los derechos de niñas, niños y adolescentes logró ponerse en marcha para el período marzo 2020 - febrero 2025. La Comisión Bicameral Permanente Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes llevó adelante un proceso de concurso y oposición de antecedentes para la selección de autoridades, conforme los artículos 49 y 50 de la Ley 26.061.
Según explicaron desde Infancia en Deuda, este paso marcó un hito en la institucionalidad, la transparencia y la utilización de mecanismos que buscan asegurar la idoneidad y la autonomía del funcionariado público.
“No contar con la Defensoría implica perder una institución clave para proteger y monitorear los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta entidad no solo supervisa su situación, sino que también tiene la facultad de impulsar acciones legales para garantizar que los organismos del Estado actúen en su favor”, dijo Buratovich.
“Hay que entender que el sistema argentino, el Congreso, decidió que los poderes públicos tuvieran un organismo de control en temas de niñas, niños y adolescentes. En general los estados no tienen intenciones de impulsarlos. La ley argentina obliga a tener un organismo de control especializado. Esa institución existió en los últimos cinco años y existe y tuvo muchas intervenciones para defender los derechos de niñas, niños y adolescentes, así que es muy relevante que esta institución pueda continuar y que no dejen vacío al cargo para no ser controlados”, finalizó Rodríguez.
