Bajo la consigna de la modernización del servicio vehicular, el Gobierno avanzó en la desregulación del sistema privado de transporte automotor de pasajeros de media y larga distancia a partir de la reglamentación de una nueva normativa el pasado martes. En ella no queda claro qué controles deberán cumplir quienes presten este servicio, más allá de contar con un seguro y la VTV al día. La normativa tampoco establece quiénes realizarán los controles de esos requisitos, cada cuánto serán monitoreados en el sector ni las penalidades oportunas. Especialistas advierten sobre el riesgo de una baja capacitación de los choferes a cargo del traslado, peligros de accidentes y comportamientos abusivos del mercado.
Según el Gobierno con la Resolución 57/2024 se elimina una “burocracia excesiva” y se “moderniza un régimen con más de 30 años de antigüedad”, pero ese eufemismo solo refiere a regulaciones más laxas que no necesariamente animan el espíritu de la competencia. Directamente la normativa carece de un título con las multas o sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones. Estas son declaradas con la inscripción del transportista en el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros, tipo declaración jurada pero no se habla de supervisión de las mismas por autoridad competente mientras dure la prestación del servicio.
“La Resolución 57/24 de hoy, con firma del Secretario de Transporte, establece el procedimiento para que cualquier interesado en proveer el servicio pueda hacerlo, dando sentido práctico a la desregulación que habíamos establecido con el Decreto 883/24. Simplemente informan a través de un trámite remoto vehículos, choferes y los recorridos que planifican hacer. Pueden cambiar esta información cuando quieran y las veces que quieran. ¡Y listo! ¡A rodar”, expresó Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado al difundir la medida en su cuenta en la red X.
“A partir de esta reglamentación se podrán establecer libremente recorridos, itinerarios, horarios, precios, modalidades y duración de los servicios, logrando una mayor oferta y competencia de precios, con beneficios tanto para el pasajero como para empresas y transportistas”, aclara el Gobierno en su página oficial. Pero tanta libertad abruma: “Mañana quitamos los semáforos en la Ciudad de Buenos Aires, y puede ser una medida atractiva para algunos hasta que se produce el primer accidente”, sostiene Diego Giuliano, ex ministro de Transporte con la gestión de Sergio Massa en diálogo con Página 12, y pone el acento en la falta de garantías que implica esta nueva modalidad del servicio.
“Con el marco normativo anterior se buscaba la profesionalización de la actividad, la cobertura en rutas federales no competitivas, y una seguridad vial que estaba garantizada por las cauciones y seguro de las empresas transportistas. Todo esto se ve desmantelado”, continúa Giuliano.
El tema de la cobertura de rutas es clave en un país grande y federal como Argentina. “Cuando el ministerio de Transporte otorga rutas federales a las líneas de transporte, algunas son totalmente competitivas, y con esas se compensa la necesidad de cubrir otras rutas que no tiene la misma competitividad (ya sea por la temporalidad de la demanda o por tratarse de distancias muy remotas) pero que las empresas están obligadas a cubrir. Esto dejará de exigirse, entonces ya nadie llegará en invierno a la costa”, aclara. El ministerio de Transporte dejará de regular el diseño de rutas, se otorga “libertad absoluta para operar, elegir vehículos, horarios y recorridos”.
Por otro lado, Giuliano advierte que el resultado económico de esta medida es claro: “Tiende a la concentración. Porque ya existen empresas en el sector con tramos y rutas definidos, personal capacitado y flota disponible, pero estas bajarán muy fuerte la tarifa hasta que la pequeña pyme no pueda competir. Esto se dio en el mundo entero, es un impacto indirecto”. La competencia de mercado nunca es tan sencilla, y el Gobierno peca de cierta ingenuidad al creer que desregular abre más oportunidades: no pasó por ejemplo con la desregulación del servicio de las prepagas a pocos meses de asumir, los funcionarios luego acusaron a las empresas del sector de colusión, es decir de acordar precios (no competitivos) y tener un mercado cautivo.
También la capacitación y profesionalización de quienes manejan un vehículo de transporte de pasajeros es una preocupación. “Con este criterio: ¿Cualquiera que tenga un estetoscopio puede ser médico?”, planteó Giuliano en su cuenta en la red X. Por su parte, la CGT sostuvo también que esta medida autoriza “la circulación de vehículos sin controles ni seguros, conducidos por choferes sin capacitación, poniendo en alto riesgo de vida y seguridad a las y los potenciales usuarios” y volvió a poner el tema de la seguridad en el centro de la mesa. Esta medida busca "degradar los derechos, no solo de las trabajadoras y trabajadores, sino también de las y los usuarios del sistema", sostuvo la central gremial en un comunicado.
Lo que se busca es "profundizar el modelo de empleo precarizado, sin derechos laborales, bajo la consigna del emprendedurismo y sin responsabilidad social ni empresarial", afirmó la CGT. El modelo precarizado que tienen en mente es el de las apps para transporte de pasajeros como Uber, Cabify o Didi que crecieron fuerte en los últimos años. Con las apps el trabajador no tiene ningún derecho, simplemente trabaja con una lógica de ser “empresario de sí mismo”, es decir, emprendedor. En materia de seguridad sólo le exigen una VTV al día y un seguro, que no tiene que se específico para transporte de pasajeros. ¿Pero la VTV al día quién la controla? Muchos vehículos circulan día a día sin los papeles en regla. En el caso del servicio de pasajeros es más grave la ausencia de control por la cantidad de kilómetros recorridos –aproximadamente 70.000 en el caso de un taxi contra 20.000 en uno particular- por eso la VTV se revisa cada seis meses en el caso de taxi.
¿Quién controlará las VTV de los nuevos servicios de transporte de pasajeros de media y larga distancia? Por otro lado, el seguro que piden las apps de traslado de pasajeros no tiene que ser contra terceros ni contra todo riesgo, puede ser un seguro particular (con una póliza de unos 30.000 pesos versus el doble que paga el seguro de un taxi). Así, ante cualquier accidente automovilístico se deja sin cobertura al pasajero que utiliza una app, mientras que el servicio reglamentado supone una cobertura total para quienes circulen en un vehículo sin relación de parentesco. De momento la nueva normativa para media y larga distancia exige seguro para transporte de pasajeros pero se podría avanzar en este sentido más adelante.
El eufemismo de la modernización esconde más de lo que revela. El gobierno de Mauricio Macri tuvo un ministerio de Modernización, pero Javier Milei prefirió saltearse la metáfora y puso al ex macrista Federico Sturzenegger al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Menem tuvo el camino más allanado, directamente privatizó diciendo que iba a “modernizar” y las prestaciones no solo no mejoraron, sino que volvieron al público cautivo de una oferta de malos servicios. Las jubilaciones con las AFJP fueron un ejemplo claro, pero también las telecomunicaciones o el financiamiento privado de la salud.
