La abogada (UBA) y magíster en Criminología Claudia Cesaroni criticó la resolución 1346 publicada en el Boletín oficial que dispone que los presos deberán hacerse cargo de las tareas de mantenimiento de los espacios comunes por un plazo de hasta cinco horas diarias. "Es una maniobra para conseguir apoyo popular", aseguró Cesaroni, en diálogo con la 750.
Además, advirtió que la limpieza de lugares comunes ya está contemplada por la ley 24.660 de Ejecución penal y que la normativa habla de "trabajo obligatorio no remunerado", lo que es "inconstitucional": "Es trabajo esclavo", esclareció Cesaroni.
Según la abogada, la legislación de Ejecución Penal advierte que el trabajo en las cárceles no se puede impartir como castigo, no puede ser aflictivo y deberá ser remunerado. Asimismo, establece que si alguien se niega no se lo puede obligar, en todo caso esto redundará en malas calificaciones en su tratamiento penitenciario.
"La mayor parte del mantenimiento de la persona privada de su libertad lo realizan las familias, y algunos pocos trabajan formalmente. Trabajan, por ejemplo, 200 horas mensuales, cobran como máximo un salario mínimo, vital y móvil, están registrados, aportan a su historia previsional y le mandan el dinero a su familia, arman un fondo de reserva para cuando salgan, o algunos simplemente compran en la cantina que hay en las unidades algunos alimentos, papel higiénico, dentífrico. Todo eso no se lo provee la cárcel", detalló Cesaroni en Escuchá Página|12.
"Lo que va a pasar es que los van a obligar y lo van a usar como suele hacer el servicio las cosas: arbitrariamente. Van a utilizar esto como un modo de disciplinar al que quieren joder, al que le tienen bronca o al que reclama, y los van a sacar a baldear los patios o a cepillar los baños de los jefes", agregó.
Por último, Cesaroni señaló que se trata de una medida "de pura provocación" y que responde a los lineamientos que despliega en El Salvador Nayib Bukele. "No es casual con que el Servicio Penitenciario Federal haya vuelto a depender del Ministerio de Seguridad, porque durante 40 años, del '83 hasta la asunción de Milei, dependía del Ministerio de Justicia. El Gobierno de Milei lo hace volver a Seguridad, como en la dictadura", concluyó.
